Al amparo de la reforma de la Ley Hipotecaria del Gobierno de Aznar

Juan García Ballesteros. Colectivo Prometeo

La Ley Hipotecaria franquista de 1946 en su artículo 206, equipara a la Iglesia católica con los funcionarios públicos (notarios, registradores de la propiedad) a la hora de registrar bienes e inmuebles (Inmatricular).a su nombre.

El Artículo 206 dice:

“El Estado, la Provincia, el Municipio y las Corporaciones de Derecho público o servicios organizados que forman parte de la estructura política de aquél y las de la Iglesia Católica, cuando carezcan de título escrito de dominio, podrán inscribir el de los bienes inmuebles que les pertenezcan mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo esté la administración de los mismos, en la que se expresará el título de adquisición o el modo en que fueron adquiridos”.

Pero esta Ley Hipotecaria de 1946, se desarrolla con el Reglamento para su ejecución de 1947.

En su artículo 5: Quedan exceptuados de la inscripción

– Los bienes de dominio público.

– Los bienes de uso público de las provincias y de los pueblos.

– Las servidumbres impuestas por la Ley que tengan por objeto la utilidad pública.

– Los templos destinados al culto católico.

En su Artículo 304 recoge:

“En el caso de que el funcionario a cuyo cargo estuviere la administración o custodia de los bienes no ejerza autoridad pública ni tenga facultad para certificar, se expedirá la certificación a que se refiere el artículo anterior por el inmediato superior jerárquico que pueda hacerlo, tomando para ello los datos y noticias oficiales que sean indispensables. Tratándose de bienes de la Iglesia, las certificaciones serán expedidas por los Diocesanos respectivos”.

Con esta Ley y el Reglamento, bastaba con que un obispo fuera al registro y solicitara mediante un escrito la inmatriculación de un bien, dando fe que era suyo. Con una cuota pequeña (entre 20 y 30 €) quedaba registrado y adjudicado a la Iglesia.

En 1998, el Gobierno de José María Aznar, como buen heredero del franquismo, mantiene el privilegio de equiparar a los obispos con funcionarios públicos fedatarios y modifica la Ley Hipotecaria en beneficio, más aún, de la Iglesia Católica. Suprime el artículo 5 del Reglamento y a partir de ese momento la jerarquía tiene vía libre para inmatricular todo lo que tiene a su alcance: iglesias, mezquitas, catedrales, ermitas e incluso bienes civiles (fincas, pisos, garajes, caminos, plazas, almacén, cementerio, huerto,…). Los bienes algunos son de la Iglesia, pero otros públicos, propiedad de ciudades y municipios ¿Puede un partido político en un estado democrático y derecho, aconfesional –artículo 16 de la Constitución- darle poderes de funcionarios públicos a la jerarquía de una entidad privada? Hay juristas como Alejandro Torres, catedrático de Derecho Público de la Universidad Pública de Navarra que considera “inconstitucional” todo este robo del inmenso patrimonio cultural e inmobiliario que considera arrebatado.

El Parlamento de Navarra pidió al Ministerio de Justicia en 2007 el listado de inmatriculaciones a favor de la Iglesia en su Comunidad. Sólo a su nombre aparecieron 1.087 propiedades, sin contar las que han puesto a nombre de otras instituciones religiosas también de la Iglesia. Esta fiebre de apropiaciones se ha dado a nivel de todo el Estado. Son miles de inmatriculaciones las que se han producido. Todo tapado, opaco, sin publicidad ¿Qué han hecho los sucesivos Gobiernos del PSOE en las dos legislaturas últimas? Tenían que saber los que ocurría, pero han guardado silencio. Han sido culpables del saqueo de bienes públicos inmatriculados. Diferentes gobiernos autonómicos y municipales y algunas asociaciones (Europa Laica o la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro) están trabajando para recuperar el expolio producido. Algunos bienes ya se han recuperado, pero muy poco. Se requerirá tiempo, esfuerzo, dinero y voluntad política para recuperar lo público.

En 2014, ante la presión de determinados partidos, colectivos sociales y gobiernos autonómicos y municipales, el Partido Popular se vio obligado a modificar la Ley Hipotecaria para quitarle a la Iglesia el privilegio que goza desde 1946. Después de esta modificación los obispos no pueden inmatricular propiedades. Pero el Partido Popular dio un año de plazo, hasta 2015, para la entrada de esta Ley. Mientras, durante este periodo, la Iglesia continuó con su afán de apropiación de bienes culturales e inmobiliarios públicos.