La contratación pública cordobesa en manos de Florentino Pérez

La compañía del presidente del Real Madrid desembarcó en Córdoba con la empresa Clece que mantiene la licitación de la ayuda a domicilio y la casa de acogida de Campo Madre de Dios y la empresa Thaler que adquirió la de jardines, lo que ha supuesto un debate de cómo se invierte el dinero público que frenó la aprobación de los presupuestos de 2017 con el rechazo inicial de Ganemos.

Laura Carmona

Publicado en febrero de 2017 en el Número 2 de la edición impresa

Foto: Ana Carbonero

La contratación pública en España supone casi un 18% del Producto Interior Bruto que han copado empresas multinacionales lideradas por ACS, la compañía de Florentino Pérez. Estas empresas han monopolizado las licitaciones públicas de subcontrataciones de las administraciones como limpieza, ayuda a domicilio, jardines e infraestructuras, vigilancia, albergues o comedores sociales.

Los presupuestos de la ciudad de Córdoba se aprobaron finalmente el pasado mes tras la inclusión de puntos claves trasladados por Ganemos. Entre ellos la introducción de las cláusulas sociales, de género y medioambientales en todos los contratos públicos, que se incluya una reserva de contratación para empresas de inserción y empresas de la economía social y solidaria, así como la creación de una comisión de seguimiento que verifique que se incorporan esas cláusulas para favorecer la inclusión de pequeñas empresas y cooperativas y asegurar que se cumplen los contratos.

¿Cómo han aterrizado empresas como Clece en Córdoba? 

La contratación pública en general y en los contratos mayores, de grandes cuantías, como son el de ayuda a domicilio, infraestructuras de jardines o vigilancia están en manos de Clese y Thales. El grupo de Florentino se lleva el presupuesto en licitaciones del Ayuntamiento de Córdoba junto con Vitalia que gestiona la residencia de ancianos del Polígono Guadalquivir.

En las licitaciones públicas sigue primando el precio por encima de otros criterios de vital importancia como su repercusión social, económica local, el respeto al medioambiente… Para pequeñas empresas afrontar la financiación es una labor casi imposible de conseguir, por la solvencia financiera que deben tener para asumir los retrasos en los pagos de las administraciones sumado a las dificultades que tienen para acceder al crédito, mucho más si hablamos de cooperativas y entidades sin ánimo de lucro. Para ello se plantea la necesidad de lotear, dividir los contratos en sectores más pequeños facilitando el acceso de estas entidades de la economía social además de limitar el número de lotes a los que presentarte, para no conseguir todo el marco de licitaciones.

Como analiza Francisco Molina, presidente de FAECTA, Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo, las empresas de la economía social se encuentran en un territorio hostil, la ley está hecha para beneficiar a las multinacionales y la parte de la legislación que pretende favorecerlas, la Administración no la cumple.

“Los beneficios de las grandes empresas no repercuten en nuestra ciudad y aplican políticas puramente extractivas, utilizan a las administraciones para maximizar sus beneficios sin priorizar los servicios ofrecidos o las condiciones de los trabajadores” asegura Molina.

Desde Ganemos señalan la necesidad de una contratación pública con derechos, “es lo que deberían hacer todas las administraciones públicas, supone mucho dinero público que puede ser una herramienta muy potente para fortalecer el tejido social y desarrollar la economía local de su entorno.” señala Mª Ángeles Aguilera, concejala de Ganemos Córdoba. “Los beneficios de las grandes empresas no repercuten en nuestra ciudad y aplican políticas puramente extractivas, utilizan a las administraciones para maximizar sus beneficios sin priorizar los servicios ofrecidos o las condiciones de los trabajadores” asegura Molina. Son entidades que ponen en el centro la generación de beneficios para los propietarios y accionistas, por encima del servicio que deben ofrecer.

“La Administración no está obligada a aceptar el mejor precio, sino la oferta más favorable al interés público.” Sentencia del Tribunal Supremo de 1997 

Desde las diferentes administraciones públicas se ha justificado “la subasta”, el precio como criterio fundamental, alegando la crisis como excusa, continúa Molina. . Las entidades de la economía social no pueden competir dando el precio más bajo, sin embargo sí dando un mejor servicio y revirtiendo sus beneficios en el desarrollo local. Molina resalta “la inserción sociolaboral de personas y/o colectivos más desfavorecidos, las mejoras de la calidad de vida de las personas afectadas por dichos servicios y de las comunidades donde estos se implementan, el incremento de la calidad del aire, el suelo, el agua, la igualdad entre hombres y mujeres, etc.” para ello se requiere hacer asequibles los requisitos de solvencia, lotear y limitar el número de contratos, en lo que ya está trabajando el Ayuntamiento en el área social.

