Entrevista al diputado y Secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y los Movimientos Sociales de Podemos. Abogado y activista por los Derechos Humanos.

César Pérez Navarro y Carola Reintjes

Publicado en Diciembre 2017 en el Número 9 de la edición impresa

“El PP tiene un problema con la democracia, y eso se tendrá que resolver con una mayoría alternativa que pasa por que el PSOE abandone el bloque monárquico y se pase al campo de la democracia”

P. – Derecho a vivienda. ¿Cómo evitar esa legislación regresiva y como blindar los derechos sociales?

R. – En primer lugar habría que decir que es una ilegalidad que se haga. Hay una disputa por el principio de legalidad y no podemos renunciar a ello. Eso es lo primero, en la medida en que nuestro país suscribe no solamente la declaración universal de Derechos Humanos sino también el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales y su protocolo facultativo. De hecho, en estos momentos hay un dictamen del mes de junio que viene a decir que en España se ha violado el derecho a la vivienda y plantea la necesidad de cambios legislativos que garanticen que se acabe con los desalojos forzosos sin alternativa habitacional, amén de otras cuestiones, como que España no ha explicado por qué se privatiza la vivienda pública. Creo que eso lo que nos está dando a entender es algo bastante claro: nos viene a recordar cosas que ya están en la Constitución y que la firma y ratificación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos se convierte en parte de nuestro ordenamiento interno. Es decir, que las normas que van en contra del cumplimiento de esas obligaciones deberían estar fuera del ordenamiento jurídico, incluso, los propios jueces, en aplicación de las leyes, podrían aplicar las leyes internacionales, que prevalecen ante el derecho interno, pero no ocurre porque hay una correlación de fuerzas en la cual durante mucho tiempo en nuestro país se ha producido el monopolio sobre un bien de primera necesidad y sobre un derecho -que es la vivienda- por parte de las entidades financieras, por parte del capital financiero. Creo que esa es una de las primeras cuestiones que hay que poner encima de la mesa. Y hay una dejación de las obligaciones por parte del Estado.

Frente a eso lo que ha habido es una respuesta popular. Creo que, precisamente, la garantía de los derechos sociales en primer lugar pasa por un proceso de construcción popular. Creo que esa es una de las garantías que hacen que luego pueda haber un reconocimiento concreto a través de textos legales. Si no hay una fuerza social que lo imponga, no va a haber manera. Ha habido una fuerza social que ha impuesto lo contrario, que es la fuerza de las élites, es la fuerza de las entidades financieras, de los grandes fondos internacionales, y lo que es necesario es articular un proceso social de construcción política, que es la necesidad que tenemos en estos momentos. Aceptar el órdago a las élites de la apertura del proceso constituyente y garantizar que en ese proceso constituyente estén los derechos como realidades, es decir, entender la disputa por el poder como la capacidad para determinar la vida en el futuro. Esto significa que tiene que haber -en primer lugar también- la posibilidad de que la gente pueda disfrutar de una vivienda digna en una país como el nuestro. Lo más sangrante es que hay viviendas de sobra, porque el 20% de las vivienda de toda Europa se encuentra en España.

P. – Precisamente es era la siguiente pregunta. Recientemente habéis denunciado que el 20% de la viviendas vacías en Europa se encuentran en España y, en nuestro país es conocido que han aterrizado numerosos fondos buitre. ¿Qué proponéis para abordar el problema del acceso a la vivienda? ¿Creéis que sería adecuado gravar con impuestos las viviendas vacías?

R. – Bueno, yo creo que ahí hay varias cosas. Lo primero, si no hay un problema no hay una solución, y lo que se está produciendo ahora es una criminalización de la gente que se encuentra en situación de desesperación, y que tiene que meterse en una casa vacía y abandonada para intentar sobrevivir, que no vivir. Creo que, si no se pone encima de la mesa la problemática de la vivienda vacía y abandonada, lo que se tiende es a lo que es a ocurriendo ahora, que es la criminalización de la gente en situación de pobreza, en situación de vulneración del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Creo que es necesario entender también la ofensiva que hacen esos fondos buitre que están aterrizando en nuestro país y que están realizando labores de acaparamiento de la vivienda, y que hay que tomar diferentes medidas. Creo que no hay una sola, pero si que tiene que haber un cuestionamiento y limitación del derecho a la propiedad. También hay que dar facilidades para que las personas físicas que quieren poner en circulación sus viviendas lo puedan hacer a través de un parque público, es decir, que haya políticas de cesión de vivienda para las entidades públicas, para que se pueda hacer vivienda pública. Y creo que también hay que articular medidas de compulsión que pueden ser tributarias, pero no solamente… cuando se atenta contra un bien jurídico como es el derecho a la vivienda para realizar una actividad antisocial como es el acaparamiento, tiene que articularse también mecanismos que obliguen, es decir, la cesión obligatoria.

No es necesario atacar la nueva propiedad. Creo que hay que atacar la posesión, la capacidad de disfrute, que es lo que permite que la gente pueda vivir. Uno de los elementos clave para el futuro, para poder articular el derecho a la vivienda, el la articulación de una gran parque de vivienda pública. En él, habrá una parte que será de vivienda pública y una parte que puede ser de vivienda privada…

P. – El gobierno ha vetado en lo que va de legislatura más de cuarenta Proposiciones de Ley, lo cual se considera un récord en la historia de la democracia española. Ante este bloqueo permanente, recientemente se probó con los votos de Unidos Podemos, PSOE y de grupos nacionalistas un Proposición de reforma del reglamento de la Cámara Baja que limitaría esa capacidad de veto del gobierno. ¿Crees que saldrá adelante?

