En el artículo 39 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, se desglosan 5 puntos sobre la Educación en Valores. Entre algunas de las acciones citadas se menciona: “el derecho a recibir una educación en derechos humanos, libertades fundamentales” (punto 1), “superación de las desigualdades por razón del género” (punto 3), “contenidos y actividades que promuevan la práctica real y efectiva de la igualdad” (punto 4), “educación para el consumo, de salud laboral, de respeto a la interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente” (punto 5).
Durante muchos años hemos estado hablando y profundizando sobre temas sociales como la ecología, feminismo, antirracismo, libertades sexuales y/o la distribución de la riqueza, con la tranquilidad de ser temas ampliamente aceptados por la comunidad educativa y, legalmente recogidos, aun existiendo una minoría opositora.
El 2 de diciembre de 2018, en las elecciones andaluzas, algunas vivimos con asombro aterrador la subida y entrada en el parlamento de un partido voxmitivo. Y con él, algunos de sus primeros pinitos fascistoides antidemocráticos en el escenario educativo. El famoso pin parental parece lejano pero en el ámbito educativo fue la evidencia de cómo la ultraderecha acompaña de autocensura la defensa de los derechos humanos y sociales, y por lo tanto, de los valores democráticos incluidos en, por ejemplo, el Estatuto de Autonomía andaluz. En concreto el segundo principio rector del artículo 37 dice, textualmente, “La lucha contra el sexismo, la xenofobia, la homofobia y el belicismo, especialmente mediante la educación en valores que fomente la igualdad, la tolerancia, la libertad y la solidaridad”.
El pin que no llegó del todo se clavó en nuestro miedo a educar en las libertades sociales para una sociedad más sana, equitativa y justa para todas las personas, seres y ecosistemas del planeta. Se abrieron las puertas de lo políticamente incorrecto, o mejor dicho, socialmente reprochable, donde esa minoría se creyó en el derecho de poder alardear de bulos contra los derechos humanos y sociales. Por un momento se vivió una sensación de autocensura donde algunas personas comenzamos a dudar y tener recelos para generar diálogo y debates en torno a la justicia social en las aulas y fuera de ellas. De repente hacer “talleres de lo de siempre” era incómodo y arriesgado. Y entonces se empezó a creer que las familias podían tener el derecho a vetar que su hijo/a pueda hablar de la paz y la justicia social en su clase, en la educación pública, con autorización previa familiar para poder hablar de ecología, educación sexual, violencia de género, antirracismo… y aunque nunca llegamos a vivir algo así, nos lo llegamos a creer un poco.
Sin embargo, la educación con su poder transformador en todas las direcciones nos construye y reconstruye. Los monstruos dejan de verse cuando, como decía Galeano, vuelves a encontrar la esperanza que es viva y alimenta la duda, y que corre despavorida tras la utopía que no es más que la fiel creencia de que la realidad es transformable. En estos años también se ha visibilizado el nombre a nuestra capacidad de resistencia y adaptación -inconformista-, la resiliencia, más fuerte y duradera cuando es colectiva y cuando somos conscientes de nuestra interdependencia y necesidad de hacer y ser comunidad.
El aporte de las familias, docentes y agentes sociales para una educación pública, universal y de calidad es esencial. Cuando se suma, se multiplica, y se genera un clima educativo que trasciende las paredes del aula. La educación en valores con recelos y miedos es una educación descafeinada. Cuando se educa desde la equidistancia, se educa para la opresión. Generar espacios de debate y de diálogo donde expresar inquietudes, dudas, certezas e incoherencias nos acerca y nos nutre.
Las mentes y los corazones de la adolescencia se alimentan de debates profundos que promueven responder a la pregunta de «¿Quién soy yo?«, la 5ª etapa de la teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson. Esa pregunta que aparece por primera vez cuando somos adolescentes y que permanecerá en nuestras crisis existenciales para el resto de nuestra vida, tiene un difícil desarrollo si no se atiende a las inquietudes juveniles. Es una pregunta individual que no se responde sin mirar lo que nos rodea y quién nos rodea, que lleva irremediablemente a necesitar de lo colectivo. El bloqueo y la negación de la realidad social en las aulas es fracaso escolar, y también, del desarrollo y evolución personal y de la sociedad.
La educación en valores solidarios, equitativos y justos es un derecho básico reconocido en el artículo sexto de la Modificación de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, y no se puede extirpar de la educación pública porque ésta no depende de la ideología y convicciones individuales de cada familia y/o docente.
Por eso el miedo al PIN nos supuso en realidad un pequeño reto de convicción y certeza que llenó de argumentos más sólidos nuestra labor educativa para generar espacios donde la sociedad, especialmente la adolescencia, viva su derecho a ser educada en y para la solidaridad.
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