La controversia de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica

Redacción

Publicado en diciembre de 2016 en la edición impresa del Número 0

 

¿Saben ustedes lo que es una inmatriculación? Es la primera inscripción de una finca en el Registro de la Propiedad. Desde abril de 1998 hasta abril de 2014, un representante del Obispado podía inmatricular, con un mero auto-certificado del Obispado, un inmueble que no tuviera propietario reconocido en el registro. A estos casos se les denominó popularmente “inmatriculaciones expres”, y fueron posibles al amparo de la Ley Hipotecaria, que data de tiempos franquistas (1946), y cuyo ámbito fue ampliado a templos de culto en 1998 en la primera legislatura del Gobierno de Aznar. Con el artículo 206 de dicha Ley en la mano, la curia de la Iglesia fue equiparada en su potestad con la de los notarios. En abril de 2014, se reforma dicha ley y se elimina el privilegio, pero supuso que todo lo inmatriculado por la Iglesia en ese período ya no se podría denunciar con carácter general, consolidando lo inmatriculado e incluso se le permitía a la Iglesia Católica un año más de plazo.

¿En qué afecta esta ley a Córdoba? En España, durante el mencionado periodo, la Iglesia Católica inmatriculó miles de inmuebles a su nombre, dedicados al culto religioso o no, entre ellos iglesias, ermitas, cementerios, huertas, pisos, almacenes, garajes, plazas públicas y hasta calles. La situación no fue diferente en Córdoba, donde el Obispado, con auto-certificación, inmatriculó una larga lista de inmuebles, entre ellos la Mezquita-Catedral por 30€, como hecho más significativo.

¿Sabe Usted cuántos bienes inmuebles se inmatricularon así en Córdoba? ¿Sabe Usted cuáles? Pues muy a pesar nuestro, Paradigma tampoco. Pero algunos sí han salido a la luz: Plaza de la Fuensanta, Triunfo de San Rafael, Ermita de los Santos Mártires, S. Hipólito y el kiosko municipal de su esquina norte, S. Agustín, La Magdalena (que está desacralizada), S. Pedro, Sta. Marina, Iglesia del Socorro, Basílica del Juramento… En estos casos la carga probatoria está en el Ayuntamiento, y es muy dificultosa en muchos casos por deficiencias en el relato histórico o por falta de su inscripción en el Inventario de Bienes Públicos.

El Ayuntamiento de Córdoba, con el loable fin de defensa de los Bienes públicos, encargó la elaboración de un listado de inmatriculaciones efectuadas por el Obispado de Córdoba, para comprobar cuáles interfieren con el patrimonio público. Ese listado no ha sido hecho público hasta la fecha, aunque la Alcaldesa, Isabel Ambrosio, en la entrevista concedida a Paradigma (véase páginas 4 y 5), en respuesta a nuestra pregunta al respecto, contesta: “Que yo sepa, ese listado ya es público (…)” Pero la realidad es que hemos solicitado este listado y consultado la web municipal de transparencia, sin éxito. En Paradigma entendemos que ese listado tiene que ser público, pues es la única manera legal de que la ciudadanía cordobesa sepa qué es suyo y qué de otras instituciones (religiosas o no).

Desde Paradigma expresamos nuestro respeto a la libertad religiosa y los cultos religiosos, que indudablemente forman parte de la vida privada de miles de cordobesas y cordobeses. Es más, las bases de la Iglesia Católica ven con cierta desazón cómo las actuaciones de su alta jerarquía se apartan del mensaje que profesan. Sirvan de ejemplo los testimonios (véanse los cuadros) de personas creyentes que han querido compartir su preocupación.

A mí, en cuanto miembro de la Iglesia Católica, me produce vergüenza el hecho de que se haya inmatriculado de manera legal pero injusta, una serie de monumentos, edificios, y lugares no destinados al culto, considerados, hasta el momento de su usurpación, de titularidad pública. Por otra parte, me parece que los cristianos deberíamos recordar las palabras de la primera carta de San Juan: “Quien dice que permanece en Él, debe vivir como vivió él.” (1ªJN.2, 6).

Desde mis tiempos de Seminario tengo muy claro que en la Iglesia existen dos opciones respecto a los bienes materiales: Una, la de su acumulación para, en el mejor de los casos, socorrer a los más necesitados; y otra: la de insertarse en el mundo de los de abajo para, con ellos, buscar el Reino de Dios (de justicia, verdad y amor). Muchos bienintencionados en la Iglesia escogen la primera; otros, intentamos apostar por la segunda. Pero incluso aquellos estarían de acuerdo en conocer la cantidad económica que representan las inmatriculaciones, su distribución y su destino.

