“Yo no pido clemencia. Yo no junto las manos temblorosas en un ruego.
Arden voces de orgullo en mi palabra cuando exigen -sin llanto- que las puertas
de la venganza oscura se derriben y a los hombres descuelguen de sus cruces.”

Marcos Ana

Luis Naranjo. Presidente del Foro por la Memoria de Córdoba

Publicado en Número 10 de la edición impresa (Feb/Mar 2018)

El rechazo de la derecha política y sociológica cordobesa ante la posible eliminación de la simbología franquista de los espacios públicos, junto a la tibieza de cierta izquierda a la hora de defender esta iniciativa evidencia el profundo déficit democrático que el régimen monárquico del 78 sigue arrastrando respecto a la Memoria de lo que fue el franquismo y a dar respuesta a los derechos de las víctimas de la dictadura. La cultura de la desmemoria, de la impunidad y del olvido que se impuso durante la Transición sigue dominando las conciencias de la mayoría, lo que lleva a  la débil respuesta social ante la prolongada presencia en nuestras calles de responsables directos del golpe de estado que llevó a la muerte, a la cárcel o al exilio a miles de mujeres y hombres cordobeses. La responsabilidad del desconocimiento generalizado de quienes fueron los personajes franquistas que están en el centro de la polémica sobre el callejero no puede recaer, tras cuarenta años de democracia,  sobre la dictadura franquista sino que apunta directamente al desistimiento y la renuncia de las fuerzas políticas que han dirigido nuestro país a acabar con los mitos del franquismo y llevar la verdad histórica a las aulas y a los medios de comunicación públicos, tal y como se hizo en toda Europa tras el final de la Segunda Guerra Mundial. La inexistencia de una política educativa que aúne el rigor y el enfoque democrático en relación con el franquismo ha sido denunciada con claridad en las conclusiones del Informe del  Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación, realizado a partir de una larga visita durante el año 2014 de Pablo de Greiff a nuestro país, incluida Andalucía. En el apartado de Educación señala que los manuales siguen representando la Guerra Civil como un conflicto entre dos Españas.. …la violencia del régimen contra la oposición no recibe atención particular. Afirmando “fuimos todos culpables” los libros de texto refuerzan así la política de “borrón y cuenta nueva” que acompañó la Transición.. …es indispensable asociar el estudio de la Guerra Civil y el franquismo con la formación en derechos humanos”. No se puede expresar mejor la razón profunda que está en la base de la indiferencia ciudadana hacia el mantenimiento de la simbología franquista.

El predominio social de la memoria heredada del franquismo más el vínculo ideológico que un importante sector de la derecha mantiene con el franquismo explica que la misma fuerza política que exige el cumplimiento estricto de la Ley en Cataluña y justifica el encarcelamiento de los políticos independentistas que promovieron el referéndum ilegal de Octubre pida aquí la realización de una consulta similar  para no cumplir el artículo 32 de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía que obliga a las Administraciones públicas a eliminar los escudos, insignias, placas y otros elementos situados en las vías públicas realizados en conmemoración,  exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron el régimen dictatorial. Solicitar un referéndum vecinal sobre la aplicación o no de un precepto tan claro como el expresado en la Ley supone situarse fuera del marco legal, en una posición antidemocrática inaceptable. Como argumento alternativo los defensores de la memoria franquista esgrimen la idea de que no está probado que los Cruz Conde, Vallellano, Cañero, Pemán o Quesada Chacón fueran asesinos o criminales convictos y confesos. Aplicando este criterio ni Goering ni Himler, por citar dos de los grandes criminales de guerra nazis, podrían ser considerados como tales puesto que no mataban directamente a sus innumerables víctimas. No se trata de eso, evidentemente. La Ley de Memoria Andaluza habla de represores y golpistas, cargos que están fundamentados de modo incontestable por la ya abundante investigación histórica sobre el golpe y la guerra en Córdoba. Las pruebas  exceden los límites de este artículo pero pueden consultarse extensamente en los excelentes informes elaborados por la Comisión Municipal de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Córdoba en el enlace Documentos Comisión Memoria Histórica.rar  consultando, entre otras posibles, la página web del Foro por la Memoria de Córdoba.

El incumplimiento del deber de Memoria por el Estado español en relación con la eliminación de símbolos y nombres franquistas ha sido también objeto de atención y crítica por los organismos internacionales. En este sentido, el ya citado informe de Pablo de Greiff incluye la información reciente con listas de nombres de calles y edificios, placas conmemorativas e insignias que conmemoran la memoria de altos cargos y funcionarios franquistas en diferentes lugares del país y que no habrían sido cambiados a pesar de la presentación de quejas formales antes las autoridades y las Defensorías del Pueblo. El documento exige la eliminación o resignificación de estos elementos, cuestión que tres años más tarde sigue sin cumplirse en nuestro propio municipio.

Junto al argumento legal se encuentra el derecho irrenunciable de las víctimas del franquismo al reconocimiento público de sus derechos. El mantenimiento en lugares de honor del espacio público de responsables del golpe y el genocidio en Córdoba es un atentado permanente a la dignidad de las víctimas del franquismo y la tolerancia a su presencia debería ser radicalmente incompatible con los valores democráticos sobre los que supuestamente se asientan nuestras instituciones. Este principio fundamental de convivencia es indiscutible y mucho más importante como fondo de la cuestión que el obligado cumplimiento que debemos a la Ley. ¿Qué ocurriría si las víctimas del terrorismo de Eta o de grupos yihadistas tuvieran que pasearse bajo el nombre de algunos de los responsables de estos actos brutales? Lo que resulta impensable en estos casos, es tolerable sin embargo para las víctimas de lo que sin duda fue un largo episodio de violencia de estado como forma de imponer el terror a la población e impedir cualquier forma de resistencia al golpe contra la República. Mientras esta situación se mantenga habrá víctimas de primera y de segunda en la ciudad de Córdoba. Más allá de la Ley, es la razón suprema de la dignidad de las víctimas la que exige la inmediata retirada de los nombres franquistas del callejero. La tolerancia cero con la permanencia de la memoria de la dictadura debe impedir cualquier componenda o pacto partidista que busque otro tipo de salidas políticas como  la exploración de soluciones creativas que permitan el consenso entre las dos memorias en liza, lo que supondría de nuevo volver a las posiciones de equidistancia hijas de la Transición. Ya es hora de que nos comportemos, de verdad, como demócratas.