El Colectivo Prometeo ha tenido conocimiento de un informe municipal sobre cientos de bienes inmatriculados por el Cabildo en nuestra ciudad que, aun reconociendo que es un listado incompleto, supone un escándalo, que deja a la ciudad Patrimonio de la Humanidad, sin patrimonio.  Resulta escandaloso y preocupante que el Ayuntamiento, responsable del patrimonio público, no profundice en la investigación actuando en la recuperación de los bienes comunes o que la ciudadanía permanezca inactiva ante el desposeimiento de sus bienes.

Estamos ante una realidad que sobrepasa ideologías y creencias, que debe enmarcarse en la exigencia de aplicar una justicia que se sustente en la razón y no en la fe, en hechos. No se trata de ir contra nadie sino de defender lo público, lo común, lo que nos pertenece a todos. Decía Arthur Schopenhauer: «Toda verdad pasa por tres fases. Primero, se la ridiculiza. Segundo, genera una violenta oposición y finalmente resulta aceptada como si fuera algo evidente». Palabras aplicables al “Escándalo Monumental de las Inmatriculaciones”, y el de la Mezquita-Catedral de Córdoba, en particular.

Una idea de la magnitud del problema nos la da la cifra aportada por un miembro de la Conferencia Episcopal que cifraba entre 30.000 y 40.000 los bienes registrados por parte de las diferentes diócesis. Admitiendo la posibilidad de que ante tal aluvión de inmatriculaciones se haya cometido algún “error”, en cuyo caso aconsejaba acudir a los tribunales para subsanarlo. Han conseguido “invertir la carga de la prueba”, los obispos han podido registrar como suyo todo lo que les ha parecido oportuno sin tener que aportar un título de propiedad u otro documento que lo acredite.  Sin embargo, ahora, tanto los organismos públicos como los particulares que consideren que se han apropiado de algo que no les pertenece tienen que demostrarlo ante los tribunales de justicia.

Recientemente el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo ha puesto en duda las inmatriculaciones y condenado al gobierno de España a indemnizar con 615.000 euros (pagados del erario público) a una empresa rural. Además, para los jueces europeos, los tribunales Constitucional y Supremo de España han vulnerado en los procesos previos realizados en España principios esenciales, como el de la igualdad de trato y la defensa de la propiedad privada.

Ante este estado de cosas el Colectivo Prometeo, se ha marcado el objetivo de alertar al pueblo de Córdoba del riesgo de que sus derechos patrimoniales hayan sido sustraídos por la Diócesis de la ciudad. El caso de la Mezquita-Catedral es conocido y está en el centro del debate, a nivel local e internacional, pero hay cientos de propiedades adquiridas por el sistema de inmatriculación que son desconocidas por los ciudadanos. Algunas de uso religioso como la Iglesia de S. Agustín restaurada tras la presión ciudadana y una vez saneada fue furtivamente registrada como suya por el Cabildo. Otras propiedades registradas por el mismo sistema no tienen relación con el uso religioso, como la Plaza del Pocito, los jardines delanteros del Cementerio de la Salud, la Ermita de los Santos Mártires, colegios, huertas, garajes, locales comerciales, viviendas, solares,  fincas, etc.

En esta tarea trabajaremos en colaboración con otras Plataformas como la Plataforma Mezquita-Catedral de tod@s a nivel local y la Plataforma Recuperando a nivel nacional. Siendo primordial el apoyo de partidos, sindicatos, asociaciones, etc. que les preocupe la defensa del patrimonio público así como el de los diferentes medios tanto locales como nacionales para que saquen a la luz pública los casos que se descubran.