Antonio Granadino Salmoral (Barrio Fuensanta)

Estoy totalmente en desacuerdo en que la Iglesia Católica se apropie de monumentos y plazas que deben ser del pueblo. Habría que buscar una alternativa a lo que está ocurriendo, hay que reivindicar y también buscar salidas. Lo que ha motivado a la Iglesia Católica a inmatricular es enriquecerse. La iglesia debería estar más por ayudar a los más desfavorecidos y por promover la apertura de Iglesias fuera del horario de culto que facilitara la visita al patrimonio histórico de nuestra ciudad.

Magdalena Díaz (Barriada de Cañero)

Creo que la Iglesia está utilizando ilegítimamente un instrumento jurídico para apoderarse de un patrimonio que es de todo el pueblo. Es un expolio legalizado y un desprecio absoluto a los valores públicos y universales. Evidentemente, al punto que se ha llegado no sería posible sin el apoyo de un gobierno central cómplice y de unos representantes políticos temerosos de enfrentarse al poder e influencia de la Iglesia. La Iglesia inmatricula porque, como institución, se mide con el Estado y las Administraciones públicas en términos de poder económico y creo que este es el afán principal que se persigue en todo este proceso de codicia programada. Demuestra así estar muy lejos de la Iglesia pobre y servidora que representa Jesús de Nazaret. 

José Manuel González Aranda (Parque Azahara)

¿Se limita la Iglesia Católica a inmatricular los templos de culto religioso? ¿Qué fin persigue? Aunque en siguientes números de Paradigma iremos desgranando lo que la Iglesia Católica ha ido inmatriculando en nuestra ciudad, sí que podemos ya afirmar que no ha sido por el loable afán de poner bienes (pisos, huertas, almacenes, etc.) al servicio de las personas más necesitadas. Entre los templos mencionados en la portada figuran algunos que sólo fueron inmatriculados después de inversiones de las Administraciones Públicas en su reparación. Especialmente llamativa fue la efectuada en San Agustín, de 4 millones de euros y que, al mes de terminar las obras, inmatriculó la Iglesia Católica. Como esclarecedor es que edificios como el Convento de Regina y la Iglesia de Campo Madre de Dios, en ruinas, no hayan sido inmatriculados.

Los fines de la Iglesia parecen ser muy lejanos de su misión caritativa declarada. Apartados de los dictados de la pobreza terrenal están acciones como las mencionadas, pero aún más el recurrir al Registro de Marcas y Patentes para hacer suyas las marcas que contengan las palabras “Catedral de Córdoba”, “Mezquita de Córdoba”, y hasta ocho diferentes composiciones. Y el registro de patente se hace para usos como la cosmética, la joyería, la cuchillería, aparatos tecnológicos, metales preciosos, muebles, ropa, juguetes, artículos de cuero, seguros, servicios de telecomunicaciones, transportes, servicios de educación, hospedajes, servicios veterinarios, servicios médicos, café, cacao, té, agua mineral, vinos o cerveza. Este último uso fue denunciado por Cervezas Alhambra, propietaria de Cerveza Mezquita, que ganó el litigio.

Hay expedientes ya abiertos sobre casos de inmatriculación, por el presente equipo de gobierno y su antecesor, que igualmente son de interés público. En este contexto es exigible que el Gobierno Municipal de a conocer la hoja de ruta para recuperar supuestos bienes públicos inmatriculados indebidamente, si ese fuera el caso, ya sea por el Obispado o cualquier otra persona física o jurídica. Desconocemos si los presupuestos municipales tendrán partidas destinadas a la pertinente acción administrativa o jurídica.

Invitamos al Gobierno Municipal a buscar la complicidad con la ciudadanía, con el extraordinario tejido de movimientos sociales y vecinales (entre ellos colectivos de cristianos) de nuestra ciudad, para crear un frente común en defensa de lo público, que incluya inmatriculaciones, en su agenda de trabajo. Desde Paradigma seguiremos informando, con mayor detalle e información contrastada, y con el deseo de que el listado esté pronto al alcance de toda la ciudadanía cordobesa.

Invitamos a nuestros lectores a poner en conocimiento de Paradigma información relevante. Paradigma no revela sus fuentes de información, cuando la persona así lo desea.

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