Antonio Barragán Moriana.
Parece que nos acercamos al final de un proceso que viene “agitando” a ciertos sectores de la ciudadanía cordobesa desde hace algunos meses; algunos nos preguntamos si a estas alturas las cuestiones a las que aludimos no deberían haber estado ya dilucidadas. Sin embargo, es lo que hay. El pasado día 15 de noviembre el consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba, con los votos favorables de IU, PSOE y Ganemos, acordaba los nuevos nombres de las calles que deberán sustituir los de quienes, hasta ahora, tenían su sitio en el callejero municipal y que, a juicio de la Comisión Local de la Memoria Histórica, incumplían lo recogido en el artículo 32 de la Ley de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía de 3 de abril de 2017; se trataba de un total de 15 nombres, luego reducidos a 13 en la medida en que los aun existentes y nominados como “Glorieta de los Artilleros” y General Franco, este último en la barriada de Alcolea habían sido ya eliminados del callejero.
La Comisión Local de MH, en la que han estado presentes representantes de los diversos grupos políticos municipales, de las asociaciones memorialísticas, del movimiento vecinal y del ámbito académico, elaboró en su momento un Informe que fue elevado al pleno del Ayuntamiento de Córdoba y aprobado en la mayoría de sus contenidos (exhumaciones de las fosas de los cementerios de La Salud y de San Rafael, “vergonzantemente” y hasta estas fechas fuera de la preocupación de las diferentes administraciones que se han venido sucediendo, simbología franquista, reconocimiento a personas tan significativas como el alcalde Sánchez Badajoz y el capitán de la fuerza pública Tarazona Anaya, ambos fusilados por los sublevados en los primeros días tras el golpe del 18 de julio) y que incluía, además, los antecitados cambios en el callejero de Córdoba, sin duda, uno de los temas que más debate y más amplio eco ha suscitado entre los grupos políticos y la propia ciudadanía de Córdoba. A este “ambiente”, cuanto menos tenso y de cierta crispación entre algunos sectores de la ciudad, no fueron ajenas desde luego un conjunto de filtraciones acerca de los debates que se producían en las diferentes sesiones mantenidas por la comisión local traducidas, de forma sesgada, poco acorde con la realidad y, por qué no decirlo, malintencionada por cierta prensa local.
Probablemente, muchas de las ocurrencias, de las opiniones desinformantes, de las manipulaciones interesadas, etc. tendrían una cumplida respuesta si pudiéramos hacer reflexionar serenamente al conjunto de la ciudadanía sobre el asunto de si conocemos suficientemente nuestra Historia o, si la hemos compuesto y reinterpretado más de mitos, de leyendas, de ensoñaciones recurrentes que de auténticas aproximaciones realmente críticas y observadoras de una realidad compleja, máxime cuando nos referimos a la etapa más contemporánea. Con frecuencia, quienes nos hemos hecho esta pregunta no podemos encontrar una respuesta del todo satisfactoria, ni precisa, porque es muy difícil poder medir el grado de comprensión real que esta ciudadanía tiene sobre ella, desentrañar en qué medida el auténtico conocimiento histórico ha contribuido a formar parte de la cosmovisión que de la propia realidad social y política tenemos o, de calibrar hasta qué punto, como decimos antes, la leyenda, el relato mitificado o, incluso, la ocultación y la tergiversación han logrado calar en el discurso predominante acerca de determinados períodos o acontecimientos históricos, ya sean estos relativos a etapas alejadas en el tiempo o, por el contrario, constituyan parte de nuestra Historia Contemporánea, como puedan ser las consecuencias de la Guerra Civil, sus consecuencias represivas y el proceso de articulación de la dictadura franquista.
