Los recortes llegan también a la Ley de Participación andaluza

El Gobierno andaluz aprueba el anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana

Inés Fontiveros

Publicado en enero en el Número 1 de la edición impresa

El anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana fue aprobado el pasado mes de noviembre en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Y pasará a fase parlamentaria para debate de los grupos políticos en febrero próximo. Y todo ello a pesar de que ya fue aprobado otro anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana, a propuesta de IULV-CA, en un Consejo de Gobierno de la Junta andaluza en la anterior legislatura, el 29 de julio de 2014. Cuando se produjo la ruptura del Pacto de Gobierno con el PSOE-A, la Ley se encontraba en su fase final de información pública y hubiera entrado en vigor en 2015.

Posteriormente el Tribunal Constitucional se pronunció sobre la Ley del Parlamento catalán sobre Consultas Populares. Esta sentencia del Constitucional sentó nueva jurisprudencia sobre la naturaleza de Referéndum de todas las Consultas Populares. Con esta justificación, el nuevo Gobierno andaluz no vio oportuno modificar sólo el Artículo sobre las Consultas Populares, sino que comenzó la elaboración de otro anteproyecto distinto de Ley de Participación Ciudadana.

El anteproyecto propuesto por IULV-CA se elaboró con un proceso ambicioso donde participaron casi 5.500 personas, según nos confirma la Diputada de IULV-CA Elena Cortés, entre ellas de colectivos, entidades, Universidades y agentes sociales, que el PSOE-A de manera unilateral no ha tenido en cuenta a la hora de abordar el nuevo proyecto y ha truncado la vía para que esta Ley de Participación ciudadana se hubiera convertido en una de las más avanzadas del Estado.

En el nuevo anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana se han obviado o eliminado algunas cuestiones fundamentales de las que cabe destacar:

  • La Articulación de Sistemas de rendición de cuentas y la obligación de los poderes públicos de examinar y ponderar las propuestas dirigidas desde la Sociedad Civil en los procesos de Participación Ciudadana, explicando las razones de su aceptación o la motivación expresa de la negación, publicación y difusión.
  • La contribución de hacer efectiva la Igualdad de Género en la Participación Ciudadana, incorporando cuando sea necesario acciones positivas.
  • La inclusión de los colectivos desfavorecidos a través de la Participación Ciudadana usando lenguajes comprensibles.
  • La rendición de cuentas control y seguimiento de las Administraciones y Entidades Públicas que serán evaluadas por la ciudadanía.
  • Las conclusiones de los procesos participativos contemplados en esta Ley se tomaran en consideración en la gestión Pública..
  • La proposición de Políticas Públicas por parte de la Sociedad Civil.
  • La vecindad administrativa. Esto supone que toda persona que esté inscrita en los Censos Municipales podría participar en los procesos dispuestos en la Ley.
  • La elaboración de los Presupuestos de la Comunidad Autonómica y la elaboración de los Presupuestos de las Entidades Locales
  • Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas.
  • Para el desarrollo de los procesos de Presupuestos Participativos las aportaciones de la Junta de Andalucía podrán consistir en el apoyo técnico para su realización, la cesión temporal de bienes públicos, el apoyo a la difusión y conocimiento de los Presupuestos Participativos, …
  • El derecho de acceso a los medios de comunicación.
  • La Junta de Andalucía realizará convocatorias de subvenciones públicas para la promoción y desarrollo de actividades relacionadas con la participación ciudadana en los presupuestos de las entidades locales a través de convocatorias públicas.
  • La iniciativa ciudadana para proponer Políticas Públicas.
  • La entrada en vigor en tres meses desde su publicación en el BOJA, en contraposición con la nueva propuesta del Gobierno andaluz donde la entrada en vigor será de dieciocho meses desde la aplicación en el BOJA.

IULV-CA llevó al Parlamento Andaluz, en abril de 2016, su anteproyecto como una Proposición de Ley, siendo rechazado con los votos en contra de PSOE-A y Cs, el apoyo de PODEMOS y la abstención del PP-A.

A partir de febrero el Parlamento deberá tener un primer debate general sobre la aceptación o no de la Ley, o en su caso de las alternativas propuestas por los grupos parlamentarios.

El proyecto de Ley que haya aceptado el Parlamento se remite a la comisión legislativa competente, en este caso, a la comisión de Igualdad y Políticas Sociales. Ya en la comisión se abre trámite de audiencia a entidades, colectivos,… para que valoren la Ley y realicen aportaciones. Una vez finalizada la comparecencia los grupos parlamentarios tienen 15 días para registrar enmiendas parciales al texto legislativo.

A partir de ese momento los grupos parlamentarios en la ponencia, establecen los acuerdos o desacuerdos de las enmiendas presentadas y se conforma una mayoría que aprueba un dictamen donde se recogerán las enmiendas aceptadas. Remitiéndose de nuevo el anteproyecto de Ley al Pleno del Parlamento que es quien finalmente aprueba la Ley de Participación Ciudadana.

Si todo sigue su curso la Ley será aprobada en julio.

Estaremos muy atentos y haremos un seguimiento al proceso que se abre ahora.

Contar con una Ley andaluza que profundice en la Democracia Participativa es muy urgente y necesaria en Andalucía para favorecer la transparencia en la gestión de lo Público y para fomentar que la sociedad civil sea corresponsable en la toma de decisiones de su Comunidad Autónoma y/o de su Ayuntamiento. Pero la tendencia del Gobierno Andaluz es retrasar la entrada en vigor de esta Ley y recortar los aspectos que implican rendición de cuentas y reducir el control social de las Políticas Públicas.

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