Durante estos años de gobiernos de Rajoy, la ciudadanía y los trabajadores han sufridos una de las peores crisis de la reciente historia colectiva. Ello ha permitido que los poderes del país tomasen una batería de decisiones que han dejado un surco muy profundo en materia de desigualdades y pobreza para las clases populares, mientras que las clases ricas han multiplicado sus ganancias.

Antonio Amil y M.A Linares

Publicado en Diciembre 2017 en el Número 9 de la edición impresa

Los jubilados y pensionistas también han sido objeto preferente del afán de bancos y gobiernos soportando más si cabe los efectos de políticas regresivas como la liquidación del Fondo de Reserva de las Pensiones, que amenaza la supervivencia del sistema en su modalidad de reparto y solidaridad intergeneracional.

Esta ofensiva se ha activado desde el principio de la crisis y en varios frentes: el informativo-propagandístico de medios afines a la gran banca y gobierno, desde el político-legislativo con las reformas para la privatización de los Servicios Públicos; en pensiones; alargando la edad reglamentaria, congelando prácticamente las pensiones y desde el frente sanitarios-farmacéutico obstaculizando el derecho a la salud y poniendo copagos en el acceso a la asistencia y a los medicamentos.

Farmacia y Copago: de como el PP obliga a los Jubilados a financiar a Farmaindustria

El copago es consecuencia directa de la estrategia anteriormente citada y el resultado lógico de la mercantilización de la asistencia sanitaria y farmacéutica, su implantación rompe con el carácter solidarios y retributivo para presentarlo cono un objeto de mercado, un consumible más que pervierte el derecho a la sanidad anulando la universalidad, la gratuidad y la equidad.

El copago farmacéutico desde su implantación en 2012 ha significado para jubilados y pensionistas un impuesto regresivo que para algunos ha supuesto un desembolso de mas de 6.000 millones de euros contraponiéndose con las subidas del mísero 0,25 % en las pensiones, otro ejemplo más de como mediante leyes regresivas el gobierno facilita la transferencia de rentas del trabaja al capital y que lo hace aboliendo el derecho de los jubilados a la gratuidad de farmacia.

El gobierno no tiene en cuenta que el 73% de la población mayor de 60 años necesita entre 1 y 4 fármacos al día como resultado de patologías crónicas lo que explica que los pensionistas tengan una tasa de consumo de medicamentos más alta (5,6% frente al resto de la población 2,4%). La Ley 16/2012 en el punto de copagos pretendía un ahorro en Farmacia de 2.300 millones y que con el paso del tiempo ha quedado reducida a 363 millones de los que hay que apartar 198 que corresponden a la desfinanciación de más de 400 fármacos de gran uso entre los jubilados, como los indicados para la tos, estreñimiento, diarreas, hemorroides, ojo seco y otras. Datos de 2013 confirmaban que entre el 15 y el 20% de los jubilados no retiraban los medicamente que les recetaba su Medico de Familia por impedimentos económicos, . Hasta la fecha no parece que ninguna administración sanitaria haya intentado medir el impacto sobre la salud por la no toma de medicamentos prescritos. La no continuidad de una medicación ante una enfermedad crónica tiene en muchos casos consecuencias fatales para la vida.

Los copagos son un elemento valioso en la política del PP, son esenciales para intensificar la contrarreforma fiscal, transfiriendo recursos de rentas más bajas a las más altas, incrementado la presión fiscal a estos sectores deprimidos y bajando los impuestos a los ricos, reduciendo impuestos de sucesiones, patrimonio o sociedades. Es por ello que cuando el Gobierno vasco intento que lo más regresivo del Decreto 16/2012 no tuviera aplicación o cuando el Gobierno andaluz quiso poner en marcha la subasta de fármacos, el PP fulminó ambas actuaciones con recursos al Tribunal Constitucional dejando claro que no tenía interés en plantar cara a la crisis ni ahorrar en gasto sanitario que su misión era usar las rentas de los pensionistas para pagar la factura de la industria farmacéutica.

Protocolo entre Farmaindustria y el Gobierno

La única interpretación posible ante el copago es que el Gobierno quiere convertir la salud en un negocio, mediante el pago inmediato por el servicio prestado. De esta forma es como se entiende la desfinanciación a prestaciones cubiertas como los genéricos hasta el año 2011 una aspiración continua de las empresas farmacéuticas para subir sus beneficios a expensas del principio de universalidad, es así como Farmaindustria consiguió traspasar más del 12% del total de la desorbitada e ineficiente factura farmacéutica a los ciudadanos con la solicita colaboración del Gobierno de Rajoy.

Ilustración: Forges

Gobierno que su único afán es prevalecer los beneficios de Farmaindustria frente a la salud, imponiendo la subida de medicamentos de acuerdo al IPC sin tener en cuenta la practica congelación de las pensiones y nula subida en los salarios. Es por ello que la renovación para 2017 del Protocolo entre Farmaindustria y los Ministerios de Sanidad y Hacienda de 2015, siga buscando el consumo de medicamentos NO GENERICOS (los medicamentos caros). Para seguir aumentando los beneficios de las multinacionales.

La imposición por parte del Gobierno para que todas las Autonomias acepten el protocolo con Farmaindustria ya que de lo contrario no podrán acceder a los prestamos del Fondo Liquidez Autonomico, debiera ser inaceptable ¿ Como una adhesión que se dice voluntaria figure como requisito para acogerse al FLA? , la respuesta es clara: Se trata de un acuerdo a favor de la industria farmacéutica y no de las comunidades, ya que se obliga a los departamentos de Sanidad a adquirir productos de marca en detrimento de los genéricos o biosimilares. La factura como siempre, la ciudadanía.