Es evidente que la Guerra Civil española (1936-1939) es el acontecimiento más importante de todo nuestro pasado siglo XX; también lo es que sobre ella se han escrito aproximadamente unos 40.000 trabajos, siendo, por lo tanto, un asunto comparable, en cuanto a nivel de trascendencia política e historiográfica, a otros procesos históricos como las dos guerras mundiales, la revolución socialista de la que se ha cumplido su centenario, a los procesos de colonización, etc. También es de todo punto incontrovertible que su sombra planeó, no sólo por los acuerdos, negociaciones y desencuentros –que también los hubo en ese tan laureado “consenso”-, que configuraron nuestra Transición Democrática, sino que aun hoy día determina no pocos de los debates políticos que, de manera evidente y con frecuencia con tonos un tanto broncos, logran un importante eco y proyección en determinados sectores sociales y mediáticos: el abierto en torno a la exhumación del dictador Franco del Valle de los Caídos es bastante demostrativo de ello.
Como historiador que he estado presente en la Comisión Local de MH, la pregunta que me hago y me preocupa está relacionada con cuáles pueden ser las razones que dificultan el desarrollo de un pensamiento crítico, respetuoso con la interpretación de nuestro pasado y ajustado a los cánones de convivencia de cualquier sociedad democrática; no sabemos si achacarlo a la escasa consideración que, en general y empezando por nuestros propios responsables educativos, se tiene sobre las llamadas Ciencias Sociales, a la deficiente configuración de los curriculums escolares o, por qué no, a la incapacidad de quienes somos los responsables de desarrollarlos en los diferentes niveles con la suficiente potencia explicativa y proyección entre nuestro alumnado. No cabe duda de que todo esto tiene que ver, a mi juicio, con la polémica en torno a los cambios en el callejero; desde luego, no entramos a comentar posibles argumentarios aparecidos en el debate habido en la ciudad que nada tienen que ver con el respeto a nuestro pasado histórico, a la propia historia reciente de la ciudad, que plantean descalificaciones que no resisten cualquier mirada cívica y que pretenden ignorar lo que, desde el punto de vista historiográfico, está más que contrastado. Parece como si, cuando los datos que configuran los procesos históricos contradicen las convicciones que se puedan tener sobre determinados temas, o se ignoran o se reajustan o, simplemente, se manipulan para de esta forma adaptarlos a la propia concepción de la realidad; de esta manera se pretende conservar una visión incontrovertida, válida como explicación totalizadora y ajena al flujo de información que la Historia puede ofrecer en ese intento de recuperar nuestra fidelidad con el pasado y de contribuir a crear una conciencia cívica y democrática.
Ignorar, por ejemplo y sin necesidad de ser exhaustivos, que la participación dirigente en la trama que provocó la sublevación militar de julio de 1936, o que la presidencia de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica del Estado en octubre de 1936, que la jefatura provincial de FET y de las JONS durante toda la Guerra Civil, o la participación en tareas de articulación de la dictadura franquista, de exaltación del “glorioso movimiento nacional” e, incluso, en algún caso, en funciones cercanas a la propia represión política que, entre otros, son algunos de los argumentos que hemos utilizado para plantear el estudio en los posibles cambios de callejero en el Informe de la CLMH, es negar lo que la investigación histórica más solvente viene aportando, rehuir acercarse a la auténtica y compleja realidad de nuestro pasado histórico en aquella etapa tan decisiva; es ignorar, también, que todas esas consideraciones expuestas y algunas otras, están en contra del espíritu y de la letra de la reciente Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Y, todo ello, en una ciudad como la nuestra en la que la guerra finalizó la tarde del propio 18 de julio con el triunfo de los golpistas, iniciándose un durísimo proceso de represión sobre quienes, de alguna forma, habían permanecido fieles a la legalidad constitucional: los Muros de la Memoria, en ambos cementerios, son sólo un testimonio de lo que ocurrió. Ignorar esto por parte de algunos es, sencillamente, que la verdad no les importa.
* Historiador. Miembro de la Comisión Local de Memoria Histórica.
Foto: golpe de Estado del 18 de julio de 1936 en Córdoba.
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