Redacción

Publicado en febrero de 2017 en el Número 2 de la edición impresa

 Diálogo de Paradigma con Francisco Ángel Sánchez, Delegado provincial de Agricultura y Caminos Rurales

• En Andalucía hay 8 millones de hectáreas de tierras de cultivo, de las cuales, la mitad se concentra en manos del 2% de propietarios
• Casi 100 millones de euros de subsidio europeo para este grupo sólo por ser propietarios                                                                                                          
• Es necesario acometer los problemas endémicos del campo andaluz mediante la aprobación de una verdadera Ley Integral de Agricultura y Soberanía Alimentaria

En el momento actual, donde el PIB de la economía andaluza se sitúa en torno al 73% de la media europea, y que nos dirige de nuevo a zonas calificadas de ‘objetivo uno’, “sólo nos queda certificar el fracaso de las ayudas europeas recibidas a lo largo de varias décadas y que, si bien es cierto reconocer que han propiciado un cambio sustancial en las infraestructuras de nuestros pueblos, no han conseguido el objetivo fundamental de establecer un nuevo modelo económico en nuestra tierra”. Son palabras del Delegado de Agricultura y Caminos Rurales de la Diputación Provincial de Córdoba, Francisco Ángel Sánchez.

“En un ejercicio de reflexión y buscando respuesta a estos resultados”, señala Sánchez, “consideramos fundamental conocer aspectos esenciales como la propiedad de la tierra en nuestra región”. En Andalucía, hay 8 millones de hectáreas de tierras de cultivo, de las cuales, la mitad se concentra en manos del 2% de propietarios. Los intentos de ‘reforma agraria’ a mediados de los años 80, puestos en marcha por la administración autonómica, “no modificaron ni resolvieron el problema de distribución de la tierra”. Hay que recordar que, sólo en Andalucía y Extremadura, persiste el latifundio, donde más del 10% de la superficie andaluza la acaparan grupos empresariales (Hojiblanca, Primaflor,…), familias nobiliarias (Mora-Figueroa, Domec, Alba,…) y administraciones públicas como la Junta de Andalucía o el Ministerio de Defensa. Por tanto, en este contexto, es fácil de entender quiénes son los principales destinatarios de las ayudas de la PAC (Política Agraria Común de la Unión Europea) en nuestra tierra. “Casi 100 millones de euros para este grupo de ‘elegidos’ sólo por ser propietarios”.

Para el también portavoz del grupo provincial de IULV-CA, “estos datos afianzan y dan la razón a quienes consideramos que el actual sistema de reparto de las ayudas de la PAC está basado en criterios erróneos para conseguir los objetivos marcados, puesto que se basan en condicionantes de reparto ligados fundamentalmente al volumen de tierras que se posea. Es necesario modificar el método de distribución actual incorporando un sistema de penalizaciones a los perceptores de rentas más altas en beneficio de los propietarios de pequeñas extensiones, así como su vinculación a la generación de empleo, transformación de cultivos y respeto al medio ambiente. El modelo vigente favorece situaciones donde la existencia de industrias de transformación de productos agrícolas se convierte en algo anecdótico a pesar de liderar el mercado de producción de productos tan apreciados como el aceite o el algodón. Dicho de otro modo: a pesar de que Andalucía supone el 18% de la población española, apenas representa el 6% de la industria del país, teniendo como principal consecuencia para el medio rural su despoblación o, en otros casos, la existencia de trabajadores y trabajadoras eventuales del campo obligados a trabajar en muchas ocasiones por debajo del convenio y con la urgencia del momento para conseguir el número de ‘peonadas’ necesarias para acceder al subsidio agrario y renta agraria de la anualidad correspondiente. Donde de nuevo, mujeres e inmigrantes son los grandes perjudicados al tener que aceptar prácticas cada vez más lesivas en las condiciones de trabajo”.

