Entre el intimismo humanitario y la denuncia política. Así podríamos definir el logrado equilibrio que Almudena Carracedo y Robert Bahar construyen a lo largo de 90 minutos de denuncia de la barbarie franquista que aplastó vidas y derechos humanos desde 1936 hasta el final de la Transición sangrienta. La base emocional que genera identificación y complicidad con los espectadores la forjan historias bien entrelazadas de víctimas del franquismo que, con un tratamiento muy eficaz y directo de la imagen y la palabra, desnudan ante los sacudidos espectadores el dolor prolongado, la honda sensación de olvido, de desamparo, de injusticia en suma por parte de los poderes públicos democráticos que deberían haberlos protegido. Las víctimas están bien escogidas y representan con fuerza el abanico de la brutalidad franquista. Hijas y nietos de asesinados y desaparecidos como consecuencia del plan genocida durante el golpe y la guerra, torturados en la Dirección General de Seguridad en el tardofranquismo y la Transición, madres de bebés robados, mujeres rapadas y humilladas públicamente como expresión de la violencia específica ejercida sobre la población femenina republicana. La memoria del dolor, las heridas abiertas durante más de ochenta años nos sacuden profundamente a la vez que generan preguntas inquietantes respecto a cómo una democracia digna de tal nombre puede cimentarse sobre la base de esta inmensa injusticia histórica.

Pero si la película se quedara en esto no sería más que un buen ejemplo de la memoria humanitaria que sectores de la izquierda monárquica llevan tiempo alimentando, como un sucedáneo progre de la memoria democrática. Sobre la trama del dolor y el olvido se traza la razón política de la impunidad de los verdugos y se apunta –aunque no con la fuerza y la intensidad suficientes- a las causas de la renuncia del Estado surgido de la Transición a responder a los derechos de las víctimas tal y como exige la Justicia Universal. La Ley de Amnistía del 77, la pervivencia de los jueces y policías franquistas bajo la Monarquía liberal-parlamentaria, el vacío educativo que explica el desconocimiento de la ciudadanía del carácter criminal de la dictadura junto con el mantenimiento de valores antidemocráticos en la derecha del régimen y en los sectores sociales que la sustentan, se nos muestran como la urdimbre de la impunidad estructural y consustancial al propio régimen monárquico que en definitiva acaba frustrando el empeño de la querella argentina -impulsada por víctimas del franquismo y conducida por la jueza María Servini- por conseguir la condena de torturadores como Antonio Pacheco y Jesús Muñeca o políticos que dirigieron la represión como Martín Villa.

La propia película muestra en sus limitaciones críticas las líneas rojas a la denuncia política de la impunidad que el sistema establece. Así, solo aparece fugazmente la figura de Juan Carlos junto al dictador ya decrépito pero no se ahonda en la relación que existe entre la no criminalización del franquismo y el origen de la propia monarquía, puesto que mostrar a la ciudadanía la esencia criminal de la dictadura supondría sin duda un descredito y desvalorización de la restaurada dinastía borbónica. Algo parecido ocurre con el papel de la socialdemocracia en el desistimiento del estado respecto al deber público de Memoria. Ni una alusión a lo que pudo hacerse y no se hizo tras el golpe de estado de Tejero y la abrumadora mayoría política y social que alcanzó el PSOE en el 82, mientras que sí aparece de forma explícita el rechazo de la derecha a las reivindicaciones y valores de la Memoria Democrática.

En suma, una película con grandes dosis de honradez en el relato, técnicamente bien resuelta a partir de un hilo argumental que desgrana con claridad expositiva y fuerza emocional la persistencia del olvido y la impunidad en nuestro país, pero que también incorpora el doble tabú al papel de la monarquía y la gestión política de la izquierda monárquica de las políticas públicas de Memoria.