Cati Rojas, co-portavoz de los 40 colectivos que piden al Ayuntamiento de Córdoba una Renta Social Municipal, reflexiona sobre la voluntad política para sacarla adelante y como tendría que ser su implantación.

Cati Rojas
Activista de ACISGRU

Preguntan algunos si el Ayuntamiento de Córdoba tiene voluntad política de sacar adelante la Renta Social Municipal que tantas familias necesitan. La propuesta de una Renta Garantizada Municipal, que en el último pleno hizo el grupo PODEMOS, terminó en un acuerdo unánime para dar los primeros pasos en su implantación. Así lo entendieron muchos, así lo entendieron las familias, que se alegraron de esta medida, al creer erróneamente al día siguiente del pleno que ya podían solicitar la renta. Hemos de creer, por tanto, en la voluntad política de los miembros del consistorio, cuando unánimemente se manifestaron por avanzar en esa dirección. Y lo hemos de creer porque desde el recelo y la desconfianza no se puede avanzar en ninguna cuestión vital y en esta tampoco. Pero hemos de dejar muy claro que esto no es un juego político, no es una maniobra de distracción o entretenimiento, porque si así lo fuera los partidos y el pleno de Ayuntamiento estarían jugando con la existencia de la gente, con las vidas de todas esas familias que necesitan la ayuda pública para organizar autónomamente sus existencia, que no les basta la mera solidaridad individual, que le proporciona el acceso a un plato de comida diario de los bancos de alimentos.

Estamos en el siglo XXI y ha pasado el momento de la beneficencia pública del siglo XIX; aquella forma de entender la acción social como una práctica de la “mal entendida” caridad, no como un servicio social, esa práctica que consideraba la beneficencia como una institución de la magnanimidad de los poderosos, el ejercicio del socorro humanitario para quienes por un accidente desgraciado carecían de los medios indispensables para atender la subsistencia familiar o para curar sus dolencias y enfermedades.

Las rentas sociales han de ser consideradas no como beneficencia social, sino como un derecho, un derecho subjetivo de los ciudadanos.

La Administración más cercana a los ciudadanos, el Ayuntamiento, ha de dar los primeros pasos, adelantándose a las otras administraciones más alejadas de los ciudadanos, supliendo o complementando las limitaciones de las rentas autonómicas o nacionales.

Como ya dijimos en el pleno municipal la RENTA SOCIAL MUNICIPAL es una propuesta que no tiene coloración política y es perfectamente asumible desde planteamientos ideológicos con signos y colores diferentes. La tonalidad de la RENTA SOCIAL MUNICIPAL es la que surge de la proximidad y cercanía empática a las personas, porque esta RENTA SOCIAL MUNICIPAL es una apuesta por las familias vulnerables, es un desafío valiente para salvar a mucha gente del dolor y el desamparo de la carencia, aportando ingresos que ellas, por sí mismas, puedan gestionar con autonomía. Además esta Renta Social Municipal cuenta con un fuerte apoyo social: con más de 1000 personas a título individual, que han pedido su implantación, con el sostén de 40 colectivos que luchan por ella.

¿Y cómo tiene que ser la Renta Social Municipal?

En primer lugar y sobre todo deber ser fácil y sencilla de tramitar. El único requisito imprescindible es que, al tratarse de una renta reconocida por la administración local, las familias han de estar empadronadas en nuestra ciudad.

Ha de ser también una renta que llegue a donde no llega el Ingreso Mínimo Vital, que ya sabemos que no beneficiará a todas las familias que están en situación de pobreza. Los servicios sociales, las asociaciones tienen datos, tienen información suficiente para saber quiénes son las familias necesitadas de esta renta. Carece de sentido, es indigno, que los servicios sociales se encarguen de expedir el carnet de pobreza a las familias, después de laboriosos e inútiles protocolos e informes. Ya está bien de utilizar los servicios sociales para administrar la pobreza. La tarea de los poderes del Estado no es administrar la pobreza, sino luchar contra ella.

Y tristemente, en muchas de las rentas sociales lo que interesa sobre todo no es combatir la pobreza, sino normativizar, reglamentar al pobre, estar seguro de que el pobre merece el reconocimiento de la sociedad y de la administración. Es como si quisiéramos asegurarnos de que el pobre es auténtico, de que no es un vago o un maleante, como se decía en aquellos textos normativos decimonónicos, ese parasito social que rechaza el trabajo y vive del sudor de los auténticos trabajadores.

Muchas de las rentas ideadas para administrar la pobreza son mecanismos de criba para los pobres, al establecer con absoluta precisión quiénes son los que quedan fuera de este proceso. Y así en esa criba se deja fuera a los indocumentados, se deja fuera a los no regularizados en la Seguridad Social, se deja fuera a los que no han accedido al Servicio Nacional de Empleo por falta de documentación o por no haber podido superar el difícil examen de renovar infructuosamente la demanda de empleo, año tras año, sin haber accedido jamás a un solo puesto de trabajo. Se deja fuera a quienes no han solicitado ante los servicios comunitarios pensiones y ayudas, bien sea porque no disponían de la documentación adecuada, por desconocimiento o por saturación de esos mismos servicios.

La Renta Social Municipal no puede ser una criba para determinar quiénes son los verdaderos pobres, quiénes son los merecedores de un derecho que sabemos está avalado por la propia Constitución.

La Renta Social Municipal ha de ser una herramienta para combatir la pobreza del mayor número de familias vulnerables de Córdoba.