Y ante esta realidad, repetida y continuada en el tiempo, “¿debemos ser sumimos y conformistas?”, se pregunta el Delegado. “Yo pienso que no y, en mi opinión, es necesario acometer los problemas endémicos del campo andaluz mediante la aprobación de una verdadera Ley Integral de Agricultura y Soberanía Alimentaria, que garantice la función social de la propiedad agraria, que regule aspectos esenciales como la producción de alimentos desde el campo a la mesa en condiciones de garantía alimentaria (con prohibición expresa del uso y cultivo de organismos modificados genéticamente destinados al consumo), que fomente modelos de producción sostenibles y respetuosos con el medio ambiente y propicie la adopción de medidas urgentes contra el paro y la pobreza en el campo favoreciendo la creación de empresas de producción, transformación y comercialización, así como el relevo generacional y fijación de la población al territorio con políticas específicas dirigidas a jóvenes agricultores/as y ganaderos/as como la puesta en marcha de un Banco de Tierras y puesta en valor de tierras improductivas. Tan sólo falta voluntad política y coraje para materializarla”.

Juan Ariza.

Agricultor. Fernán-Nuñez

¿Crees que el campesino tiene aún pendiente la idea de la lucha por una reforma agraria?

Creo que no. No percibo que la histórica reivindicación de la reforma agraria esté viva ni en el pequeño agricultor profesional ni en los asalariados o jornaleros que trabajan en el campo. El término “Reforma Agraria” ha ido desapareciendo de las preocupaciones diarias de la gente del campo. No me refiero a algunas organizaciones sindicales que siguen con esa reivindicación, pero sí a las preocupaciones y conversaciones que tiene el campesinado normal y corriente.

De todas formas en el término “Reforma Agraria” han entrado muchos conceptos diferentes, incluso opuestos. De modo que, cuando hablamos de reforma agraria nos tenemos que poner de acuerdo a qué nos estamos refiriendo. Unos, entendieron ese concepto como una mera modernización de la agricultura, otros, sin embargo, aludían a un replanteamiento de toda la estructura de la propiedad y el uso de la tierra.

En cualquier caso, creo que hoy se deberían dar la mano dos ideas de reforma agraria, una, diríamos que histórica, que haga alusión a que la riqueza que la tierra puede proporcionar a la sociedad no debe estar en manos de una pequeña minoría de propietarios. Y otra que recoja todo lo avanzado dentro de lo que conocemos como ecología política. De modo que se aúne una agricultura respetuosa con la tierra y con la gente y un uso de la misma que distribuya socialmente sus frutos.

¿Existen alternativas reales en el campo a la reforma agraria?

Lo que no hay es alternativas reales con la actual agricultura. La actual agricultura está llena de calamidades, desde el control de semillas e insumos agrícolas que ejercen dos o tres multinacionales, pasando por la distribución y comercialización de la producción, el efecto distorsionador de las subvenciones y subsidios y las condiciones laborales de los trabajadores, todo requiere una profunda reforma. De modo que la reforma agraria debe estar más vigente que nunca. Pero, como decía antes, hay que llenar de contenido qué entendemos por “reforma agraria” en el siglo XXI.

¿Tú crees que hay algún responsable, y si lo hay quién/es crees que son, de que las ayudas europeas sigan yendo a los bolsillos de los latifundistas?

El sistema de ayudas actual es un disparate. Es fruto de la presión directa de grupos presión y del sometimiento del poder político a los mismos. Es un puro ejercicio de poner al servicio particular los recursos colectivos. Es un sistema burocratizado hasta la extenuación y desligado completamente de objetivos socialmente defendibles. Por cierto, es habitual que aquellos que critican el subsidio agrario a los jornaleros, callen sobre ese otro subsidio que suponen las subvenciones agrarias. No tiene ningún sentido que grandes explotaciones agrícolas reciban una parte muy importante de rentas públicas, y menos sentido tiene todavía que eso se haga sin ninguna exigencia relacionada con el empleo que se genera, con las condiciones de ese empleo, con el tipo de agricultura que se practica y con un justo reparto social del valor añadido generado.