Sonia Montaño @SoniaMontanyo

“Cuando yo me subo al avión es cuando mi mundo se cae, y tengo unas ganas de llorar increíbles, ¿qué estoy haciendo?; reacciono hasta ahí, ¿dónde voy si mis hijos están ahí, quedándose…?“ estas son las palabras de Fátima Mendieta, mujer nicaraguense que tuvo que dejar a sus hijos pequeños a cargo de sus abuelos para venirse a España a trabajar como interna y así poder mantener a sus hijos. La historia de Fátima se cuenta en el corto documental “Es lo que hay”, producido por AIETI y con el que pretenden visibilizar la realidad que viven cerca del medio millón de mujeres migrantes que se dedican a los trabajos del hogar y de los cuidados en España, muchas de ellas en régimen de internas, sin permiso de residencia y en condiciones laborales indignas.

La proyección de este corto se enmarca dentro del Conversatorio “Violencias vividas y luchas de las mujeres migrantes en España” organizado por AIETI junto a otras entidades de derechos humanos y feministas con el fin de “visibilizar formas de violencia específicas que sufren las migrantes, que se han normalizado y justificado social e institucionalmente”. Se celebraba el pasado 12 de noviembre en la Casa Ciudadana como una de las primeras actividades de esta entidad en la ciudad y en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres . Pero además, la cita tenía un carácter reivindicativo y de resistencia con el fin de dar a conocer las luchas de estas mujeres por sus derechos.

Para profundizar en estas problemática, la actividad contó con la participación de expertas en violencia institucional, interseccionalidad, efectos psicosociales de la violencia sobre la vida de las mujeres migrantes, así como de mujeres impulsoras de organizaciones de trabajadoras del hogar que conocen de primera mano cómo operan estas violencias en su experiencia vital.

Carmen Fernández, representante de AIETI en Córdoba explicó que “queremos que este conversatorio sirva para visibilizar la violencia y el racismo estructural que sitúa a las mujeres migrantes en posiciones de vulnerabilidad y desigualdad como son la irregularidad administrativa, los trabajos precarios, explotación laboral, explotación sexual, graves problemas para conciliar, menor acceso a recursos, atención, y acceso a la justicia; y en ese marco, poner el foco en la Violencia Institucional” explicaba Carmen durante la presentación del acto.

La Comunidad de La Rioja define la Violencia Institucional en su Ley contra la Violencia de Género como “Las acciones y omisiones de las autoridades, personal empleado público y los y las agentes de cualquier organismo o institución pública que tenga por finalidad retrasar, obstaculizar o impedir el acceso a las políticas públicas y al ejercicio de los derechos previstos en esta ley ”.

Hay que mirar a Latinoamérica para hacer un repaso de cómo se ha ido profundizando en este término , sus países han avanzado más que Europa, dotándolo de significado y aplicándolo en sus legislaciones.

“El concepto surge en el marco de las dictaduras, del terrorismo de estado en países de América Latina, es en esos espacios donde comienza a hablarse de Violencia Institucional Machista, países como Méjico, que sí cuentan con legislaciones pioneras como la del 2007 que recoge el término, y otros países como Venezuela y Colombia, sin embargo en España no llevamos mucho tiempo utilizando este término” explicaba Tania Sordo, jurista experta en género e interseccionalidad.

El concepto de Violencia Institucional está recogido en la Estrategia Estatal para combatir las Violencias Machistas 2022-2025 (EEVM) y a nivel autonómico en normativas pioneras como las de Castilla La Mancha, Cataluña y La Rioja, esta última lo recoge en la Ley 11/2022, de 20 de septiembre, contra la violencia de género donde definen la Violencia Institucional como “Las acciones y omisiones de las autoridades, personal empleado público y los y las agentes de cualquier organismo o institución pública que tenga por finalidad retrasar, obstaculizar o impedir el acceso a las políticas públicas y al ejercicio de los derechos previstos en esta ley ”.

La revictimización por parte de las administraciones, del funcionariado público, el hacerlas sentirse culpables, la falta de apoyo y recursos de las administraciones, la inexistencia de ayudas institucionales o las trabas burocráticas ante la petición de auxilio por violencias machistas son algunos de los ejemplos más ilustrativos para comprender mejor el término.

“Parece que no es políticamente correcto hablar de violencia estructural e institucional”, esgrimía Antonia Ávalo, fundadora de la Asociación de Mujeres Supervivientes de Sevilla participante en el conversatorio, cuando se refiere a este término. “Cuando nos dicen que tenemos que reconocer que hay democracia, que hay derechos humanos… pues no, no lo hay” afirma con contundencia. “No decimos que en España no haya votaciones ni haya procesos democráticos, pero hablar de Democracia es hablar de derechos para todos y todas, y hablar de democracia y de derechos humanos significa que no podemos estar cerca de 600.000 personas en situación irregular, en un proceso que tenemos ahora ya de regularización para poder tener el estatus legal que nos permita trabajar y no ser por más tiempo explotadas, o que te echen a media noche de la casa donde trabajas como interna, o que no te puedan alquilar una vivienda o abrir una cuenta en el banco”.

