Ecologistas en Acción ha tenido acceso a dos documentos de autorización del Gobierno de Montenegro a la empresa francesa Valgo, para que siga importando residuos tóxicos por un total, de momento, de 70.000 toneladas más para enterramiento. Esta autorización debe, previamente, de contar con autorización del Gobierno del Reino de España y la aceptación de la Junta de Andalucía.

Las primeras casi 40.000 toneladas de estos residuos fueron importadas en 2019 presumiblemente sin autorización del Ministerio de Transición Ecológica, competente del permiso, y con la connivencia de la junta de Andalucía, directamente para depósito, según la declaración de ese país balcánico en su informe anual al Convenio de Basilea.

Este hecho de posible tráfico ilícito de residuos tóxicos, recogido en el artículo 9 del Convenio de Basilea, que regula el movimiento de residuos industriales y peligrosos entre los países, fue denunciado por Ecologistas en Acción de Andalucía mediante escrito a Ismael Aznar Cano, Director General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio, registrado el 23 de octubre de 2020.

Por aquel entonces, la Federación onubense de Ecologistas en Acción pudo saber que habían sido denegados otros dos permisos para importar del mismo lugar en Montenegro para Andalucía otras 30.000 y otras 40.000 toneladas, y que la empresa había interpuesto un recurso por ello contra el Gobierno español. Sin embargo, la organización ecologista tuvo conocimiento en aquel momento de que “se está reconsiderando seguir importando unos residuos para los que en España no hay capacidad técnica para el tratamiento medioambientalmente racional”. Por ello, en el mencionado escrito de denuncia, la organización solicitaba una aclaración a ese respecto, que tampoco ha sido atendida.

Ahora, Ecologistas en Acción ha conocido que, bajo la “promesa” de que los residuos recibirán en el vertedero de DITECSA en Nerva un tratamiento adecuado antes de ser enterrados, los residuos tóxicos serán traídos en barcos desde Montenegro al Puerto de Sevilla y de ahí en camiones por casi 100 kilómetros de carretera, hasta Nerva. Es evidente que esta transacción con residuos tóxicos va en contra de todo principio de la economía circular que se pueda pensar, especialmente el de proximidad y el de autosuficiencia, pues no se enterrarán en el país productor, Montenegro, ni cerca, sino incrementando de forma exponencial la huella de carbono de esos residuos, además incrementar el riesgo de contaminación durante su transporte.

Los residuos tóxicos que están siendo enterrados en Nerva provienen del desmantelamiento de un astillero en el pueblo montenegrino de Bijela. Se trata de residuos de granallado o chorreado que contienen sustancias peligrosas y tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas, sustancias cuyo movimiento transfronterizo está prohibido por el Convenio de Basilea, excepto si el país productor no lo puede enterrar. Entre la composición de los residuos contaminados hay asbestos, un material demostradamente cancerígeno que requiere un tratamiento separado de cualquier otro contaminante; así como tributilo de estaño, un compuesto orgánico que es agente biocida y un disruptor endocrino muy peligroso que produce irritación y edema pulmonar, y que contamina el suelo y las aguas por un plazo de unos 40 años.

Montenegro ha recibido del Banco Mundial y el Banco Europeo de Reconstrucción 50 millones de euros para la descontaminación de cinco puntos negros ecológicos, uno de ellos el astillero de Bijela, de donde vienen estos residuos tóxicos, para convertirlo en un puerto de yates de lujo y super lujo para promocionar el turismo de alto nivel que va a construir una empresa de Emiratos Árabes Unidos, con una inversión de 350 millones de euros.

Estos hechos demuestran que el vertedero de residuos peligrosos de Nerva ha sido elegido por nuestros gobiernos como retrete tóxico de Europa sine die, para siempre, para mayor dolor de Nerva y Huelva, donde desemboca el río Tinto, que recoge las aguas residuales del vertedero, poniendo así los recursos pesqueros y turísticos onubenses en riesgo de ecotoxicidad. Es evidente que la Junta prevé el mantenimiento de este vertedero tóxico sin clausurar, a pesar de la cortina de humo sobre el cierre “ordenado” que esgrime. Y que el Gobierno español esquiva aplicar con contundencia los objetivos de las políticas acordes con el escenario de cambio climático y Economía Circular.

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