El pasado viernes día 20 llegó a nuestras costas el buque saudí después de haber hecho escala con la misma misión de cargar armas, en los puertos de EE.UU. de Pensacola, Freeport, Houston y Dundalk. De Motril partió en dirección al puerto turco de Iskenderun (Alejandría).
Desde que en enero de 2017 una delegación española, con el rey a la cabeza y representantes de las 24 principales empresas de armamento nacionales, visitaron Riad, y se firmó un acuerdo entre el rey Felipe VI y el príncipe heredero Mohamed Bin Salman para la venta de material de defensa, los cargueros Bahri no han dejado de llegar a España.
Este acuerdo fue criticado por organizaciones como Ecologistas en Acción y Amnistía Internacional. En el Congreso de los Diputados, Alberto Garzón, coordinador y portavoz de Izquierda Unida, y actualmente ministro, advirtió al Gobierno del PP que sería “cómplice de los asesinatos y de los crímenes en la guerra de Yemen”.
La Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, dice, entre otras muchas cosas: “España tiene el deber de que sus exportaciones no fomenten la violación de los derechos humanos, ni aviven los conflictos armados ni contribuyan de forma significativa a la pobreza” Por lo que se debe denegar la autorización, ya que el material de defensa o los productos y tecnologías de doble uso se van a emplear en acciones que perturben la paz, o en situaciones de violación de derechos humanos»
Ecologistas en Acción ha reclamado al actual gobierno que cese la venta de armas a Arabia Saudí ya que hay “indicios racionales” de que las armas que va a transportar este barco van a ser utilizadas en la guerra del Yemen, en el bombardeo continuo de población civil, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos por parte de ese país.
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