El pasado viernes, el pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado una moción en la que se insta al Gobierno de España a que inicie, de forma inmediata, la salida del Tratado de la Carta de la Energía(TCE). Un acuerdo internacional de la década de los 90 que protege las inversiones en el sector energético y que permite a multinacionales e inversores demandar a los Estados ante tribunales de arbitraje privados por sus medidas legislativas.

Con un total de 18 votos a favor de Adelante Cádiz y el PSOE, las abstenciones de el PP, Ciudadanos y Domingo Villero (concejal no adscrito), y ningún voto en contra, la moción ha salido adelante. La portavoz del grupo político municipal Adelante Cádiz, Lorena Garrón Rincón, ha explicado que el TCE es “un tratado en contra de la gente, en contra de la transición energética, que hipoteca el futuro común”. Además, señala que “se ha demostrado que los principales beneficiados del tratado son las grandes empresas de combustibles fósiles”. Un hecho que la campaña estatal No a los Tratados de Comercio e Inversión y Ecologistas en Acción llevan denunciando desde hace mucho tiempo.

Recientemente, dos energéticas alemanas (RWE y Uniper) han demandado a Países Bajos en virtud del TCE por sus planes para eliminar el carbón en 2030 y reclaman conjuntamente alrededor de 2.400 millones de euros. La empresa británica Ascent Resources reclama a Eslovenia 120 millones de euros por solicitarle un estudio de impacto ambiental a un proyecto de fracking. La petrolera Rockhopper Exploration pide una compensación de 350 millones de euros a Italia por la denegación de un permiso de exploración petrolífera en sus costas.

Por todo ello, a tan solo unas semanas de que finalizara la COP26 de Glasgow, el Ayuntamiento de Cádiz recuerda al Gobierno de España que la salida es posible y piden que se lleve a cabo cuanto antes. En palabras de la portavoz, “España no gana nada estando dentro y tiene mucho que perder”. De hecho, existen 50 demandas contra España y más de 10.000 millones de euros reclamados, una cantidad que tendría que ser deducida de los Presupuestos Públicos del Estado. Además, el Grupo advierte que el TCE impide a los Estados tomar medidas efectivas para bajar los precios de la electricidad, algo que “el Gobierno debe afrontar con urgencia”.

En relación al proceso de modernización, iniciado hace dos años con el objetivo de alinear el TCE con el Acuerdo de París, desde Cádiz señalan que no está dando resultados y que va a fracasar, “estamos perdiendo un tiempo precioso para salirnos”. Ya se han llevado a cabo ocho rondas de negociación y no se ha avanzado en la eliminación de la protección de las inversiones en combustibles fósiles ni del mecanismo ISDS. «Cada año que tardemos en salir se traduce en cientos de millones de euros que tenemos que pagar a inversores extranjeros”, apuntan.

En este sentido, España y Francia se muestran como los países más críticos dentro de la Unión Europea. En enero de 2021, las ministras de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera; de Industria, Comercio y Turismo, María Reyes Maroto; y la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, reconocieron públicamente que si el proceso de modernización fracasa a la hora de alinear el Tratado con los objetivos del Acuerdo de París, la única opción será la salida.

En palabras de Garrón, “desde el municipalismo tenemos que mirar más allá de nuestra ciudad y denunciar a quienes hacen caja a costa de empobrecernos y a quienes hacen las leyes en contra de la ciudadanía y el planeta”. Asimismo, apunta que “lo que le pedimos al Gobierno es urgencia y coherencia con lo que se dice las cumbres del clima”, porque “para hacer una transición energética ambiciosa hay que aprovechar el tiempo que se está gobernando y salirnos del Tratado de la Carta de la Energía”. Algo que ya hizo Italia, que salió en 2015 tras una votación en sus Cortes.

La moción va en la línea de las demandas de la sociedad civil: el pasado mes de julio más de 400 organizaciones en todo el mundo, de las cuáles 102 pertenecen al Estado español, lanzaron una declaración pidiendo a los gobiernos europeos la salida del TCE no más tarde de la COP26 de Glasgow, cosa que no hicieron. Además, más de 500 miembros de la comunidad científica y más de 1 millón de personas en toda Europa han solicitado la salida del Tratado.

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