Ángel B. Gómez Puerto

Ya en el año 2010 escribí por primera vez sobre la Mezquita de Córdoba. Se trató de una respuesta por mi parte a unas declaraciones públicas. En concreto, era una réplica a las palabras que en esas fechas el obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, había hecho en el sentido de que nuestro símbolo, la Mezquita de Córdoba, que oficialmente era denominada hasta esa fecha como Mezquita-Catedral, se pasara a denominar como Catedral de Córdoba, como finalmente así ocurrió.

Decidí que esa reflexión se titulara con una pregunta (Dónde está la Mezquita), porque precisamente es una de las más frecuentes que nos pueden formular por la calle cualquiera de los numerosos ciudadanos del mundo que vienen a Córdoba en cualquier punto de la capital. Es la manera por la que cordobeses, andaluces, españoles, europeos, africanos, asiáticos o americanos conocemos al monumento más emblemático de nuestra ciudad.

En este punto, es conveniente recordar que este extraordinario bien fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco literalmente como The Mosque of Córdoba, en sesión celebrada en Buenos Aires en 1984. Ni siquiera en la dictadura del General Franco, basada en el nacional-catolicismo, ninguna autoridad eclesiástica dio el paso de querer borrar la palabra Mezquita en un ejercicio de intento de anular la memoria colectiva y la tradición popular.

La rotundidad de reiteradas declaraciones públicas relativas a «derechos de propiedad y a títulos» resultan cuando menos llamativos si tenemos en cuenta el dato de que la Mezquita no fue inscrita en el registro de la propiedad Córdoba a favor de la Diócesis de Córdoba hasta el 2 de marzo de 2006, dato que fue revelado públicamente en su día por un gran amigo, el profesor Antonio Manuel Rodríguez Ramos. Y dicha inscripción registral se operó en base a una modificación del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, impulsada por el Gobierno Aznar. Hasta esta fecha, bien podríamos considerarlo un bien de dominio público y, como sabemos, los bienes de titularidad pública son inembargables, inalienables e imprescriptibles. Por tanto, fue ese discutido precepto el que posibilitó la inscripción a favor de la Iglesia, como tantos otros bienes inmuebles en el conjunto del Estado.

Tampoco puede ser argumento ni título de propiedad para negar la denominación de Mezquita el hecho de que esté consagrada al culto religioso católico, un mero acto privado sin validez jurídica alguna de adjudicación de propiedad ni de facultad para alterar el nombre. Un bien es lo que es, según su naturaleza o estructura, con independencia del nombre que se quiera dar o quitar. Y es evidente que el monumento en cuestión es una Mezquita, construida en diferentes fases de la presencia islámica en Al-Ándalus, y también es una Catedral, que fue mandada construir por el emperador Carlos I de España y V de Alemania, terciando en una fuerte disputa entre la autoridad eclesiástica de la época que quería construir una Catedral en el solar de la Mezquita, y la autoridad municipal que se negaba a mutilar el monumento. Al final, como sabemos, el resultado fue la construcción de una catedral en el centro de la Mezquita Aljama de Córdoba, razón por la que se le ha venido denominando Mezquita-Catedral. Al propio Carlos V, cuando visitó Córdoba, se le atribuye la famosa frase «habéis destruido lo que era único en el mundo, y habéis puesto en su lugar lo que se puede ver en todas partes».

Creo que los intentos de anular la denominación de Mezquita constituyen un ataque a uno de los valores culturales más importantes de Córdoba, como es la idea de tolerancia y convivencia entre culturas, de la que Córdoba fue ya un referente en la baja Edad Media, cuando en el resto de Europa reinaba la barbarie y la más cruel intolerancia entre religiones y culturas. Y en todo caso es un intento de negar elementos evidentes de la historia de Córdoba.

En definitiva, debemos recordar que las autoridades civiles y las religiosas deben fomentar la concordia y la tolerancia. Y no considero que hubiera ni actualmente se plantee demanda social alguna del pueblo en general ni de los católicos en particular sobre la necesidad de llamar «Catedral» a lo que en realidad es una Mezquita, o una Mezquita-Catedral, pudiendo incluso generar reacciones no deseadas.

Es claro y evidente que el pueblo cordobés tiene claro dónde está la Mezquita de Córdoba, ese edificio emblemático y simbólico levantado junto al río Guadalquivir, y que debiera tener una gestión pública a través de un Patronato, al igual que la Alhambra de Granada, en la que deberían intervenir, como mínimo, las diferentes instituciones y la Universidad de Córdoba, objetivo que debiera ser asumido por las autoridades políticas cordobesas y debiera ser reclamado por la gente de Córdoba.

*Profesor de la Universidad de Córdoba (Departamento de Derecho Público y Económico).