Se acaba de admitir a trámite la propuesta que hizo Izquierda Unida en diciembre de 2017 en Andalucía para la gestión de los residuos nucleares que hay en el Centro de Almacenamiento de Residuos Radioactivos de El Cabril en Hornachuelos, y sobre el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña. Izquierda Unida denunció posibles irregularidades por la llegada de dióxido de uranio desde la Central Nuclear de Garoña (Burgos) hasta El Cabril, y la Comisión de Peticiones de la Unión Europea va a investigarlo. Se da la circunstancia de que ni los ayuntamientos ni los grupos ecologistas conocieron el traslado hasta meses después de haberse producido, y ahora Bruselas va a determinar si existieron o no garantías en la llegada de material radioactivo hasta el centro de almacenamiento cordobés. En este sentido, Antonio Maíllo ha asegurado que «tienen constancia de que no se cumplen las normas de seguridad en el transporte y en el almacenamiento», y el gobierno de España debe pronunciarse sobre esto. Miguel Ángel Bustamante, preguntará al Ministerio de Transición Energética cuál es la posición del Gobierno de España sobre esta cuestión y si se están cumpliendo las directivas en el transporte y almacenamiento de residuos.

El coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, ha expresado su satisfacción por esta noticia, que a su juicio abrirá un debate sobre El Carril, que no se ha tenido nunca, ni siquiera cuando se autorizó su apertura, ya que fue «una imposición». Para el también parlamentario andaluz es «necesario»  abordar la problemática derivada de las posibles ampliaciones del cementerio, así como las garantías de seguridad para afrontar dicha ampliación del almacenaje actual –el centro está al 77% de su capacidad–, y de cómo se han realizado los traslados de residuos de una central a otra. Maíllo ha defendido «una gran alianza» con distintos sectores de la sociedad para mover este debate sobre El Cabril. También se ha descartado la construcción de una segunda central nuclear, tal y como consta en el Sexto Plan de gestión de residuos nucleares, de 2006, pero aún en vigor.

 Así, se ha abierto un plazo de entre tres y seis meses en el cual el Parlamento Europeo llamará a los autores de la petición a Bruselas, y estos expondrán sus argumentos. Se pedirá la visita de los Europarlamentarios al cementerio de residuos nucleares y la Comisión de Peticiones elaborará un informe con recomendaciones que podrían llevar a la ampliación o, por el contrario, el cierre de El Cabril.