Ecologistas en Acción ha preguntado al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico por el supuesto caso de tráfico ilícito de residuos peligrosos enterrados en Nerva (Huelva) en 2019 procedentes de Montenegro, pero no ha obtenido respuesta.

Ecologistas en Acción denuncia que la importación de residuos peligrosos es una actividad que se ha llevado a cabo con «escaso control durante muchos años» en España. Esto ha puesto al país en la delicada tesitura actual, que exige frenar este tipo de negocio y minimizarlo. Para ello, se «deben reducir las operaciones de eliminación de residuos (identificadas con la letra D) y en particular el enterramiento o vertido y la incineración, estrictamente y sin excepciones» a los producidos por el tejido industrial nacional. Además, se deben aplicar «los principios de proximidad y autosuficiencia» para poder cumplir con las exigencias internacionales en materia de Emisiones y Economía Circular.

Añaden que «nunca se ha calculado la huella de carbono de los residuos tóxicos importados de otros países», que recorren miles de kilómetros en barcos y camiones hasta su destino para eliminación o valorización en los vertederos españoles. No obstante, los informes del Convenio de Basilea indican que España importa una media anual de 500.000 toneladas de residuos peligrosos para la salud y el medio ambiente, de las que el 20 % va a depósito o a incineración. A esta cifra hay que sumar dos millones de toneladas anuales de producción nacional, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

Según la organización ecologista en 2018 llegaron residuos peligrosos de países cercanos como Andorra, Francia, Italia o Malta y otros tan lejanos como Nigeria, Uruguay o Suráfrica, entre otros. En 2019 también desembarcaron en nuestros puertos residuos tóxicos provenientes de Omán, Israel o Islandia.

Además Ecologistas en Acción afirma que este no es el único problema que se plantea con la importación de residuos tóxicos: en ese mercado también «media la picardía» y la «falta de escrúpulo» y se «sobrepasan los límites legales». No son pocas las ocasiones que han sido denunciados países por tráfico ilícito en el ámbito del Convenio de Basilea, que regula y controla el movimiento de residuos a través de las fronteras. para que no se convierta el de los residuos en un mercadeo sin control. Sin ir más lejos, en 2018 España «tuvo expedientes por exportaciones ilícitas a Liechtenstein, Malasia y China».

La etiqueta de un residuo como peligroso, con su número correspondiente (según la Lista Europea de Residuos -LER- los más peligrosos tienen un asterisco), indica cuál es su contenido perjudicial para la salud y para el medio ambiente. Pero la «proporción de sustancia tóxica también tiene unos límites» y además, hay unas reglas que establecen, por ejemplo, si se pueden mezclar para su transporte. Ello ha dado lugar a que haya países que «han exportado a otros residuos peligrosos que contenían sustancias tóxicas más allá de los umbrales permitidos».

De la misma forma manifiesta que para conocer estos casos de fraude transfronterizo, los países importadores tienen que realizar controles aduaneros, inspecciones de los residuos, análisis físico-químico y seguimiento de los movimientos a lo largo de toda la operación. Tal y como denuncia Ecologistas en Acción, estos controles en España son poco o nada habituales.

¿Qué hay enterrado en los vertederos tóxicos españoles?

En nuestro país se conocen «menos de diez vertederos con depósito de seguridad» para enterrar definitivamente residuos peligrosos: las 500.000 toneladas de media de producción nacional anual y más de 100.000 toneladas importadas cada año.

En Andalucía, por ejemplo, el enterramiento de residuos tóxicos de producción nacional y de otros países llegados a través de los puertos de Cádiz, Sevilla o Huelva, se «lleva a cabo en los depósitos de dos vertederos con más de 20 años de antigüedad»: uno con una superficie de 48 hectáreas en Jerez de la Frontera (Cádiz) gestionado por Verinsur y otro en Nerva (Huelva) gestionado por DSM Soluciones Medioambientales con una superficie de 60 hectáreas.

