Redacción

Publicado en diciembre de 2016 en el Número 0 de la edición impresa

Córdoba es una provincia que depende económicamente de forma clara y neta de la agricultura. Con una de las extensiones más grandes del Estado, la riqueza que podría generar dista mucho, en cantidad y en reparto, de lo que cualquier valoración, desde la justicia social, podría sostener. Con un porcentaje de paro superior al 30% y del 50% en el caso del juvenil, es un sinsentido el que miles y miles de hectáreas estén sin cultivar, bien por ser de propiedad pública sin uso o bien por ser latifundios de “señoritos” antiguos y no tan antiguos.

Como bien indica la CNT de Córdoba en su análisis de este mismo año “Informe de la situación del campo andaluz” (http://cordoba.cnt.es/node/1296), la situación de las propiedades parece haber variado poco desde al franquismo. Los mismos o nuevos terratenientes, cuya dedicación empresarial no es la agricultura, siguen teniendo la propiedad de los grandes latifundios andaluces. Según el mencionado informe, los grandes latifundistas beneficiarios son los Mora-Figueroa Domecq, la Casa de Alba, Juan Roig (Mercadona), Juan Villar Mir, Juan Abelló, Jaime Botín, Mario Conde,… familias y empresas que tributan en Madrid, Barcelona o, a lo sumo, en Sevilla, lejos de donde están los terrenos y que reciben millones de euros del erario público en subvenciones. Un 8% de perceptores se llevan más del 50% del dinero presupuestado (véase el gráfico, extraído del mencionado informe)

¿Para qué invertir si ya reciben millones de euros anuales sin tocar la tierra? Porque, este dinero, proveniente de la PAC (Política Agraria Comunitaria) se paga por extensión de terreno, no porque esté en cultivo.

En siguientes números de nuestro periódico dedicaremos más espacio a estas políticas agrarias y sus consecuencias, aunque en el mencionado trabajo de CNT podemos encontrar dicho análisis. Pero ahora que estamos en plena campaña de la naranja y la aceituna, y que hemos pasado recientemente la de la uva, queremos destacar las condiciones laborales en las que trabajan las personas jornaleras en el campo cordobés.

En primer lugar habría que destacar que, aun habiendo miles de hectáreas sin cultivar, más de un millar de cordobeses tuvieron que emigrar para recoger la uva en Francia. Otro estigma del franquismo. Y es que, aunque los beneficios para los terratenientes han subido, desde 1992 hasta la fecha hay 300.000 hectáreas cultivadas de vid menos en Andalucía. En Francia, el salario real es un mínimo de un 50% más alto que en España y, como es de esperar, con su debido contrato y alta en la Seguridad Social, cosa que en nuestras tierras muy lamentablemente parecer ser más la excepción que la regla.

En Córdoba, el convenio, para la recogida de aceituna, ajo, naranja, está en 43€ el jornal. Mucho más bajo que el de Jaén, que está en 54€.

“Familias Domecq, Alba, Roig, Mir, Abelló, Botín, Conde… ¿Para qué invertir, si ya reciben millones de euros anuales sin tocar la tierra?”

En el caso de la naranja, la realidad es que los casos de explotación laboral, incluso muy severa, proliferan. Muy cercano tenemos lo ocurrido en Córdoba y en Huelva, donde traían a personas de otros países engañadas, prometiéndoles 50€ diarios, que se quedaban en 30€ semanales, con jornadas de 10 horas sin descanso, prohibición de llegar a casa después de las 2 de la mañana, de beber alcohol, bajo castigo físico en exposición pública (http://www.elconfidencial.com/espana/2015-02-08/trabajaban-10-horas-al-dia-en-el-campo-por-30-euros-a-la-semana-y-sin-dias-libres_703807/, http://www.elmundo.es/andalucia/2015/02/23/54eb095e268e3e32488b4594.html)

En otros casos, hay personas que trabajan gratis, sólo por el sello del jornal para acumular los 35 exigidos anualmente, y que, con las condiciones climáticas que venimos sufriendo gracias a nuestro descuido absoluto por nuestro planeta, cada año son más difíciles de conseguir.