Sin embargo, a pesar de la falta de políticas públicas y normativas en las que se recoja y visibilice aún más este tipo de violencia, consideran que se está yendo por buen camino, asegura la jurista Tania Sordo, “creo que hemos logrado mucho al introducir ese concepto de violencia institucional en España en algunas leyes autonómicas y en la Estrategia Estatal para Combatir las Violencias Machistas, porque un primer paso es reconocer que existe esa violencia, que el estado la ejerce y también apuntaría al racismo y al machismo y a indagar en qué pasa cuando las mujeres migrantes se enfrentan a esas violencias machistas y acuden a las instituciones”. “Existen casos que hemos documentado en coordinación con la Fundación ASPACIA”, contaba la abogada, “cuando una mujer migrante denuncia violencia de género, las administraciones se preocupan más por situación migratoria que por garantizar sus derechos como mujer, esto es algo muy grave y sigue ocurriendo” explica, por eso destacaban las asistentes también la importancia de abordar las problemáticas de estas mujeres desde la interseccionalidad, es decir, es decir, desde múltiples prismas que aborden las diferentes discriminaciones que sufren estas mujeres, como el racismo y el machismo, de una manera integral.

“Cuando las mujeres que trabajan como internas acuden a nosotras se encuentran en una situación psicológica extrema, ya no están durmiendo, ya no le encuentran sentido a la vida y ahí es cuando van a pedir ayuda”, Elena Bolanzel, psicóloga de APIC Córdoba.

Por su parte, Elena Bolancel, psicóloga de APIC, habló de los efectos psicosociales que viven, “cuando las mujeres que trabajan como internas acuden a nosotras se encuentran en una situación psicológica extrema, ya no están durmiendo, ya no le encuentran sentido a la vida y ahí es cuando van a pedir ayuda psicológica”. “Sus vidas” , continúa, “se reducen a los cuidados íntegros de una persona que no forma parte de su familia y que en muchísimas ocasiones ni siquiera la tratan bien”. Bolancel explicó que “tienen que cuidar de otras personas que están enfermas, o con procesos de deterioro cognitivo por las que que llegan a ser violentas, entonces se dan cuenta que su vida se circunscribe a cuatro paredes y a tener que relacionarse con una persona que las trata mal y ahí es cuando se sienten derrotadas y entonces es cuando deciden acudir a nuestra entidad”.

Principalmente son mujeres procedentes de países latinoamericanos, que emigran para buscar un sustento económico que enviar a sus hijos y familiares. Muchas son mujeres con un perfil muy diferente a las que vienen bajo el amparo de los programas humanitarios y de personas refugiadas por lo que no pueden acogerse a programas de protección. “Las diferencias son cualitativamente diferentes” señalaba Bolanzel en su intervención, “pueden venir solas o acompañadas de sus hijos, situación esta última que suma la dificultad extra de tener que conciliar a la hora de encontrar un trabajo con el cuidado de los menores, sufren por el hecho de pensar en qué hacen con sus hijos si se van de interna, y solo lo ven como mucho los fines de semana o, como le pasaba a la chica del documental, que su hija tiene 5 años y no la conoce”.

AUTORGANIZACIÓN Y TRABAJO EN RED, CLAVES PARA LUCHAR POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES CUIDADORAS Y TRABAJADORAS DEL HOGAR

Las condiciones de vulnerabillidad en las que viven las mujeres trabajadoras del hogar y cuidadoras hacen muy difícil que se organicen entre ellas para tejer redes de apoyo y luchar por sus derechos. A pesar de eso, el conversatorio también quiso visibilizar “cómo se organizan estas mujeres y cómo luchan por sus derechos, por ellas mismas, sin que nadie las tutele ni las sustituya” relataba Rafaela Galante, representante de AIETI.

