Inés Fontiveros

Publicado en enero de 2017 en el Número 1 de la edición impresa

En España hay serios problemas de exclusión en el acceso a la vivienda ya que las políticas se han dirigido hacia la propiedad privada favoreciendo la especulación.

La Carta de Derechos Fundamentales de la UE reconoce el Derecho a la Vivienda como un elemento crucial en la lucha contra la exclusión social. Sin embargo, la situación en nuestra ciudad supone una extrema violación de los derechos humanos. En Córdoba hay entre 240 y 250 personas sin techo.

Las personas sin techo carecen de un hogar que les permita vivir dignamente y desarrollar las relaciones sociales en la comunidad. Un dato desalentador es su esperanza de vida, que alcanza hasta 23 años menos que en la media de andaluces. Elementos como la seguridad alimentaria o la pobreza farmacéutica afectan directamente a esta realidad.

Hace unas semanas conocimos a dos familias que habían ocupado un local comercial de la Barriada de Moreras. Son dos familias jóvenes trabajadoras con dos hijos, una esperando un bebé, solicitantes de vivienda protegida desde hace años. Su situación no les permite acceder al mercado libre de vivienda y la Administración no les ha dado respuesta efectiva para atender un derecho básico. Lo que parece grave es que la AVRA, Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía de la Junta de Andalucía, propietaria del inmueble, en vez de dar una solución a estas familias, al vivir de manera no adecuada, ha optado por un desahucio por la vía penal del que han sido absueltos, pero le dieron de plazo tres días para abandonar el local comercial que llevaba en desuso más de 15 años.

Fuente de los datos:  APDH CÓRDOBA

Rafi, está embarazada de cuatro meses. Su pareja y ella se vieron en la calle por dificultades familiares y compartieron el local comercial que ocuparon en moreras con la familia de José, allí al menos tienen un techo. Cuenta que no entraron en el local de Moreras mediante la violencia si no que la persona que tenía adjudicado el local al ver que se quedaban en la calle les dio la llave.   No cuentan con  apoyo familiar y viven de lo poco que pueden vender en la venta ambulante ocasional. Lo único que quieren es acceder a una vivienda de alquiler social que puedan pagar y así darle al hijo que espera un  hogar. Ella quisiera tener una vivienda digna como las personas en general y poder tener agua y luz. Lo último es que AVRA, Agencia de vivienda y rehabilitación de la Junta de Andalucía, los ha sometido a un juicio penal por el hecho de vivir en un local propiedad de AVRA del que han sido absueltos, pero le han dado tres días para abandonar el local.

José. Muy joven se tuvo que ir a la calle con su pareja y sus dos hijos, porque vivían, en casa de sus padres, ocho personas, en un piso muy pequeño y siempre había conflictos. Ha solicitado una ayuda al alquiler que nunca llega y, en VIMCORSA, tiene cita el 16 de enero. Antes de verse en la calle con dos niños ocuparon un local en Moreras que lleva 20 años en desuso y lleno de suciedad y malos olores que molestaban a los vecinos. Adecentaron el local como pudieron para darle a sus hijos lo más parecido a un hogar. El local no cuenta con luz ni agua, que cogen de una boca de riego. Para quitarse el frío no hay otra cosa más que unas mantas. José trabaja en la venta ambulante ocasionalmente. Los días de venta entran en sorteo y hay veces que pasan quince o veinte días sin vender. No puede permitirse pagar un alquiler tal como está el mercado pero sí uno social.