El Título I de la Constitución Española de 1.978 recoge una serie de derechos que los poderes públicos han de garantizar.  En esta catalogación, no solo se recogen derechos políticos. Se recogen otros tales como el derecho al trabajo, pensión, salud, educación y vivienda que, vienen a conformar los pilares de lo que se denomina el Estado del Bienestar.

Antonio Amil

Publicado en Noviembre 2017 en el Número 8 de la edición impresa

Es en este marco y, como profundización en la característica de “Estado Social” (aspecto que también recoge nuestra Constitución), que, durante el año 2006, en el seno del Pacto de Toledo, donde los agentes sociales y el gobierno acuerdan y aprueban una nueva Ley: “de Promoción a la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia” Se trataba de marcar las bases que posibiliten el que el Estado asista a personas que requieren ayudas para actividades cotidianas. Esta reivindicación sindical se transformó en Ley.

La principal novedad que ofrece el Sistema de Dependencia radica en el instrumento con el que se protege a las personas. Se establece así un nuevo derecho para el que se prevé como fórmula de provisión preferentemente la atención en base de servicios profesionales y, sólo de forma excepcional, mediante prestaciones económicas cuando los dependientes sean atendidos por cuidadores familiares, con ello se posibilita además de una atención de calidad para las personas dependientes, optimizar el efecto de la inversión pública sobre la promoción de la actividad económica y la creación de empleo, sirviendo estas prestaciones para ayudar al proceso de emancipación de la mujer que, de manera inaceptable, se ha visto históricamente vinculada al cuidado de familiares, lastrando con ello el desarrollo de sus propias carreras profesionales.

En el proceso de implantación de este nuevo derecho, se observan varias etapas. En un primer momento el proceso vino caracterizado por cierto retraso en la puesta en marcha y una lenta, aunque sostenida, tendencia de crecimiento, creciendo el número de personas con una prestación efectiva, a pesar de que el Partido Popular trató de vaciar el contenido de dicha Ley. En las Comunidades Autónomas donde gobernaba dificultó su implantación con falta de personal, recursos materiales y exceso de burocracia.

A partir de mediados del 2012 esta tendencia de crecimiento se vio interrumpida por las reformas unilaterales impuestas por el Gobierno del Partido Popular, reduciendo la financiación estatal del Sistema, hecho que también ha afectado al nivel autonómico. El origen de los graves recortes afecta a la reducción de prestaciones, especialmente intensas en el caso de ayudas a domicilio y un aumento generalizado del nivel de copago que soporta el beneficiario. La menor financiación también afecta a la paralización del proceso de implantación y la reducción considerable del número de beneficiarios atendidos

A pesar de los recortes hay que valorar que el Sistema de Dependencia haya sido capaz de garantizar algún tipo prestación a más de 800.000 personas. La plena implantación del Sistema está todavía muy lejos de lograrse. Las listas de espera rondan el 30% lo que significa que 1 de cada 3 con derecho reconocido está pendiente de recibir una prestación efectiva. De los más de 1.300.000 personas que tenían derecho reconocido tan solo la percibían 860.000, y miles de personas fallecidas con la prestación concedida y no percibida.

España, Andalucía y Córdoba envejecen. En Córdoba, de cada 100 personas, 19 son mayores de 65 años. Estamos ante una situación que exige mayor dotación presupuestaria; revertir los recortes en los servicios y prestaciones de dependencia, revertir el incremento de copago impuesto en 2012 y alcanzar un Plan Concertado de Servicios Sociales con presencia efectiva del Estado. Hay que recuperar el presupuesto público para los servicios que garantizan la permanencia en el domicilio a las personas mayores en condiciones dignas (Ayuda a Domicilio, Teleasistencia, catering, auxiliares de geriatría, lavandería…) recuperar las cotizaciones de las personas cuidadoras que el Gobierno del Partido Popular anuló en 2012, dando lugar a que las trabajadoras en su mayoría dejaran de cotizar, pasando a engrosar la economía sumergida.

Para que el Sistema de Dependencia funcione sería necesario negociar y exigir ya: Recuperación del nivel acordado en financiación del Sistema de Atención a la Dependencia;  Aumento, hasta el 50%, y tal como marca la ley, de la aportación del Estado para la sostenibilidad del Sistema; Recuperación, de forma inmediata, de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores y cuidadoras familiares; Aumento del nivel mínimo de financiación; Recuperación del 15% en las prestaciones económicas para cuidadores familiares que el anterior Ejecutivo rebajó con el Real Decreto del 13 de Julio de 2012.

El peso de los impuestos recaudados en España en 2015 represento un 33,1% del PIB, cuando la media de la Unión Europea es del 40,3% por lo tanto hay margen. Hay que reclamar como prioritaria una verdadera y profunda reforma fiscal que posibilite la puesta en marcha de un sistema impositivo justo, progresivo y suficiente que garantice la sostenibilidad del Estado de Bienestar.