El pasado 25 de marzo, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) viajó a Estrasburgo para pedir a los europarlamentarios españoles que, en la votación plenaria de ayer 26 de marzo, rechazasen la Directiva que reforma los derechos de autor en el mercado único digital. La PDLI tenía en marcha desde hace meses la campaña #Stopcensuracopyright contra la reforma de la Directiva. Considera que el texto definitivo, a pesar de lo que se quiere hacer creer, corre el riesgo de crear graves impedimentos para el funcionamiento de Internet y la libertad de expresión de todos.

“La directiva hace responsables a los servicios que permiten a los usuarios compartir contenidos, y en la práctica obliga a implantar filtros de borrado. Solo se supervisará por seres humanos si el usuario reclama. Primero censura, luego pregunta”, explica el director legal de la PDLI, Carlos Sánchez Almeida.

“Teóricamente la cita y la parodia están protegidas. En la práctica, el algoritmo borrará contenidos, porque las máquinas tienen un sentido del humor muy especial”, remacha, en alusión a la imposibilidad, hasta la fecha, de desarrollar sistemas automáticos que detecten la sátira o la ironía.

Por su parte, David Bravo, destaca que, tras las últimas revisiones por parte del Consejo, la Directiva, en lugar de mejorar, ha empeorado: “El nuevo texto es peor que el anterior y dice ya de forma expresa lo que las anteriores versiones dejaban caer de forma más disimulada”, alerta.

Artículo 17 [antiguo artículo 13]: se mantienen, en la práctica, los sistemas de filtrado

Cambiar o reinterpretar el régimen de responsabilidad de las plataformas y hacerlas directamente responsables es una amenaza para los derechos fundamentales, como han declarado repetidamente más de 70 personalidades de Internet, el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, ONGs, programadores y académicos .

El filtrado resultante (“tecnologías de reconocimiento de contenido”) empujarían a los intermediarios de Internet a confiar en tecnologías propensas a errores, intrusivas y legalmente cuestionables.
Confiar en algoritmos muy imperfectos para regular la libertad de expresión online pondrá en riesgo la diversidad de opiniones y el contenido creativo.

La inseguridad jurídica creada para las empresas europeas significará que nunca sabrán qué cantidad de filtrado será suficiente para que se considere “suficiente” para las 27 transposiciones nacionales de la Directiva. La única opción será el bloqueo de contenidos legales.

Artículo 15 [antiguo artículo 11] Derecho de los editores de prensa

Según lo analizado por una gran cantidad de académicos (cuyos informes están en poder de los MPs desde hace tiempo), no es necesario un derecho de los editores de prensa y solo tendrá resultados perjudiciales.

Además, como resultado de esta propuesta, los enlaces compartidos por los usuarios en las redes sociales, los sitios web de agregación de noticias y los motores de búsqueda ya no mostrarán extractos o dejarán de estar disponibles, lo que creará límites a la libertad de los ciudadanos para buscar e impartir información.

La pluralidad de los medios sufrirá a medida que las fuentes de noticias nuevas o innovadoras ya no se tratarán por igual en la visualización de resultados en Internet.

Además, el contenido creado por los usuarios en plataformas ya no podrá incluir extractos de trabajos con licencia, ya que las reglas de cotización entre los países europeos no están armonizadas

Por todo ello en la votación del 26 de marzo, la PDLI pide el voto en contra de la reforma de la actual Directiva.

Los eurodiputados españoles de PP y PSOE votan en masa y sin disidentes en favor de la nueva directiva de protección del copyright

En el caso español, no sólo populares y socialistas han ido de la mano sino que sólo hubo dos ausencias de estos partidos. Por parte del Partido Popular faltó a la cita, la veterana Verónica Lope Fontagné muy probablemente en retirada política,  y en el bando socialista, la defenestrada Elena Valenciano. Los restantes quince eurodiputados populares, entre ellos los pesos pesados  López Isturiz y González Pons, votaron en favor de la directiva, al igual que los 13 socialistas, liderados por Ramón Jaúregui y Juan Fernando López Aguilar. De los diputados españoles en Estrasburgo integrados en otros grupos, ha sorprendido el voto negativo de Beatriz Becerra, quien llegó a la institución europea bajo el paraguas de UPyD, y ahora figura como independiente en el grupo ALDE (centrista) al que pertenecen, Nart, Carolina Punset, los nacionalistas Ramón Tremosa (catalán) e Izaskun Bilbao (vasca), María Teresa Giménez Barbat,  también ex UPyD,  Enrique Calvet, expulsado del grupo que fundó Rosa Díez, Maite Pagazaurtundua. De este grupo se ha corregido el voto de Tremosa, que pasó de ser marcado como a favor a hacerlo en contra, uniéndose así al de  Becerra. Punset, que presentó su dimisión en Ciudadanos no acudió a la votación, en la que el resto respaldó la directiva.

Entre las 36 abstenciones figura la de la española Paloma López Bermejo, de Izquierda Unida, que de esta forma se desmarcó del voto negativo de sus compañeros Javier Couso y Marina Albiol, y de los otros miembros del grupo de la izquierda GUE, miembros de Podemos, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga y Lola Sánchez Caldentey, no habiendo acudido Estefanía Torres. Votaron en contra también los eurodiputados españoles que forman parte de los Verdes (grupo Greens), Ernest Urtasun, Florent Marcellesi, y Jordi Solé y Josep María Terricabras, de Esquerra Republicana, pero integrados en el grupo verde. En esta formación se produjo la ausencia de la gallega del Bloque, Ana Miranda.

A continuación, ofrecemos capturas de pantalla del documento de la votación, con los votos de cada eurodiputado el pasado 26 de marzo, disponible en la web del Parlamento Europeo;

Imagen: @Senficon