En marcha por pensiones dignas

Las Pensiones no son un problema, son una necesidad que hay que garantizar
Del 30 de Setiembre al 9 de octubre se realizará una marcha por Pensiones Dignas que recorrerán muchas de las provincias de nuestro país y que finalizará el día 9 de octubre en Madrid. En Andalucía la marcha saldrá el 30 de Septiembre desde Málaga, llegando a Córdoba el día 1 de octubre. La plaza de Andalucía será el lugar de llegada y recibimiento.

Antonio Amil

Publicado en Octubre 2017 en el Número 7 de la edición impresa

Foto de cabecera: Marcha en defensa de las pensiones públicas. Foto: @nurialomar


Antecedentes

La decisión política tomada en el 2013 por el Gobierno del PP rompió el marco de acuerdo adoptado desde 1995, tras el Pacto de Toledo. Una decisión política que ignora la cohesión social y el bienestar de las personas, poniendo en serio riesgo la existencia de pensiones con un nivel suficiente.

Movilización de la Plataforma Ciudadana por la defensa del sistema público de pensiones

No se puede decir ahora a unos trabajadores y trabajadoras que han estado cotizando y generando superávit en las cuentas de la Seguridad Social que no hay dinero para todos. No se puede decir a una generación de trabajadores y trabajadoras que aporten, pero que no recibirán pensiones comparables a las que contribuyen a financiar, viendo cómo su pensión, construida con su contribución a lo largo de los años, pierde esa relación al no revalorizarse de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo.

El mercado de trabajo puede y debe aportar más recursos procedentes de cotizaciones, mejorando el empleo, los salarios, la aportación de los salarios más altos y la cotización por sus ingresos reales de los colectivos en los que aún no se produce (mejorando también sus prestaciones); los Presupuestos Generales del Estado deben incrementar también sus aportaciones ya en los próximos años y durante el periodo de tiempo necesario.

Es una decisión política que afecta al mercado de trabajo y a la política fiscal, al igual que lo ha sido financiar en el pasado otras necesidades básicas con cotizaciones o destinar el superávit que tenía la Seguridad Social a subvencionar a empresas mediante rebajas indiscriminadas en cotizaciones y tarifas planas, sin impacto positivo en el empleo.

Nuestros mayores deben tener asegurada la pensión y cumplirse con ello el pacto intergeneracional que sustenta un sistema de pensiones como el nuestro, que constituye un verdadero contrato social al que han estado contribuyendo con su trabajo y sus cotizaciones.

Es necesario y urgente crear empleo de mejor calidad, que produzca mayores cotizaciones. Esta situación se ha visto agravada por las reformas laborales aprobadas en los últimos años, que desequilibran la capacidad de negociación colectiva en beneficio de las empresas y condenan a cada vez más trabajadores y trabajadoras a unas condiciones de pobreza.

Nuestros jóvenes no son responsables de que se les explote o se les ignore. Las consecuencias de la reforma de 2013 “no sólo afecta a los pensionistas actuales, sino que tiene que ver con el sistema de pensiones en su conjunto porque el factor de sostenibilidad hará que las pensiones actuales que suponen el 80% del salario se sitúen en el 50% para los nuevos pensionistas”, en los próximos años, una pérdida alrededor del 30%.

Tampoco es una opción trasladar a los trabajadores y trabajadoras individualmente la responsabilidad de dedicar parte de sus ingresos a sistemas privados de pensiones que ni tienen alcance general, ni pueden sustituir al sistema público de pensiones, incrementando la desigualdad. Por todo ello, frente a unas pensiones que no mantienen su poder de compra y que, si no se corrige la reforma de 2013, caerán con fuerza, frente al aumento de las desigualdades y frente al empobrecimiento durante la enfermedad o la vejez: EL SISTEMA PUBLICO DE PENSIONES SÍ ES SOSTENIBLE.

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