Ecologistas en Acción califica el Proyecto de Decreto de fomento de la integración y la mayor repercusión económica y social de las energías renovables en los municipios andaluces como una ocasión perdida. Se trata de un borrador que pretende desarrollar la Ley 2/2007, del 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía. Todo ello mientras han transcurrido casi veinte años sin que la Junta desarrolle las APER (Áreas Preferentes para las Energías Renovables) y que no exista ninguna mención a esta herramienta de planificación en el proyecto.

La pretensión de la Junta de Andalucía es dejar que sea el mercado, los inversores y los proyectistas quienes determinen el reparto del territorio para la implantación de las necesarias plantas fotovoltaicas, eólicas, de biomasa y de H2 verde; en definitiva, una renuncia de su obligación de defensa del bien común y de subordinación al servicio público, destaca la confederación de ecologistas.

La oposición fundada a determinados proyectos de energías renovables es considerada en este proyecto despectivamente como «falta de conocimiento». Y las movilizaciones en la calle son descalificadas como «respuestas por medios ajenos a los propios de la tramitación de los proyectos». Por su parte, Ecologistas en Acción afirman que la oposición ciudadana está motivada por «la total ausencia de planificación del despliegue de las energías renovables, por el recurso a la herramienta de expropiación forzosa a muchos ciudadanos afectados y por lo escuálido del retorno de la inversión para las poblaciones cercanas».

Ecologistas en Acción Andalucía ha emplazado a la Junta a crear una Empresa Pública de Energía que participe en la generación de energía renovable, y también en distribuidoras y comercializadoras públicas, además de ejecutar las APER, de forma que se puedan planificar de forma sostenible y vinculante las zonas adecuadas para la transición energética y se descarten los sitios vulnerables y no aptos.

Esta iniciativa corregiría «una Estrategia Energética de Andalucía 2030 repleta de palabrería y ausente de compromisos», afirman los ecologistas, para hacer frente a un «comisionado para el Cambio Climático y Modelo Energético que no tiene desde su creación ningún desempeño, una Agencia Andaluza que no está gestionando adecuadamente los fondos europeos para actuaciones energéticas».

Por último, Ecologistas en acción destacan que la administración andaluza debe proteger al territorio y a las poblaciones afectadas por la implantación del desarrollo renovable, redistribuyendo los beneficios sociales y económicos generados por las plantas de generación renovable. La transición energética tiene que estar en manos de la ciudadanía, y la “revolución verde” no puede ser un mero eslogan, sino una oportunidad para construir un sistema energético distribuido más justo social y ambientalmente.

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