Ana Naranjo Sánchez

Publicado en marzo de 2017 en el Número 3 de la edición impresa

En el habitual reparto de “tartas públicas” que el sistema neoliberalista  lleva a cabo, vivimos actualmente las consecuencias más traumáticas de los recortes necesarios para el éxito de las experiencias privadas en materia de dependencia, servicios municipales, agua, sanidad y educación. Hay que tener en cuenta que el gasto mundial en educación pública duplica al capital de la industria del automóvil. Es pues, un goloso sector para los defensores de su privatización.

En opinión de USTEA, “Los recortes se han manifestado en una pérdida de derechos laborales de los trabajadores y de calidad del servicio. En secundaria la plantilla ha disminuido en más de 4000 docentes en Andalucía. No se cubren las sustituciones si no a partir de la tercera semana de baja. El dinero ha menguado tanto que algunos centros tienen problemas para pagar la luz o la calefacción. Se privatizan servicios como limpieza o comedor”.

Libertad Benítez (diputada de Podemos) afirma que “se han perdido 1312 unidades públicas de Educación Infantil desde 2012. Según el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, desde ese año hasta enero de 2016, Andalucía acapara dos tercios de los empleos perdidos en educación en enseñanzas no universitarias de todo el país. Más del 65% del total y 7.379 docentes menos”.

Para dar respuesta organizada diferentes colectivos educativas, AMPA´s, sindicatos, asociaciones de estudiantes, PAS y partidos políticos se han organizado en el Movimiento Andaluz por la Educación Pública (MAES). En Córdoba, está prevista su presentación para el 7 de marzo. El MAES está abierto a ciudadanos  y a los miembros de la comunidad educativa que busquen garantizar una escuela pública, laica, inclusiva y de calidad.

La primera medida impulsada es garantizar financiación suficiente para Educación Pública, iniciativa que registraron IU y Podemos en el Parlamento Andaluz el pasado 16 de noviembre. Elena Cortés (Diputada de IU) explica esta iniciativa de modificación de la Ley de Educación Andaluza; “Pedimos la inclusión de un artículo que se denomine: Presupuesto para educación no universitaria de al menos el 5% del PIB de nuestra Comunidad Autónoma. Con esta medida de blindaje estaríamos poniendo a disposición de la educación andaluza un montante de más de 700 millones de euros. Pero el objetivo es llegar a la media europea del 7%.”

Dicho artículo contaría con dos apartados:

1. La Ley Presupuestaria anual deberá dedicar al menos un 5% del último PIB registrado al presupuesto de la Consejería.
2. La planificación de oferta de puestos escolares en la red de centros públicos de la Junta de Andalucía se hará conforme al aprovechamiento máximo de sus infraestructuras.

El Consejo de Gobierno ha rechazado el 5% alegando que ya se invierte el 5,1% en Educación, aunque en esta cifra están incluidos gastos formativos de otras Consejerías y la educación universitaria (Consejería de innovación). La iniciativa pide ese 5% sólo para la Consejería de Educación.

El gobierno andaluz, por otro lado, acusa al gobierno central de impedir una mayor inversión en educación, debido a la negativa de revisar el sistema de financiación de las comunidades autónomas desde 2013, que perjudica a las comunidades con mayor población. Además, según fuentes del Gobierno Andaluz, el presupuesto autónomo de  Educación no universitaria se ha aumentado en los últimos tres años un 8% (un 3´8% en 2017) con la voluntad de que siga evolucionando.

Pero los recientes presupuestos generales de Junta de Andalucía (año 2017) prevén el incremento de la partida presupuestaria destinada a la enseñanza concertada frente a la enseñanza pública. La inversión directa en educación pública ha aumentado sólo un 0,28%. En cambio, esta inversión es sensiblemente superior en la educación concertada, donde se da un aumento del 2,7%.

Según Libertad Benítez (Podemos), “La educación concertada y la privada ganan peso tras los recortes. La financiación pública para centros privados cae menos que la de los públicos. Un ejemplo es Andalucía, donde desde 2015 la partida presupuestaria destinada a la concertada ha aumentado en 63 millones, y eso que se supone que han eliminado conciertos…”  “Es decir, los recortes no afectan a todos por igual: hoy tenemos un sistema educativo público andaluz que no supera las desigualdades sociales, sino que ahonda en ellas.”.

Ante esta situación se hace más necesario la firma de un Pacto Educativo que apueste por un modelo de escuela pública para todos y todas. Y en ese debate, ¿Cuál sería el papel de la escuela privada sostenida con fondos públicos, o lo que es lo mismo, la escuela concertada?

Para USTEA, “Cerrar líneas de la pública y mantener los conciertos no es una política educativa progresista, porque eso es privatizar. De hecho, los gobiernos auténticamente progresistas como el de Portugal o en comunidades del Estado español donde también gobierna el PSOE, pero apoyado no en Cs sino en confluencias de izquierda, esta política se está revertiendo. En Andalucía, lamentablemente no.”.

Para Elena Cortes “la educación privada-concertada tiene el papel de complementar, con carácter subsidiario, los centros públicos. Supresión progresiva de los conciertos educativos hasta su completa desaparición mediante la integración voluntaria negociada de los centros privados-concertados en una red única de centros públicos, incorporando de forma inmediata a los colegios privados que ocupan suelo público”.

Libertad Benítez nos responde: “No contemplamos su eliminación. No se puede dejar tirada a la plantilla docente, ni a las familias y alumnado de la red concertada. No podemos apoyar un sistema educativo con doble vía educativa que segrega y profundiza en el clasismo, por eso apostamos por su reconversión. La cuestión está en cómo construir un modelo alternativo que tome como principio vertebrador la educación como un derecho básico y no un negocio. En Andalucía ya hemos empezado con los colectivos en sentar las bases para un cambio de modelo. Hay mucho trabajo hecho desde diferentes espacios, sindicatos, movimientos de innovación y renovación pedagógica,… pero necesitamos aunar esos esfuerzos”.

Es el momento de impulsar un cambio de modelo educativo (que pase por la derogación de la LOMCE) y de generar espacios de lucha unitaria en defensa de la Educación Pública.