Por una economía del bien común

Redacción

Publicado en febrero de 2017 en el Número 2 de la edición impresa

España va bien, … la crisis llega a su final… Es lo que nos hacen creer los grandes medios de comunicación y una parte de nuestros políticos. Esta lectura optimista no está compartida por los 13,3 millones de españoles en riesgo de pobreza y exclusión social, uno de cada cuatro españoles.1 1.788.358 personas pobres más que en 2009, y 10.4 millones de personas viviendo bajo el umbral de la pobreza. 3,5 millones de españoles se encuentran en situación de pobreza extrema, con unos ingresos inferiores a 330 euros al mes.2 Nada que celebrar para los casi 5 millones de españoles que no logran calentar su vivienda en invierno.3 O para las 177.997 familias que se han quedado sin vivienda en los últimos tres años: la escalofriante cifra de 163 familias  desahuciadas cada día.4 Un mundo al revés, donde el rescate es de los bancos (más de 50 mil millones de euros de las arcas públicas)5, y no de las personas. Bancos, además, caracterizados por abusos notorios.

Un drama que afecta a todas las generaciones. Tres de cada diez niños  están afectados por el riesgo de pobreza y exclusión social. Nuestros mayores se encuentran la hucha de las pensiones saqueada, como recompensa por una larga vida de trabajo y entrega. Y los jóvenes sin perspectiva de empleo. Para campeones, no hay quien nos gane: España es el país miembro de la OCDE (34 países miembros), donde más ha aumentado el desempleo juvenil en una década6, Cifra que alcanza hoy el desolador 41,94%. Más de un millón de jóvenes entre 18 y 35 años se han visto obligados a emigrar del país en búsqueda de trabajo y futuro, hecho que el Ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, calificó, en comparecencia parlamentaria, como muestra de “inquietud, amplitud de miras y apertura a nuevos horizontes”. ¿Jubilación en precariedad? ¿Juventud sin futuro? ¿Es este el legado que queremos dejar a nuestros mayores e hijos?

La crisis es de obscena dimensión con sus vertientes de crisis económica, ambiental y crisis de valores. Los fríos y desoladores datos contradicen las voces optimistas que prometen el final de la crisis, y tienen detrás caras con unas condiciones de vida inhumanas, a años luz de los derechos consagrados en nuestra Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, derechos de obligado cumplimiento. La indecente dimensión de la crisis es aún más aguda en Andalucía y en nuestra provincia, como veremos a lo largo de estas páginas. Tristes campeones en el ranking de desempleo y empleo precario, riesgo de pobreza y exclusión social.

Andalucía encabeza el desolador ranking de riesgo de pobreza y exclusión (43,2%)7, con el paro siendo con mucha diferencia nuestra primera preocupación (87,8%).8 Nuestra provincia es, con el 31,22% triste líder nacional de tasa de paro (EPA, III trimestre), superando con creces la media nacional (19,79%) e incluso la andaluza (28,5%). Detrás de las cifras está la vida de más de un millón de andaluces, 118.000 cordobeses, con vidas desestructuradas por verse incumplido su derecho constitucional al empleo  digno. Es la realidad de 38.047 personas de nuestra ciudad, una de cada cuatro (25,13% de población activa), afectando en mucho mayor medida a mujeres (37,3%) y a más de la mitad de nuestros jóvenes. Y obliga a 33.000 cordobeses (provincia) a recibir ayuda de alimentos de la mano de organizaciones humanitarias. Añadido a ello la notoria precariedad y temporalidad del empleo que ha llevado a la Organización Internacional de Trabajo a mencionar a España entre “los campeones del trabajo temporal”.9 El drama social de la economía doméstica ahogada es de gigante dimensión, un verdadero escándalo político, económico y social que tiene profundas raíces estructurales.

Tenemos la riqueza y los recursos suficientes para garantizar los derechos sociales y económicos en nuestra comunidad autónoma y provincia. Tierra de contradicciones complejas. Históricamente, falta voluntad política para enfrentar el enorme desafío de las problemáticas estructurales, tan arraigadas, que han agudizado la crisis hasta estos extremos. En la presente edición analizaremos la situación del campo, el reparto tan desigual de la tierra, con reforma agraria pendiente, y el notorio y grotesco hecho de los grandes subsidios europeos destinados a pocas manos latifundistas.  Analizaremos la economía doméstica ahogada en Córdoba. Pero también veremos que las cuantiosas contrataciones –y los beneficios– acaban en las grandes empresas, lejos del ámbito de la economía social o familiar.

Algunas políticas progresistas tan solo han contribuido a amortiguar los impactos de la crisis. Como ciudadanía protagonista tendremos que ir más allá del asistencialismo, y hacernos la pregunta ¿Qué modelo de sociedad y modelo de economía queremos para las futuras generaciones? Nuestro modelo económico y productivo tiene que estar bajo un severo análisis de su capacidad generadora de empleo digno. Y hará falta coraje político para revertir la tan perjudicial privatización de servicios básicos (sanidad, educación, luz, agua, transporte, etc.). La mano invisible del mercado –la economía capitalista sin contundente regulación pública y fiscalización democrática– no solamente no ha sabido evitar la crisis o cerrar la brecha entre ricos y pobres, sino ha agudizado la crisis y la obscena desigualdad (véase el cuadro abajo).

Hará falta auténtico valor político y profundo compromiso social para invertir la situación, más allá de puntuales medidas amortiguadoras de sus consecuencias. Hace falta una transición económica que vaya a la raíz: re-pensar y re-construir el modelo social y económico, hacia una economía del bien común que vele por los derechos sociales y ambientales, la sabia Pachamama o Madre Tierra indígena. Es preciso democratizar la economía recordando su finalidad: satisfacer las necesidades de las personas, donde la persona esté en el centro de la actividad económica, con empresas y políticas públicas al servicio del bien común, impregnados de valores de dignidad y justicia, y velando a su vez por la sostenibilidad del planeta.

Recordemos que la palabra política proviene de la palabra griega “politikós” (πολιτικός), que significa “de los ciudadanos” (ciudad-polis o Estado-polis). Y la palabra economía proviene de la preciosa palabra griega “oikonomia” (οἰκονομία), que significa la administración o el “cuidado del hogar” (oikos), el hogar de nuestra casa o de nuestro planeta. ¡Hagamos honor a esta raíz, a nuestras raíces!

P.S.:   Por poco se nos olvida mencionar que….. TODOS SOMOS IGUALES

EN EL MUNDO: El 1% más rico del mundo posee más riqueza que el 99% restante de la población mundial. En 2015 solo 62 personas poseían la misma riqueza que 3.600 millones. 8 personas poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad.

EN ESPAÑA: La fortuna de sólo veinte personas alcanza un total de 115.100 millones de euros (datos 2015). El 1% de la población concentró tanta riqueza como el 80 % de los más desfavorecidos. España es el segundo país de la UE de mayor aumento de brecha entre rentas altas y bajas (solo por detrás de Estonia).                                                                                                        Todos somos iguales,   … bueno, unos MÁS… iguales que otros…                                                                                                 Fuente de datos: Informes Oxfam, “Una Economía para el 99%”, y “Una Economía al servicio del 1%”            

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