Respecto al vertedero de Nerva, que se encuentra a 800 metros del casco urbano, el vecindario «lleva años sufriendo» las consecuencias la existencia de las instalaciones «a tiro de piedra» de sus casas, viendo colmatarse el depósito de seguridad del vertedero. Por ello, la ciudadanía, con el apoyo de numerosas organizaciones, ha pedido en incontables ocasiones la clausura de este vertedero tóxico y la restauración de la zona.

Según la organización ecologista la empresa gestora del vertedero, lejos de cumplir su periodo de vigencia y proceder al cierre conforme al condicionado de la Autorización Ambiental Integrada, solicitó hace más de un año, «amparándose en una interpretación sesgada de la Economía Circular, un cambio de actividades para ampliar su vida útil más de 10 años».

Ante esta situación, la recientemente formada «Alternativa Ciudadana Nerva Salud y Dignidad» ha dirigido una carta a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, a la que se han adherido partidos políticos locales de diferente signo. Ecologistas en Acción siempre ha apoyado a Nerva a favor de la clausura del vertedero, por lo que también se ha sumado a esta valiente misiva que denuncia la situación de decadencia que se vive, y solicita una fecha de cierre, la paralización del procedimiento de ampliación y la creación de un plan de actuación que incluya un fondo solidario de apoyo a las poblaciones desgastadas por soportar vertederos de esta índole en sus términos municipales.

Asimismo, Ecologistas en Acción solicitó en diciembre de 2020 a la Junta de Andalucía, la lista detallada de todos los residuos peligrosos que han llegado desde 2011 con destino a Nerva a través del Puerto de Sevilla. Fue en 2011 cuando se «dejó de convocar la Comisión de Seguimiento y Control», por lo que la gestión de las instalaciones ha «quedado totalmente opaca para la sociedad», y nunca más se ha recibido información de lo que allí ha sido eliminado o valorizado.

Según ecologistas, hasta la fecha, la Junta de Andalucía ha respondido que «necesita tiempo para atender la solicitud». Respecto a las alegaciones a la ampliación, que la organización ecologista presentó como parte interesada a la Administración andaluza en plazo y forma en junio de 2020, «tampoco se ha recibido respuesta alguna».

Ecologistas en Acción sostiene que el vertedero de Nerva recibió hace dos años «40.000 toneladas de residuos peligrosos» que llegaron en barco desde Montenegro al Puerto de Sevilla y tuvieron que ser transportados de «allí a Nerva en más de 1.300 camiones». Ecologistas en Acción también preguntó en octubre de 2020 a la autoridad competente sobre el supuesto caso de tráfico ilícito de esos residuos enterrados de forma permanente en Nerva, pero el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico «no responde». Por única respuesta, a finales de enero ha sido aprobado un nuevo plan para reforzar la vigilancia y el control de los residuos importados: un Plan Estatal de Inspección en materia de Traslados Transfronterizos de Residuos 2021-2026 que pretende asegurar el cumplimiento de la normativa europea y la eficacia de las inspecciones de los traslados de residuos entre España y terceros países.

En ausencia de respuesta, Ecologistas en Acción solicita amparo al Defensor del Pueblo y al Comisionado parlamentario andaluz, respectivamente, por indefensión ante la falta de transparencia y de contestación.

Juan Romero, portavoz de Ecologistas en Acción mantiene que «el panorama de los depósitos de seguridad no sólo requiere suprimir la incineración de residuos como sistema de eliminación, sino, además, limitar el vertido a los residuos peligrosos nacionales y comenzar a clausurar las instalaciones que vayan alcanzando su caducidad, sin prolongar la vida útil para la que fueron diseñadas. Con ello España podría garantizar la actualización de los objetivos de prevención, reciclado, valorización y eliminación a las nuevas directrices europeas para el horizonte 2030».

La Mesa Social del Agua considera que el Pacto Andaluz por el Agua no cuenta con un diagnóstico técnico adecuado y lo rechaza Los reveses en los juzgados obligan a la Junta a cambiar su política urbanística Ecologistas en Acción lanza la campaña ‘La verdad del gas’ para denunciar la imagen del gas como un combustible limpio Ecologistas en Acción Andalucía urge a impulsar un modelo de energía renovable respetuoso con los ecosistemas y el territorio