Entrevista a Antonio Hurtado Zurera, Diputado por Córdoba, Grupo Socialista

Redacción

Pregunta:- Los Presupuestos Generales del Estado contemplan un 65% menos de inversión para Córdoba que la media nacional. ¿Qué opina de ello, y qué piensa hacer?

El Gobierno de Mariano Rajoy ha presentado los últimos seis presupuestos del Estado colocando a Córdoba en la cola de las provincias españolas en el reparto de las inversiones en infraestructuras, equipamientos e instalaciones. Esto significa un trato de castigo y discriminatorio para Córdoba sin razón alguna, más que la estrictamente política, puesto que nuestra provincia es de las que mayor tasa de paro tienen, con los salarios más bajos y las pensiones más bajas de toda España y con importantes necesidades de infraestructuras productivas que fortalezcan nuestra economía y creen empleo.

Pregunta: – A finales de enero Ciudadanos y Unidos Podemos pidieron la creación de una comisión de investigación sobre el rescate bancario a través de la Mesa del Congreso, pero la iniciativa se abortó por el voto en contra de PSOE y PP. ¿No cree que un rescate de más de 60.000 millones de euros exige una explicación?

Exige más que una explicación una investigación exhaustiva, por eso ya la propusimos en el 2012. En esta legislatura el Congreso ha aprobado por unanimidad la creación de una comisión de investigación que estudie el origen de la crisis financiera desde el año 2000 hasta 2015, la burbuja inmobiliaria y la gestión y control del rescate a las entidades financieras. También se va a investigar “el caso de Bankia” y la actuación del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la salida a Bolsa de la entidad ahora nacionalizada, y la venta de las entidades nacionalizadas Bankia y Banco Mare Nostrum para garantizar que el Estado y el contribuyente obtengan el máximo retorno tras su rescate. También analizará la protección del cliente de productos financieros y el cumplimiento de las garantías de transparencia para los usuarios y consumidores.

Pregunta: – ¿Por qué se abstuvo el PSOE en la propuesta de derogación de la “Ley Montoro” que obliga a la privatización y externalización de servicios públicos de los ayuntamientos?

Nos abstuvimos y compartimos los mismos criterios que los representantes municipales de la Federacion Española de Municipios y Provincias. Lo que planteaba Podemos era una derogación parcial de la ley de racionalización del sector público local. Lo que nosotros requerimos es una derogación integra de esa Ley que ha atentado contra la autonomía municipal y que obliga a los Ayuntamientos a desentenderse de muchas demandas que se les plantean. Somos partidarios de una reforma local que garantice la suficiencia financiera a través de un nuevo modelo de financiación y la autonomía municipal con una clara definición de competencias. Estos fueron los principios fundamentales de los Ayuntamientos democráticos. Por contra, con la ley del PP se quiere volver a los Ayuntamientos del franquismo que eran meras delegaciones del Gobierno Central. Por ello, no hay ni un artículo aprovechable en esa ley y la proposición de Podemos salvaba parte de esta ley.

Pregunta – ¿Qué seguimiento hará su partido de la proposición no de ley que insta al Gobierno a reclamar la propiedad de bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia católica, en lo referente a la Mezquita-Catedral?

La proposición aprobada no es vinculante para el Gobierno pero pone de manifiesto la posición política de la mayoría de los representantes del pueblo. En esta proposición se insta al Gobierno a elaborar un listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia, a la comprobación del título de propiedad aportado a los registradores y a una recuperación de aquellos bienes inmatriculados sin título de propiedad valido.

La Mezquita-Catedral es un bien de dominio público que no puede ser inmatriculado por la Iglesia. El Gobierno, a través de la Dirección General de Registradores y del Notariado debiese haber impedido esta inscripción regístral. Creo que solo hay una solución judicial que debe de partir de una demanda interpuesta por el Estado para que pueda ser anulada la inmatriculación. Esta posibilidad se ve frustrada por un Gobierno que la ha aceptado como válida.

Pregunta: – El pasado mes de marzo, el Congreso rechazó una reivindicación de carácter social de largo recorrido ¿Cómo justifica la abstención de su partido en el debate para despenalizar la eutanasia propuesto por Unidos Podemos? 

Por esa misma razón, por qué es de largo recorrido. La iniciativa la considero precipitada, sin debate sosegado. Los ciudadanos, los juristas, el personal sanitario y otros sectores sociales y profesionales tienen que ser escuchados. 

El PSOE es favorable a que se abra un debate social sobre la regulación de la eutanasia, como así se defiende en nuestro programa electoral. La eutanasia es un debate que afecta a los derechos y libertades de las personas y no es un asunto exclusiva ni principalmente sanitario. Creemos que la prioridad es tramitar y aprobar una Ley de muerte digna que garantice los derechos de los que ven cerca el fin de su vida, y establezca un marco de seguridad jurídica para los profesionales sanitarios. Debemos desarrollar y garantizar el derecho a que el final de la vida se produzca sin dolor y con pleno respeto de la dignidad y los derechos. Soy partidario de la regulación de la eutanasia pero hay que debatir sobre la forma de regularla y no exclusivamente sobre su despenalización.

Pregunta – ¿El Tribunal de Cuentas va a exigir transparencia a la Iglesia católica en el uso de los fondos públicos, ya sea IRPF u otras subvenciones?

El Tribunal de Cuentas se ha negado a incluir en su plan de fiscalización para el 2017 el control de la asignación tributaria del 0,7% por el IRPF. No obstante, los representantes de la Comisión Mixta de relaciones con el Tribunal de Cuentas vamos a requerir que se elabore este informe de fiscalización a instancia de la propia Comisión. Espero que esta encomienda la aprobemos próximamente con el voto en contra del PP.

Pregunta: El Decreto-Ley sobre la retroactividad de las cláusulas suelo deja desprotegidos a los afectados ante el sector bancario. ¿Qué recomendación haría a los afectados? 

Que presenten la reclamación de acogerse a la vía extrajudicial establecida en el Real Decreto Ley para recuperar el dinero pagado indebidamente por la cláusula suelo. Es un procedimiento gratuito que no requiere de gastos algunos, ni abogado. Solo basta rellenar una solicitud que nos facilitan en nuestra sucursal bancaria. Es un procedimiento ágil porque en tres meses deben de hacernos una oferta de devolución donde se tiene que incluir el importe pagado de más por la cláusula suelo y los intereses de demora correspondientes. En Córdoba hay muchos afectados con hipotecas que tienen cláusulas suelo y sería una pena que no recuperaran su dinero por falta de información.

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