En el caso de la aceituna, la realidad es muy similar. En ningún caso se cumplen las condiciones pactadas en los convenios. Ni de salario ni de jornada laboral. Para ello, los empresarios traen a personas de otros países dispuestos a trabajar por menos dinero y en peores condiciones. Y estamos hablando de un sector que produce al año, en nuestra provincia, y dependiendo de las condiciones climatológicas, en torno a las 300.000 toneladas de aceite, unidas a las 75.000 toneladas de aceituna de mesa. Tanto en aceite como en aceituna, Córdoba es la segunda provincia productora del país.

Mientras esto ocurre, la realidad dice que el gobierno central y el de la Junta no hacen absolutamente nada para remediar esta contradicción. Por poner un ejemplo, para vigilar las condiciones de trabajo en el campo cordobés sólo hay dos Inspectores de Trabajo. Según denuncia además el SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores) los días en que los inspectores acuden a los tajos son los únicos en que se cumplen los convenios. Extraña coincidencia.

“La propiedad de la tierra en Europa se ha vuelto tan desigual que en algunas regiones alcanza niveles parecidos a los de Brasil o Colombia, países conocidos por su inequidad en la distribución de la tierra”

El campo cordobés, en lo que va de siglo, según fuentes del INE (Instituto Nacional de Estadística) ha perdido 13.000 explotaciones agrarias, un 26% del total de existentes, una caída por encima de la media nacional.

Un estudio, a nivel estatal, realizado por Plataforma Rural, Fundación Mundubat, Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas, (COAG) Sindicato Lábrego Galego (SLG), EHNE Bizkaia, la Confederación de Mujeres del Mundo Rural (Ceres) y Sindicato de Obreros del Campo (SOC) destaca que «la propiedad de la tierra en Europa se ha vuelto tan desigual que en algunas regiones alcanza niveles parecidos a los de Brasil o Colombia, países conocidos por su inequidad en la distribución de la tierra»

Las mencionadas organizaciones promotoras del estudio consideran “necesario el abordaje global de una política de tierras pública, activa, justa, social y sostenible acorde con los retos de futuro a los que se enfrenta la sociedad en general, y el medio rural y el sector primario en particular”.

Consideran necesario «frenar el proceso especulativo sobre la tierra agrícola, así como garantizar un acceso más igualitario y democrático a la tierra por parte de los sectores sociales y económicos en activo que promueven una dinamización económica del medio rural.

Abogan por “favorecer en especial el acceso de mujeres y jóvenes a la tierra; y evitar la concentración de la tierra y el acaparamiento por determinados sectores económicos». Los mencionados colectivos agrarios también piden «proteger el suelo agrario y su calidad, es decir, su fertilidad y capacidad de conservar biodiversidad; y asegurar su uso de manera que garantice el equilibrio territorial».

Recomendamos fervientemente la lectura completa y detenida del informe (http://www.mundubat.org/8749/)

Por todo esto, es tan imprescindible que la ciudadanía haga activismo social en el aspecto de su consumo, acudiendo directamente a pequeños agricultores que, además, tienen cultivos ecológicos y tradicionales, que mantienen la variedad, que nos surten de productos frescos y a un precio menor que en las grandes superficies. Tendremos que buscar la forma de que estas personas tengan un salario justo, apartado de la explotación a la que se están viendo sometidos con demasiada frecuencia por las grandes empresas y cadenas de distribución. Un caso muy claro es la compra de la naranja de forma masiva a los productores a precios ridículos. Si estos agricultores no encuentran un mercado de cercanía que adquiera sus naranjas, acaban abandonando su explotación, pues al precio que les pagan el kilo las grandes empresas distribuidoras no les sale rentable, pues no logran cubrir ni el coste de producción. El final suele ser que les sale más rentable arrancar los naranjos. Hay que tener en cuenta que, en los últimos años, según los propios afectados que aluden a una empresa muy famosa de zumos que ha estado comprando el kilo de naranja en la vega del Guadalquivir en torno a los diez céntimos el kilo.