Muestra de ello son dos de los colectivos que participaron, la Asociación de Mujeres Sin Papeles de Igualeja en Málaga, representada por Flavia Anahí Ovejero y Antonia Ávalo, de la Asociación de Mujeres Supervivientes de Sevilla. Flavia, de origen argentino, llegó a Barcelona antes de la pandemia y allí con ayuda de mujeres acompañantes del Centro Social Autogestionado La Caracola del Raval barcelonés montaron el Sindicato de Mujeres Cuidadoras Sin Papeles. Actualmente, desde la asociación se centran en trabajos de sensibilización, formación y reivindicación , “Yo particularmente siempre les digo a las chicas de mi asociación que todas somos iguales, … no importa de dónde seamos, no se queden con el no, les enseñamos que tienen derechos… que no se queden con el miedo a que sus empleadores las amenacen con que las denuncian o las van a deportar…porque no las van a deportar…”; Anahí tiene claro cuál es uno de los objetivos para reclamar al Estado, “lo principal que necesitamos las mujeres migrantes es la regularización de nuestra situación, pero no la regularización que le conviene al gobierno: tienes contrato, tenés papeles, no tenés contrato, no tenés papeles… porque entonces seguimos en la misma historia”, explica a las asistentes;“la regularización de la gente que entra en España pasa por obtener más fácilmente de los permisos de trabajo, no estamos pidiendo la nacionalidad.” Flavia puso énfasis en la cantidad de trámites burocráticos que tienen que realizar cuando sus necesidades más perentorias como comer, tener un techo bajo el que dormir, un trabajo no están cubiertas. “Yo creo que nuestra sola presencia cuestiona que no existe un sistema estatal de cuidados”, afirma Antonia Ávalo, de la Asociación de Mujeres Supervivientes de Sevilla e impulsora del comedor social de El Pumarejo, “cuestiona también la respuesta del estado a las mujeres migrantes … necesitamos derechos, necesitamos vivienda, necesitamos poder denunciar violencia de género y no tener el temor de que vas a a ser deportada o encarcelada en un CIE y eso, les sucede a las mujeres migrantes”.

“Yo creo que nuestra sola presencia cuestiona que no existe un sistema estatal de cuidados”, Antonia Ávalo, de la Asociación de Mujeres Supervivientes de Sevilla

Ejemplos de autoorganización feminista como los como que impulsan y participan mujeres como Flavia y Antonia es difícil encontrar en otras provincias. Esta realidad se podría achacar a las condiciones de vulnerabilidad extrema en las que viven, que difícilmente les deja tiempo para otra cosa que no sea el trabajo. La Asociación de Trabajadoras del Hogar de Sevilla, o la Asociación Nosotras de Granada son un atisbo de esperanza de que sí es posible una lucha colectiva. Córdoba no está entre estas provincias, aunque sí existió en su día la Asociación Opción Luna que se creó a finales de los 90 del siglo pasado, tuvo también una línea importante de acción e incidencia política durante la primera década de los 2000 y que cesó su actividad hace ya unos ocho años.

PROPUESTAS PARA LA ERRADICACIÓN DE LAS VIOLENCIAS SOBRE LAS MUJERES MIGRANTES

Como decía Tania Sordo en el conversartorio “Muchas propuestas y todas relacionadas con cambios legales”, tal y como se recoge en uno de los últimos informes elaborado por AIETI junto a la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe y la Fundación ASPACIA presentado al GREVIO (Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica del Consejo de Europa). “La primera de ellas pasa por cambiar la Ley de Extranjería vinculada a su vez con cambios en la Ley sobre Violencia de Género de 2004 y la Ley de Garantía Integral sobre Libertad Sexual”, explica Tania. “No puede ser que una mujer extranjera en situación irregular, que se enfrenta a violencia de género y se atreve a denunciar, solo vaya a tener un permiso de residencia si se obtiene una sentencia favorable, eso por una parte y por otra, no puede ocurrir que no se usen los recursos especializados con los que se puede acreditar que una mujer es víctima de violencia de género y esa acreditación no sirva a la vez para que se les conceda el permiso de residencia, situaciones que hemos podido documentar desde nuestras organizaciones” detalla la abogada.

“Estas son dos de las propuestas más importantes” prosigue, “porque si no va a ser muy difícil que las mujeres denuncien por miedo, porque es real, si no te dan la sentencia favorable, no vas a tener tu permiso de residencia y se les puede abrir un expediente de expulsión o o reabrir el que tuvieran ya iniciado”.

Tania Sordo citó también otras recomendaciones como son las campañas de sensibilización sobre violencias machistas que tengan como protagonistas a las mujeres migrantes y políticas públicas enfocadas a la investigación, prevención y reparación de las violencias machistas a nivel estatal entre otras.

NO SON VÍCTIMAS, SON SUPERVIVIENTES

Las mujeres y entidades participantes en el Conversatorio querían dejar un sello reivindicativo y de esperanza. A pesar de todo el camino que queda por recorrer en políticas públicas, educación y sensibilización sobre las problemáticas que viven las mujeres migrantes trabajadoras del hogar y cuidadoras, no quieren que se las considere como víctimas y reclaman que se las considere como sujetos de pleno derecho, indispensables en un sistema laboral que no las reconoce como trabajadoras esenciales de los cuidados y en definitiva, sostenedoras de la vida.

El Conversatorio organizado por AIETI se celebró con la colaboración de Red Latinas, Fundación Aspacia, Cuidadoras Sin Papeles de Málaga, Colectiva 1600s, Córdoba Solidaria, Ayuntamiento de Córdoba y la financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo y el Instituto de las Mujeres.