“Reivindicamos que las fosas de los cementerios de San Rafael y La Salud, se abran de una vez por todas”

César Pérez Navarro

Publicado en febrero de 2017 en el Número 2 de la edición impresa

Desde que en 1983 se crease la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en Argentina, la idea de una investigación profunda de los graves abusos cometidos en el pasado por dictaduras o supuestas democracias con similares comportamientos se ha generalizado en países que sufrieron genocidios en el pasado.  Las llamadas Comisiones de la Verdad son impulsadas por grupos de la sociedad civil en más de 30 en los últimos 34 años, y tuteladas a menudo por Naciones Unidas. Dichas comisiones son organismos oficiales o civiles de carácter temporal y no judicial, que se establecen para investigar un tipo de violaciones en un período determinado de tiempo, producir un informe final y formular recomendaciones de reformas. Reciben información abundante y detallada de las víctimas, los sobrevivientes y otros testigos, así como sus descendientes, que se recogen en miles de testimonios. Se han establecido en países como Uganda, Chile, El Salvador, Haití, Sudáfrica, Guatemala, etc.

La Plataforma para la Comisión de la Verdad de Córdoba se constituyó a principios de 2016 con el objetivo primordial, según palabras de su portavoz Ana Almagro, de “reivindicar que las fosas de los cementerios de San Rafael y La Salud, se abran de una vez por todas, y las familias puedan reencontrar a sus seres queridos que están allí enterrados”. También ha organizado actos diversos como el documental “Dejadme llorar” junto al periodista Jordi Gordon, y ha realizado demandas directas al ayuntamiento como la retirada de la Cruz de los Caídos cerca de la plaza de la Constitución, en los jardines de Vallellano.

Almagro nos aclara que “la plataforma cordobesa sigue la orientación similar Comisión creada en Madrid por diversos impulsores entre los que destacan el juez Garzón y su hija, que trabajan por una Comisión a nivel estatal”. Otros objetivos que “se aprobaron en un pleno del ayuntamiento del 15 de marzo de 2016” van encaminados a que se cumpla la retirada de todos los símbolos y monumentos franquistas que aún queden en la ciudad, en cumplimiento de la vigente Ley de Memoria Histórica. La portavoz nos relata un aspecto poco conocido por la sociedad, y es el de los campos de concentración para republicanos, que también los hubo en Andalucía y en la provincia de Córdoba: “más de 7.000 andaluces pasaron por campos de concentración, incluyendo Mauthausen. La plataforma quiere que se les haga un reconocimiento y se coloque un monolito en homenaje a esos presos andaluces en la Plaza Núremberg”, además del reconocimiento a todas las víctimas del franquismo. “Todo esto fue aprobado por unanimidad”, señala.

En la plataforma hay sindicatos como CC.OO. Y UGT, organizaciones memorialistas como el Foro por la Memoria, el Círculo por la Memoria, AREMEHISA, Germinal y familiares de víctimas del franquismo. “No todos los familiares de las víctimas están organizados, muchas son personas muy mayores, y hay mucho miedo aún” apunta la portavoz, pero “Antonio Deza está creando una asociación de familiares, que son los que tiene capacidad para solicitar la exhumación de los cadáveres, a la vez que hacer presión jurídica”.

Desde el ayuntamiento se está constituyendo una Comisión compuesta por representantes de esas entidades -pero no familiares como tales- y ya se ha reunido. “No hay voluntad política por parte del gobierno central. La Junta de Andalucía tiene aún en fase de aprobación su ley de Memoria Democrática pero la asigna a la Consejería de Cultura, lo que no tiene sentido. No lo está en ninguna Comunidad Autónoma excepto Andalucía, que nosotras sepamos. En el resto de las comunidades está en Gobernación y Justicia”. Ana Almagro no puede contener una mirada de estupefacción ante la decisión por parte de la Junta de que sea competencia de la ex-alcaldesa [Rosa Aguilar] que “ya demostró su interés en este tema como alcaldesa”, y través de Cultura con un presupuesto anual de 200.000 euros para todas las exhumaciones de Andalucía.

En cuanto a la voluntad política por parte del Ayuntamiento de Córdoba, Almagro señala que ya es “casualidad que la Comisión que se llevaba reclamando desde mucho tiempo atrás se ha constituido cuando los Presupuestos [de 2017] ya están definidos […] Suponemos que esa Comisión no va a tener ni un euro de dotación”.

Hay que aclarar que Ganemos Córdoba logró incluir en último momento varias enmiendas a los presupuestos del presente año con partidas determinadas, y entre ellas 20.000 euros para estudios y trabajos iniciales de exhumación de las fosas de las víctimas del franquismo en los cementerios municipales: tareas de indagación y localización; catas arqueológicas y proyectos de intervención. Ganemos Córdoba apuesta por un plan de inversiones para los siguientes años que incorpore la financiación anual a través de la dotación presupuestaria de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía.

