En un artículo y un vídeo recientemente publicados por Jara y Sedal se deslizan una gran cantidad de falsedades, argumentos demagógicos y medias verdades contra las organizaciones ecologistas y en particular contra Ecologistas en Acción. La finalidad de este texto es señalarlas.

«Las cuentas de los ecologistas son opacas»

Falso. Como puede comprobar cualquier persona que mire nuestra página web, donde se aporta todo tipo de información y se cumple a rajatabla la Ley de Transparencia, algo que no pueden decir muchas organizaciones de cazadores. Por ejemplo: la Real Federación Española de Caza tiene un índice del 0 % de transparencia económica-financiera (ver https://www.dyntra.org/poi/real-federacion-espanola-de-caza).

«Ecologistas en Acción son famosos por el sensacionalismo y la demagogia de sus denuncias públicas»

Falso. Muy a menudo los hechos nos dan la razón, una y otra vez, en cientos y cientos de casos. Si por algo se caracteriza nuestra organización es por la seriedad de nuestras denuncias, ganar muchos procesos judiciales, publicar informes técnicos muy rigurosos y de gran prestigio y por colaborar activamente con organizaciones científicas. La sociedad así lo percibe y nos califica como una de las fuentes más fiables de información.

«Con estos 12,3 millones de euros que reciben [entre 2015 y 2017] las organizaciones ecologistas se podrían incrementar las pensiones mínimas; rebajar los impuestos a bienes de primera necesidad…»

Falso. Una parte importante del dinero que recibe Ecologistas en Acción proviene de la casilla de interés social del IRPF, de la que una pequeña porción se dedica a fines ambientales. Por tanto, son los y las contribuyentes quienes han decidido que ese dinero se dedique, entre otros, a la defensa del medio ambiente.

Por otro lado, la comparación con la cuantía dedicada a pensiones y prestaciones sociales hace más que patente la demagogia del argumento: el Estado gasta para ello cada año más de 200.000 millones de euros, por lo que el argumento solo puede calificarse de patético: hablamos de que las organizaciones ambientales reciben un 0,002 % de esa cifra.

Más aún, pocos ejemplos se podrán encontrar de un dinero mejor aprovechado para el beneficio de la sociedad. Cuatro millones de euros al año para financiar la actividad de las organizaciones de defensa de la naturaleza es una cantidad irrisoria para la enorme cantidad de acciones que estas asociaciones realizan para defender el derecho constitucional a un medio ambiente sano. Tampoco resistiría ninguna comparación con cualquier país de nuestro entorno, que dedican muchísimos más recursos a este fin.

Las subvenciones que reciben las organizaciones de cazadores, sin ir más lejos, son mucho más cuantiosas.

«Las cuatro asociaciones anteriormente citadas perciben una asignación permanente de más de 700.000 euros cada año […] de la Subsecretaría de Agricultura»

Falso. No es ninguna asignación permanente, de hecho cambia cada año, pues se asigna por concurso en el que participan muchas otras organizaciones. Y se trata de la partida con cargo a la casilla de fines sociales del IRPF de la que hablábamos en el punto anterior: una convocatoria destinada a la realización de investigaciones científico-técnicas sobre medio ambiente que cuentan con la colaboración de entidades científicas, y son justificadas doblemente, con una auditoría externa y ante la intervención del Ministerio.

«Las propuestas de ecofiscalidad son un nuevo ataque al mundo rural»

Falso. Son exactamente lo contrario: una forma de garantizar que el mundo rural sea más vivo y saludable, más generador de empleo y de alternativas viables. Las propuestas ecofiscales que hemos presentado las organizaciones ecologistas recientemente pretenden primar las actividades más beneficiosas para la salud y el medio ambiente y las más generadoras de empleo (agricultura ecológica, ganadería extensiva, baja utilización de pesticidas, gestión sostenible del territorio), mientras se penalizan las más impactantes.

Por ejemplo, en el vídeo se señala que “las organizaciones ecologistas proponen un impuesto a los ganaderos”, cuando en realidad es a las granjas intensivas, pero no a las explotaciones ecológicas ni extensivas.

«Especies como el lobo, el lince, el águila real o imperial se están recuperando gracias a los cotos de caza» […] «Los cazadores invierten de forma voluntaria 614 millones de euros para la conservación de la naturaleza»

No, no son titulares de El Mundo Today, lo dicen literalmente en el vídeo.

Sin la actividad y presión de las organizaciones de defensa de la naturaleza hace tiempo que se habrían extinguido estas especies en nuestro Estado.

No queremos ni imaginar cómo sería un mundo sin grupos de defensa de la naturaleza y la salud ambiental, y con los cazadores diseñando las políticas ambientales de nuestro país. Ya hay muchos ejemplos de los efectos de sus acciones, y una de las más llamativas es la que tiene que ver con la introducción de especies exóticas para cazarlas o pescarlas, y que constituye uno de los principales motivos de la pérdida de biodiversidad. También es conocido el uso ilegal de venenos para depredadores o de mallas para evitar el movimiento de poblaciones silvestres en las fincas cinegéticas.

«¿Cuánto dinero cuesta a los españoles mantener a las asociaciones ecologistas?»

Demagógico y falaz. La pregunta debería ser: ¿cuánto se ahorra la sociedad por el trabajo de las organizaciones ecologistas? No en vano, asociaciones de utilidad pública como Ecologistas en Acción generamos unos enormes beneficios para la sociedad, en términos de prevención de la contaminación, de protección de espacios naturales, de vigilancia y cumplimiento de la legislación ambiental, por citar solo algunos de los posibles. Por ejemplo: hemos sido impulsores de la política de calidad del aire, y se sabe que cada euro invertido en prevención de la contaminación supone un ahorro de más de cinco euros en gastos sanitarios, bajas laborales, etcétera.

«Las cinco ONG tienen un asiento en el Consejo Asesor del Medio Ambiente (CAMA) del Ministerio de Medio Ambiente. Por ley»

Verdadero. Parece bastante lógico: un Consejo Asesor de Medio Ambiente debe contar con las organizaciones de la sociedad civil cuyo fin es precisamente ese, la defensa y mejora del medio ambiente. Ya nos gustaría tener la capacidad de influencia que afirman en el artículo (“desde su posición en el CAMA pueden influir en la política nacional”). Eso sí, lo intentamos con todas nuestras fuerzas y nuestra mejor intención.