Rafael Del Castillo, delegado de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, remarca la gran dificultad con la que se encuentran para incluir las cláusulas sociales adecuadamente, crear contratos más ventajosos para el personal contratado y mejorar el servicio ofertado debido a la falta de personal y a las limitaciones legales que existen como no poder establecer un sueldo por encima del convenio aunque éste sea deficiente. “La reforma local está hecha para favorecer a las grandes empresas, el gobierno nacional que tenemos quiere evitar que municipalicemos. El enemigo al que nos enfrentamos es muy poderoso.” concluye Del Castillo. Un claro ejemplo es la concesión a veinte años de la alcaldía del Partido Popular a Vitalia para la gestión del centro de mayores del Polígono Guadalquivir justo antes del fin del mandato.

“No se presta el mismo servicio desde lo privado que desde lo público, no se invierte lo mismo y a quien afecta directamente son las personas usuarias de estos servicios.” Rafael Del Castillo. 

El Ayuntamiento y Clece. En juego la gestión directa de la ayuda a domicilio

Desde el año 2012 la empresa privada Clece ha asumido la ayuda a domicilio en la ciudad de Córdoba. Desde la llegada al poder del cogobierno, Del Castillo asumió estudiar las vías posibles para municipalizar el servicio y asumir su gestión directa. Del Castillo resumía así su intención, “no se presta el mismo servicio desde lo privado que desde lo público, no se invierte lo mismo y a quien afecta directamente son las personas usuarias de estos servicios.”

Sumado a los escándalos en otras ciudades al incumplir contratos y no respetar el convenio, lo que en Córdoba ha supuesto que las trabajadoras, todas mujeres, se concentren frente a la empresa y trasladen sus reivindicaciones hasta el Pleno del Ayuntamiento exigiendo la municipalización y el fin de la tiranía de Clece.

Clece, una filial de ACS con la que anualmente Florentino Pérez cobra alrededor de cinco millones de euros de sueldo, mantiene “trabajadoras pobres”, en riesgo de exclusión social, como señala la presidenta del Comité de Trabajadoras de Clece, Olga Perales, “la mayoría de las trabajadoras cobra menos de 400 euros y siguen contratando sin aumentar las horas de las ya en plantilla.” Pero no es lo único que denuncian las trabajadoras, la presidenta del Comité señala que sus contratos no permiten la conciliación laboral al tener jornadas partidas hasta en contratos parciales, existen contratos desde 2 horas y la empresa no reconoce las parejas de hecho por lo que no les concede los 15 días por la unión ni la posibilidad de pedir días por ingreso hospitalario de sus parejas

Estas empresas buscan beneficios de lo social, reducir gastos a través de empeorar la situación laboral de las trabajadoras reduciendo salarios y contratos para ampliar su rentabilidad. Un trabajo como la atención a nuestros mayores con alta dependencia, grado 2 y 3, pagado con un sueldo de 800 euros tras 39 horas semanales, evidencia la necesidad de reformular este servicio y atender las demandas de las trabajadoras.

Aunque la situación legislativa de 2015 no permitía aspirar a la municipalización, tras la derogación por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de algunos artículos de la ley de reforma local, se han abierto vías que han propiciado que en Jerez se municipalice y se inicie el proceso en otros ayuntamientos incluido el de Córdoba. “Es un camino tortuoso pero que debemos recorrer. Al menos nosotros debemos hacer todo lo que nos toque como Ayuntamiento” considera Del Castillo.

En el Pleno del 7 de febrero se presenta a votación la creación de una comisión para el estudio de la gestión directa. Según el delegado están valorando la posibilidad de crear un ente municipal o hacerles una encomienda de gestión a los entes municipales que ya existen, con la subrogación de todas las trabajadoras y negociar con ellas el nuevo convenio. Para ello hay que demostrar la viabilidad económica de asumir la gestión directa, excusa del gobierno nacional para favorecer las privatizaciones. Córdoba ya vive bajo la amenaza del Ministerio de Hacienda de privatizar sus entes públicos, siendo una de las ciudades que cuenta con un mayor número de empresas municipales como Emacsa, Sadeco, Aucorsa y Cecosam que desde el Ayuntamiento se defienden para que no acaben en la gestión privada.

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