Sobre el tema de exhumaciones, la Plataforma denuncia carencias a nivel tanto local como autonómico, así como la “inexistencia de una banco de ADN de familiares” disponible en el momento en que comiencen a encontrarse los restos. Con respecto a pruebas de localización con “georradar, solo hay contempladas en el BOJA en Castro del Río y Monturque, y no han empezado a trabajar”, de lo cual se deduce que desde la Junta no hay intención por aclarar el número de fosas comunes, su profundidad y tamaño, en los cementerios de la capital. “Es una pena ir al cementerio. Nos da mucha pena ir porque no hay nada ni pintado, ni vallado”, se lamenta Almagro, porque ni tan siquiera existe ninguna delimitación de esas fosas comunes.

El presupuesto anual del Ayuntamiento de Córdoba para 2017 asciende a 427,5 millones de euros, unos 32 millones más que en 2016, y de los cuales 45,3 millones irán destinados a “políticas sociales”. Preguntamos a la portavoz si alguna vez le han justificado el inmovilismo por falta de financiación: “a nosotros se nos ha llegado a decir que el Ayuntamiento no tiene capacidad para poder exhumar. Les hemos respondido que eso no es cierto, que sí que tienen capacidad, otra cosa es que necesiten que las familias soliciten la exhumación jurídicamente. Y aunque el coste fuese elevado, eso es lo mínimo que se les debe a los que están ahí enterrados”. Enseguida vuelve a recordarnos algún otro ejemplo a seguir: “en el País Valenciano el gobierno tiene otro tinte, va a destinar cuatro millones de euros a exhumaciones de fosas y recuperación de la Memoria. Hay una diferencia importante, y lo han metido en Gobernación y Justicia”.

Almagro nos refiere a casos de familiares que están denunciando y han denunciado los crímenes de lesa humanidad en el juzgado como no prescritos, “aunque familiares directos cada vez son menos, han transcurrido 80 años. A los familiares de segunda o tercera generación les cuesta más iniciar estos trámites”. También nos recuerda que algunos se han entrevistado con la jueza Servini, que lleva adelante la denominada “querella argentina”.

La función de la plataforma es -antes que nada- la búsqueda de la Verdad Justicia y Reparación en “un país que es el segundo con más desaparecidos del mundo, siendo Camboya el primero. Por lo tanto, esto no se puede quedar solo en las familias, tiene que haber un interés político real”.

Hablamos con los concejales Alba Doblas, de Izquierda Unida, y Alberto de los Ríos, de Ganemos Córdoba.

Redacción

Les preguntamos en qué condiciones creen que el ayuntamiento podría iniciar las labores de exhumaciones de las fosas franquistas de los cementerios municipales y si esto podría ocurrir antes de que concluya la actual legislatura.  Alberto de los Ríos se refiere a la partida de 20.000 euros que su grupo ha introducido en los presupuestos para este año, destinada a “asegurar los estudios técnicos arqueológicos y de cualquier tipo (geolocalización, etc.) que sean necesarios para comenzar con los trabajos de las exhumaciones”. Asimismo, cree que “debe tener financiación que acompañe a la Ley de Memoria Democrática, y que el Estado y la Comunidad Autónoma deben aportar y comprometerse, pero el ayuntamiento debe tener todo listo cuando esto suceda y poder acometer los trabajos que la Comisión de Memoria Histórica recientemente creada en Córdoba, determine […] Este año 2017 deberían empezar los trabajos”.

Alba Doblas apunta que “en lo que queda de legislatura podrían iniciarse las primeras fases del proceso de exhumación”, pero “no la exhumación en sí, que dependería del ritmo y los resultados de estas fases anteriores. En concreto, debería acometerse la elaboración de un dossier histórico completo y definitivo -utilizando lo que ya existe en buena medida- que establezca la historia de las fosas y, sobre todo, el tipo de enterramientos que se produjeron en la posguerra, y hasta cuando se llevaron a cabo. La segunda y tercera fase también podrían sin duda ejecutarse, y consistirían en la realización y custodia de pruebas de ADN a los familiares, muchos de los cuales estarán seguramente fuera de Córdoba, y , en paralelo, la localización y delimitación exacta de las fosas , mediante el uso de georradar y la aplicación de catas selectivas para establecer la existencia de restos y el número de niveles de enterramiento”.

*Tratamos de contactar con Mar Téllez (PSOE) en reiteradas ocasiones y le transmitimos similares cuestiones, pero no obtuvimos respuesta.