En verano del año pasado la empresa pública VIMCORSA publicó un estudio realizado en hogares de la ciudad de Córdoba en el que se concluyó que el 10% de las familias han sufrido algún corte de luz por impago en los últimos años, el 48% no puede mantener su hogar a una temperatura adecuada, el 9% han acudido a los servicios sociales para que les ayuden en el pago de las facturas y el 28% se lo han pedido a sus familiares y amigos.

Rafael López Requeray

Publicado en Diciembre 2017, Número 9 de la edición impresa

La pobreza energética es la causa de más de 7.000 muertes al año en España.

Todo parece indicar que la situación va a ir a peor: los ingresos familiares están estancados, se recortan las ayudas sociales, no para de subir el precio de la luz del gas natural y del butano y no se ha hecho nada por mejorar la eficiencia energética de las viviendas de las familias más necesitadas.

Gracias a la presión de las distintas plataformas y organizaciones (entre ellas Stop Desahucios 15M-Córdoba) y, desgraciadamente, a las noticias de fallecimientos relacionados con cortes de suministros, en diciembre del año pasado se estableció por ley que no se podía cortar la luz a aquellos consumidores vulnerables severos que estén siendo atendidos por los servicios sociales.

Sin embargo, este derecho ha quedado en nada tras la aprobación el pasado mes de octubre del reglamento que regula el bono social eléctrico, ya que establece como requisito para no cortar la luz que los servicios sociales se hagan cargo de las facturas pero sin contemplar ningún sistema de financiación para abordar el gasto. Por lo tanto seguimos igual: si lo servicios sociales o entidades benéficas pagan las facturas no se corta el suministro y si no lo hacen se deja sin luz a las familias.

Desde nuestra Plataforma seguimos reivindicando que se apliquen las siguientes medidas:

• Aplicar el principio de precaución en los procedimientos de suspensión de suministro.
• Establecer un mínimo vital de suministro eléctrico y gas para los hogares desfavorecidos, como ya está aprobado en Córdoba para el agua potable.
• Favorecer el alta de suministro de dichos hogares que estén en situación irregular.
• Eliminar el Impuesto Especial Eléctrico y bajar el IVA de las facturas de luz.
• Tenemos derecho a saber qué está pasando con el sistema eléctrico, pedimos una auditoría para conocer porqué las empresas eléctricas españolas son las más rentables de Europa, sus directivos los mejor pagados con diferencia, el sistema eléctrico tiene una deuda de más de 20.000 millones de euros o se subvenciona a unas pocas empresas consumidoras de luz (del aluminio, cementeras…) con el triple de dinero de lo que cuesta el bono social.