Denuncia la falta de respuesta de la Junta de Andalucía a sus propuestas
El Consejo del Movimiento Ciudadano se ha dirigido a los partidos políticos de Córdoba para que se comprometan en la modificación de la normativa sobre ocio y actividades recreativas, hosteleras y turísticas en busca de mejorar la convivencia y las condiciones medioambientales de la vida cotidiana. Específicamente, ha solicitado la no aplicación y/o derogación del decreto 155/2018 de 31 de julio por el que se ampliaban las modalidades, apertura y horarios de las actividades recreativas y de ocio, con mayor incidencia en las zonas de gran afluencia turística, que en nuestra ciudad es el Casco Histórico.
A este respecto, hace un mes remitió una respuesta de modificaciones del citado decreto a la Consejería de Justicia e Interior, sin que haya más recibido más respuesta de que está pendiente de informe jurídico. Esto demuestra la falta de sensibilidad y de respeto a los órganos de participación de la ciudad y la propia Ley de Participación Ciudadana de Andalucía, y la cesión de la Junta de Andalucía a la presión del lobby hostelero. El decreto ya nació sin consultar al movimiento ciudadano ni atender sus aportaciones y ahora se mantiene como política de hechos consumados, no sabemos a cambio de qué contrapartidas ocultas.
El Consejo del Movimiento Ciudadano transmitió la necesidad de que se limitase las actividades con sonido y música en el exterior de los establecimientos, que no se permitiese a pub y discotecas contar con terrazas, limitar las ampliaciones de horario, mantener la necesidad de licencia previa para ejercer la actividad y ampliar la participación ciudadana ante la apertura de nuevos establecimientos, evitando la concentración de los mismos, en especial en la zona del casco y las zonas patrimoniales, totalmente inadecuadas para esta actividad de forma descontrolada.
El Consejo del Movimiento Ciudadano va a requerir a la alcaldía, al gobierno municipal y a todo el pleno su oposición a la aplicación del decreto, y la aplicación de la normativa vigente en materia de terrazas y veladores, ruidos, ocupaciones de la vía pública y en defensa de las zonas protegidas por su valor patrimonial o su especial sensibilidad social (zonas sanitarias, educativas,…). Igualmente, ya se ha dirigido al defensor de pueblo andaluz para que intervenga en la inobservancia de las ordenanzas municipales, rayando en la prevaricación, por lo que también se muestra dispuesto a poner esta situación en conocimiento de la fiscalía.
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