Zapatero-Rajoy: un modelo de desarrollo económico basado en la precariedad laboral que nunca pretendió elevar los ingresos del Estado a través de impuestos a las grandes fortunas
César Pérez Navarro
Publicado en marzo de 2017 en el Número 3 de la edición impresa
La propaganda gubernamental desde el inicio de la crisis sigue repitiendo un mismo mantra con leves variables en el discurso: la exigencia de austeridad a la ciudadanía como único camino para salir de un período de recortes que se acerca ya a una década. Se ha precarizado la vida de toda una generación de jóvenes sin acceso a empleos dignos. Los gobiernos centrales pusieron en marcha sendas reformas laborales que garantizaron el estancamiento o retroceso de los salarios pero nunca intentaron elevar los ingresos a través de la subida de impuestos a las grandes empresas o rentas más altas de España. Tampoco se volcaron esfuerzos en la recaudación del inmenso fraude fiscal protagonizado por los mismos sujetos. La consecuencia es que mientras se pedía al pueblo “abrocharse el cinturón” el Estado continuaba endeudándose mientras rescataba a la banca. El cínico espíritu de este período lo resumió el entonces presidente de la Patronal Díaz Ferrán en 2010: «solamente se puede salir de la crisis de una manera, que es trabajando más y desgraciadamente ganando menos». Ferrán pasa ahora sus días en la cárcel por varios delitos de corrupción, como algunos de sus compinches.
En el verano de 2016, el gobierno de Mariano Rajoy (+363.757 millones de euros) ya había superado el endeudamiento acumulado por el anterior ejecutivo de Rodríguez Zapatero (+354.530 millones). En 2008, inicio de la segunda legislatura de Zapatero, la deuda era de 439.000 millones y el 39% del PIB. A finales de 2011, cuando Rajoy llega al poder, la herencia del PSOE era de 743.000 millones y el 69,5%, pero la deuda siguió creciendo a ritmo vertiginoso y cerró 2016 en 1.105.000 millones y el 99% del PIB.
La banca siempre gana
Recientemente, el Tribunal de Cuentas ha reconocido que el coste del rescate de la banca española es de -al menos- algo más de 60.000 millones de euros, pero muchos de estos bancos son también acreedores del Estado español. En nuestro país, el pago de intereses a entidades financieras suponía casi la mitad de la deuda pública total a finales de 2015. Desde 1995 a 2015 la ciudadanía pagó intereses que representan el 61,37% del incremento de deuda pública entre esos años. Para hacernos una idea, si no hubiera que pagar intereses, nuestra deuda pública no sería del 99,1% del PIB de finales de 2015 sino del 55%. Como apunta el catedrático de Economía aplicada Juan Torres [1], “pagar toda esta ingente cantidad de dinero a los bancos privados es innecesario y completamente absurdo porque, en contra de lo que la gente cree por culpa de las mentiras de muchos economistas y políticos, los bancos no tienen que renunciar a nada para financiar a los gobiernos ni han de disponer previamente el dinero para prestárselo: simplemente lo crean de la nada, lo mismo que hacen cuando prestan a empresas o individuos particulares, y para colmo manipulando a sus anchas, junto a los fondos de inversión, los tipos de interés a los que financian”.
¿Qué es la deuda ilegítima?
Una deuda de la que no se puede exigir su reembolso ya que el préstamo infringió leyes (tanto nacionales como internacionales), o porque las condiciones del mismo fueron muy injustas, no razonables, inadmisibles, objetables, o dicho préstamo no se utilizó en beneficio de la población.
¿Qué es la auditoría de la deuda?
La auditoría es un instrumento de control ciudadano que permite entender el origen de la deuda pública. Se centra en la identificación de la deuda ilegítima. Numerosas deudas son ilegítimas porque han sido contraídas violando el derecho y/o porque no han beneficiado a la población. Aquí pueden incluirse, por ejemplo, las deudas resultantes de una política fiscal regresiva o el rescate financiero de bancos y grandes empresas con fondos públicos.
