César Pérez Navarro

Publicado en abril en el Número 4 de la edición impresa

A finales de este año se cumplirán diez años desde la aprobación de la Ley de Memoria Histórica. Esta Ley, muy respondida por las asociaciones memorialistas, establecía una clara obligación para las administraciones públicas: los «escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva del levantamiento militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura» deberán ser retiradas de los edificios y espacios públicos. Desde entonces,  aún perviven 186 calles denominadas “Generalísimo” en España, la mayor parte en localidades gobernadas por el PP y -en menor medida- el PSOE. Otras 99 conservan placas con la leyenda “General”, 32 llamadas “Caudillo” y 2 que huyen de rodeos y se nombraron en su día como “Francisco Franco”. En total, 1.171 calles de 637 localidades mantienen el nombre de alguno de los militares golpistas más importantes del franquismo según el censo del INE de diciembre de 2015.

Con los símbolos y monumentos de exaltación fascista ocurre lo mismo. Incluso en una ciudad como Córdoba, aún quedan algunos vestigios de este macabro período histórico.

Entrevistamos a Pepe Rojas, elegido por consenso presidente de la Comisión de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Córdoba el pasado mes de febrero.  Nos comenta que “su trabajo histórico lo ha hecho en el movimiento ciudadano, en asociaciones de vecinos desde 1975”, y que en la actualidad no forma parte de ningún partido político. Queremos conocer si la recién constituida Comisión cuenta con el listado de las calles y símbolos franquistas que incumplen la Ley de Memoria Histórica en Córdoba, y si van a divulgarlo para que la ciudadanía pueda consultarlo en la web del Ayuntamiento. Rojas aclara que “gran parte del trabajo inicial de la Comisión será el acopio del trabajo que las asociaciones memorialistas llevan desarrollando en la ciudad, o también el de descendientes de víctimas”. Efectivamente, “se han identificado zonas donde todavía permanecen símbolos franquistas, pero también hay símbolos de la II República -organizaciones sindicales, políticas y demás- sobre todo en el casco histórico, que fueron borrados y hay que recuperarlos”. Enseguida le preguntamos si aplicarán esa filosofía al cambio de denominación de las calles: “hay que hacerlo con rigor y evitar situaciones como lo ocurrido en Alicante, donde han repuesto placas como la de la División Azul. Tenemos además un problema con una Ley de Memoria muy débil, aunque está en debate la ley Andaluza” [se aprobó pocos días después de la entrevista]. Añade que “la Comisión es soberana, pero debe ser rigurosa, debe documentarse bien” porque “tiene la potestad de trasladar propuestas para que sean aprobadas por el Ayuntamiento sin ninguna modificación, y haremos grupos de trabajo para identificar la parte democrática que se perdió y la franquista que aún queda”.

Rojas nos recuerda que “en la etapa de Julio Anguita se retiraron símbolos y cambiaron lugares como la Plaza Queipo de Llano, General Sanjurjo, Moscardó y todos aquellos generales africanistas y golpistas, además de otras como la Plaza Artilleros y otras con denominaciones militares, pero después hubo un parón”. No sin razón, a Rojas le preocupa que “un juez pueda obligarles a reponer aquello que se quite”, por lo que es fundamental el trabajo riguroso.