Se ven obligados a emanciparse a los 18, mucho antes que el resto de jóvenes. Sin apoyo familiar, red social que les sostenga, documentación, recursos suficientes, con un nivel formativo inferior a la media y una edad de emancipación más temprana, deben mantenerse económicamente para asegurar su integración en nuestra sociedad. Una labor que acaba demasiadas veces con estos jóvenes en situación de exclusión.

Laura Carmona

Actualmente hay más de 30.000 menores tutelados en todo el Estado. Andalucía es la comunidad autónoma que más menores tutela con más de 30 centros específicos. El número de menores de origen inmigrante tutelados por la Junta ha ido creciendo desde el año 2000 y con ellos, los jóvenes que en su mayoría de edad entran a vivir en condiciones de exclusión social en nuestras ciudades una vez finalizada la tutela de la Administración. Mientras el resto de jóvenes se emancipa cada vez más tarde, alrededor de la treintena por falta de estabilidad económica, estos jóvenes se ven obligados a hacerlo a los 18, el día de su cumpleaños. Deben independizarse, construirse un presente y un futuro sin apoyos sociales, formativos, sin documentación ni permiso de trabajo en muchos casos, lo dificulta que encuentren un empleo con el que sustentarse con éxito.

En Andalucía estos jóvenes proceden en su mayoría de países de África subsahariana. Sin embargo, a nuestra ciudad vienen predominantemente de países del Magreb, con Marruecos a la cabeza. Nos encontramos a 14 km del continente africano y de una de las fronteras más desiguales del mundo, con una brecha económica que no deja de crecer y donde nuestro país parece un oasis ante la falta de oportunidades que afrontan en sus países de origen.

Muchos de esos hasta ayer menores consiguen una plaza en un piso por un año en alguna entidad social, los menos encuentran un trabajo con el que vivir una vida normalizada. Muchos comparten pisos en un número mayor a su capacidad, demasiadas veces en condiciones insalubres, mientras otros duermen en albergues para personas sin hogar y demasiados en nuestras calles.

Cuando salen del sistema de protección de menores al cumplir los 18 años, estos jóvenes deben salir adelante como adultos emancipados sin la madurez, la experiencia, los recursos económicos ni la red social de apoyo necesaria para hacerlo con garantías

Desde las entidades se denuncia la situación irregular en la que quedan los jóvenes inmigrantes al salir de la tutela pública que impide su integración. “Hay interpretaciones jurídicas, que nos parecen erróneas, incluso interesadas”, señala Carlos Arce, doctor en Derecho y coordinador de Migraciones de APDHA. Se refiere al plazo estipulado en el artículo 92.5 del Reglamento de Extranjería por el que la Administración no inicia acciones para regularizar su situación hasta que el menor ha pasado nueve meses bajo la tutela. Para Arce el plazo al que se refiere la Ley debería ser el máximo, mientras que desde los servicios de menores se establece como el mínimo para poner en marcha el proceso. Por lo que menores con 17 y en muchas ocasiones 16 años, se ven al salir en la calle sin que siquiera se haya puesto en marcha el proceso de documentarles. “Es significativo que ocurra en niños cercanos a la mayoría de edad, así no vas a tener que documentarlos” concluye Arce.

Sin papeles no pueden hacer valer sus derechos y quedan en un limbo jurídico sin acceso a los recursos que más necesitan. Esto los sitúa en una clara situación de vulnerabilidad.

Una vez fuera de los centros de protección de menores son una persona extranjera más ante el sistema, una situación de desamparo cuya única puerta de salida es el mercado laboral y la situación es dramática en ese sentido, un obstáculo casi insalvable. La legislación actual les obliga a tener una oferta laboral a jornada completa de un mínimo de un año para obtener el permiso de trabajo. “Es casi una utopía. Son condiciones muy rígidas a las que difícilmente acceden estos chavales a los 18 años, cuando el resto de jóvenes a esa edad trabaja los fines de semana y en trabajos esporádicos. Les pedimos que cumplan como adultos, lo que no se le pide al resto,” declara Daniel Delgado, trabajador social de Córdoba Acoge. “Tienes a menores durante meses e incluso años en los centros de protección, con todo el dinero que esto supone y al salir no se les da la oportunidad de aportar económicamente a la sociedad mediante sus impuestos“ denuncia Delgado.

“Es necesario un proyecto integral de inclusión social que atienda a temas de vivienda, acceso al mercado laboral, completar su formación, atención psicosanitaria, para tener una mínima esperanza de éxito en su inserción social” Carlos Arce

La Ley del Menor de Andalucía en su artículo 37.2 establece que se debe hacer un seguimiento durante un año a todos los menores que salen de sus centros al cumplir la mayoría de edad. “Esa es una ley hueca de contenido. Un brindis al sol porque no existe más allá de programas fragmentados, descoordinados, irrisorios en financiación y en estructura. Es necesario un proyecto integral de inclusión social que atienda a temas de vivienda, acceso al mercado laboral, completar su formación, atención psicosanitaria, para tener una mínima esperanza de éxito en su inserción social,” afirma Arce. “Al final la inclusión o exclusión de un extutelado se juega en su minoría de edad.”

«Cuando has agotado todos los recursos en Córdoba lo único que te queda es la calle o irte» lamenta Delgado

En demasiadas ocasiones encontramos a estos jóvenes en la calle tras agotar todos los recursos o al considerar que según su trayectoria desestabilizarían los alojamientos que existen y requieren recursos adaptados que no existen. “Encontramos chicos con problemas psiquiátricos y que necesitan un seguimiento médico continuo y muchos que están consumiendo. Pero no existen centros específicos para ellos y han ido trasladándolos de uno a otro. Cuando has agotado todos los recursos en Córdoba lo único que te queda es la calle o irte” lamenta Delgado.