Cifras para marearse
- El Ayuntamiento de Córdoba terminó 2016 con una deuda de poco más de 239 millones. La previsión es que 2017 concluya con 224,5 millones [2].
- En 2017 se espera una reducción de 14,5 millones para las arcas municipales. 4 de ellos se ahorrarán gracias a la renegociación de los tipos de interés propuesta por Ganemos Córdoba en 2016, a razón de 400.000 euros los próximos diez años.
- Solo dos bancos, BBVA, que prestó 130,7 millones a un interés fijo del 5,45%, y Sabadell, al que se le deben 37,8 millones al 4,48% fijo, acumulan casi el 75% de la deuda del consistorio.
- El interés más elevado lo alcanza Caja Castilla la Mancha -el 60% a principios de 2016- aunque el préstamo fue de 3 millones. La entidad financiera exigía 4,7 millones de “prima” para su cancelación y actualmente está en los tribunales.
- De los 303 millones de euros de presupuesto anual (Ayto. sin empresas municipales) 38 millones se dedican al pago de préstamos a la banca privada y de estos 12 corresponden al pago de intereses.
- 28,1 son los millones de euros que Rafael Gómez “Sandokan” debe al Ayuntamiento
La deuda con la banca, una losa de entre un 10 a 15% del presupuesto municipal del Ayuntamiento de Córdoba desde el inicio de la crisis
En los siete años que van de 2008 a 2015 se registra un aumento de la deuda que equivale a la mitad de lo acumulado en todos los años anteriores de gobierno municipal desde la llamada Transición, del 9,4 al 14,7%. Anteriormente hay declaraciones contradictorias en prensa sobre el derroche o ejemplo de austeridad que supuso la legislatura de Rafael Merino (1996-99), pero no encontramos documentación disponible para la ciudadanía.
En el presupuesto municipal de 2008 -año que marcó el inicio de la crisis financiera y sistémica- se hacía referencia a que la deuda municipal -incluyendo pago de intereses- suponía un porcentaje del 9,40% del total del Presupuesto de Gastos [3] del Ayuntamiento. En la última etapa de la alcaldía de Rosa Aguilar y Andrés Ocaña (2007-2011) ese porcentaje se eleva 3 puntos hasta el 12,54% del presupuesto. La salida de Jose Antonio Nieto (PP) de la alcaldía en 2015 significa una deuda del 14,7% del presupuesto anual [4], porcentaje que marca el techo histórico en Córdoba. En diciembre de 2016, durante el actual gobierno de Isabel Ambrosio junto a IU y con el apoyo de Ganemos, hay un cambio de tendencia y la deuda se reduce al 13,36% del presupuesto [5] mientras que para diciembre de 2017 se prevé un 12,69% [6].
En interés más alto lo paga el Ayuntamiento a Caja Castilla la Mancha, en la actualidad absorbido por Liberbank. Lo negoció el gobierno de Rosa Aguilar de forma inhabitual como un “producto estructurado” que penalizaba los bajos tipos de interés, y aunque el interés incial era de entre el 2 y 5,5%, ahora está en el 60%.
Renegociaciones aún lejos de una auditoría real de la deuda ilegítima
Aunque se acaban de renegociar 18 millones de préstamos por parte de Cajasur, Caja Granada y BBVA [7] y este último -por ejemplo- se ha bajado del 1,75% de interés al 0,6%, hay que decir que lo conseguido queda muy lejos de una auditoría profunda de la deuda que establezca claramente la parte ilegítima de la carga. Esto implicaría -sin duda- la renegociación de los 130 millones al 5,45% de interés fijo que el consistorio audeuda al BBVA, entre otras cantidades obscenas.
Notas
[1]_http://www.juantorreslopez.com/que-hay-detras-de-la-ingente-deuda-publica-de-europa/
[4]_http://www.cordoba.es/doc_pdf_etc/AYUNTAMIENTO/PRESUPESTOS_MUNICIPALES/2015/INFORME_ECONOMICO_FINANCIERO_2015.pdf (Pág. 29)
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