Hace diez años un grupo de personas preocupadas por la gestión y titularidad de la Mezquita de Córdoba crearon la plataforma ciudadana “Mezquita-Catedral, Patrimonio de Tod@s”. Fueron dos acontecimientos muy relevantes, cometidos por la jerarquía católica, los que colmaron el vaso de tanto despropósito: la inmatriculación de la Mezquita en el año 2006 por treinta euros y el borrarle su nombre en el 2010. Dos atentados contra la titularidad y la historia del monumento andalusí, respectivamente, que hizo que la sociedad no se quedase inmune ante tales hechos y reaccionara con 400.000 firmas en la plataforma Change.org, exigiendo la reparación de dichos infortunios.
Jamás hubiéramos pensado que, una vez pasada la dictadura franquista, pudiesen darse estos atropellos en un Estado Social y Democrático de Derecho. Hemos tenido unos Gobiernos que han permitido que la jerarquía católica inmatriculase miles de bienes, algunos de ellos declarados “Patrimonio de la humanidad”, como la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla o la Catedral de Burgos. Y lo más grave es que no piensan mover un dedo para revertir las inmatriculaciones. El actual Gobierno de coalición en el punto 5.11 de su programa se comprometió a realizar: “las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia basadas en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros”. Al final no solo no ha legislado sino que ha negociado con la Conferencia Episcopal Española una especie de paripé con pretensión de zanjar este escandaloso asunto de Estado. La iglesia muestra su músculo de poder mientras el Gobierno esconde la cabeza como el avestruz. Nunca ha sido tan oportuno el famoso tópico literario de don Miguel de Cervantes: “Con la Iglesia, hemos topado”.
Los tres últimos obispos de Córdoba, de la línea más integrista de la jerarquía católica, han puesto el acento en la Catedral de Córdoba, que ocupa el corazón de la Mezquita, pretendiendo diluir su historia, memoria y apagar su peculiaridad de interculturalidad e interreligiosidad, cualidades por las que la Unesco en el año 1984 la declaró “Patrimonio de la Humanidad”. Sin embargo, gracias a la Mezquita sacan todos los años pingües beneficios con las visitas turísticas. Nos recuerda a la cenicienta, la que sacaba la casa adelante mientras las holgazanas de sus hermanastras la denigraban y vapuleaban.
No había ninguna necesidad de todo ello. Los obispos a lo largo de la historia se han considerado usuarios de este magnífico y universal templo, nunca propietarios. No se escandalizaron de que el pueblo llano le siguiese llamando Mezquita. Mi madre, por ejemplo, como muchas personas de Córdoba, solía decir: “voy a misa a la Mezquita”. Al contrario, hubo obispos empeñados en devolverlo su glorioso pasado andalusí. Como decía mi abuelo: “los moros pusieron a Córdoba en el mundo”.
Mientras la ciudadanía pulsó la alarma a tanta arbitrariedad, tanto el Gobierno Central, como la Junta de Andalucía, como el Ayuntamiento de Córdoba han mirado hacia otro lado. Si no hubiese sido por la plataforma ciudadana, la Mezquita seguiría llamándose oficialmente, en sus cartelerías, trípticos…, Santa Iglesia Catedral, como tantas hay en el mundo.
El gobierno de Rajoy, presionado por el Alto Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y las plataformas patrimonialistas, retiró el artículo de la ley hipotecaria que permitía las inmatriculaciones por su inconstitucionalidad. La Mezquita, como miles de monumentos, se encuentran bajo este marco inconstitucional y las plataformas ciudadanas patrimonialistas seguirán luchando hasta que consigan una legislación que ponga orden a todo este desaguisado, que se inició en 1946 por el dictador Franco. El obispado y cabildo catedral de Córdoba no tienen ningún documento histórico que acredite que la Mezquita es propiedad de la Iglesia católica. Podrán seguir diciendo misas, bautizando, casando, confesando bajo sus arcos, pero los únicos y legítimos dueños del monumento es su pueblo, sus hombres, mujeres, niños y niñas ya sean creyente o no. A un pueblo no se le puede usurpar su memoria, su dignidad, su historia, su patrimonio.
La mejor explicación que se ha dado para demostrar las intenciones del obispo de Córdoba la dio hace unas semanas la directora del Museo Diocesano y también de la Biblioteca Diocesana: “El que visita la Catedral de Córdoba y cree que ha visto una mezquita no ha entendido nada del edificio” (El Día de Córdoba, 26-12-2021). Como dice el periodista Ángel Munárriz autor de Iglesia S.A.: “El tinglado (se refiere al poder de la iglesia católica) viene de una inercia de siglos. La democracia no lo ha desmontado del todo”.
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