R. – No sé si saldrá adelante o no, lo que si es cierto es que hay una estrategia de subversión de la capacidad legislativa del Congreso por parte del Gobierno utilizando de forma torticera su capacidad de veto, es más que evidente. El problema del PP es esencialmente con la democracia. Tiene un problema con las administraciones locales y lo solventa con la Ley de Estabilidad y apoyándose en el artículo 135. Tiene un problema con las entidades autonómicas y lo solventa con la imposición de la “cultura del 155” que ya ha tenido una experiencia en Cataluña pero que amenaza ahora de forma sistemática a todas las administraciones. Y tiene un problema con la capacidad legislativa del Congreso, y por eso articula los vetos. Es decir, el PP tiene un problema esencialmente con la democracia, y creo que eso, más tarde que temprano, se tendrá que resolver con una mayoría alternativa, pero para que eso pueda ocurrir, es necesario que el PSOE abandone el bloque monárquico y se pase al campo de la democracia.

P. – Pero lo que sí es cierto es que el PSOE al menos ha apoyado esta iniciativa de modificación del reglamento de la Cámara Baja para recortar esa capacidad de veto del Partido Popular…

R. – Sí, en este caso concreto sí. Vamos a ver hasta donde llega.

P. – Eso podría suponer un cambio radical en como puede transcurrir la segunda mitad de la legislatura porque ahora mismo casi todas las proposiciones de Ley que presentáis no salen adelante…

R. – Cuando esté aprobado lo hablamos.

P. – Cito: “si camina como un pato, nada como un pato y vuela como un pato, entonces es un pato”. Son palabras del portavoz del PSOE Antonio Hernando para argumentar la “injerencia rusa en Cataluña” a través de “hackers” y de una supuesta “ciberguerra informativa” en la que se llega a decir que “Podemos podría estar recibiendo financiación del Kremblin”. ¿Qué le parece esta nueva ofensiva que inició el periódico El País?

R. – Bueno, yo creo que no solamente el periódico El País, es mucho más grave, porque es el Instituto Real Elcano, que tiene en su presidencia de honor al jefe del Estado, al rey Felipe, que tiene en su patronato también a importantes personas del Gobierno entre las que se encuentra la ministra de Defensa, que tiene personas muy importantes de la sociedad civil, como son los presidentes de algunas de las más importantes entidades financieras del país, como Ana Patricia Botín y otros… Que emitan un informe en el que -además- se dice que ni tienen pruebas ni las tendrán, pero que lo afirman en cualquier caso, pues nos encontramos en un escenario de intoxicación que no es nuevo viniendo del Instituto Elcano, que es un instituto que ha tenido filosofías belicistas y que justificó la intervención en Iraq, justificó la guerra ilegal en Iraq emitiendo informes como este, el que -además- se decía que  Iraq no solamente tenía armas de destrucción masiva, sino que tenía capacidad para atacar a Occidente con ellas. Después del informe Chilcot se vio claramente que todo esto formaba parte de una campaña de intoxicación, y este nuevo informe de la señora Milosevich va -bajo nuestro punto de vista- en la misma onda, que es la labor de desinformación. Pero más grave, porque, al acusar a una de las formaciones políticas democráticas de este país de algo sin pruebas -y además afirmando que ni tiene pruebas ni las tendrá- atenta contra el pluralismo político y amenaza la democracia.

P. – Cambiando de tercio ¿Cuál es el objetivo de vuestra ruta “conectar España”? ¿En qué consiste para vosotros la España plurinacional?

R. – En reconocernos como lo que realmente somos, que es un país plural con una identidad plural, y un país, en el siglo XXI, que tiene que reconocerse a sí mismo, que no puede seguir negándose. Aquellos que defienden tesis uninacionales, bien sean la “unidad de España”, la “uninacionalidad de España” o la “uninacionalidad de Cataluña” no entiende que en las sociedades europeas del siglo XXI la uninacionalidad no existe por dos motivos: 1. Por las realidades históricas, que en nuestro país se concretan en varias nacionalidades históricas y 2. Por la realidad de la globalización que hace que en nuestro país se hablen 150 lenguas. Que puede convertirse en un problema si se aborda desde el punto de vista uninacional, pero puede convertirse en un gran valor si se aborda desde el punto de vista plurinacional y nos puede abrir lazos con todos los pueblos del mundo.

Creo que es necesario que reconozcamos la plurinacionalidad como un elemento de construcción democrática que nos reconoce como pueblo, que no permite que se dividan los sectores populares y que una herramienta de construcción política, democrática, de garantía de los derechos de todas las personas.

P. – ¿Qué piensas que en este momento debemos comunicar a la ciudadanía? Algún tema de esencial preocupación para ti que no salga en los medios de comunicación.

R. – Más que un tema que no sale es… el tema y el concepto que no se construye, que es el proceso de involución democrática en el que estamos, es decir, se habla de como se aborda la cuestión catalana, y en vez de hacerlo desde un punto de vista democrático se aborda desde el punto de vista de la confrontación; la cuestión de los derechos civiles y políticos a través de la Ley Mordaza y todas las expresiones que han tenido las diferentes leyes mordaza; los derechos sociales, en toda su amplitud con los recortes; la privación de derechos de nuestra población migrada, que se les quita el derecho al voto y el derecho a la Seguridad Social… Lo que está ocurriendo es una ofensiva de las élites para deconstruir la democracia, para destruirla pieza a pieza, y creo que eso que hoy debería ser el debate central de disputa política está en un segundo plano. Es decir, vemos todos los elementos, vemos los árboles, pero no estamos viendo el bosque, creo que esa es la clave. Plantear la inseparabilidad de los derechos civiles y políticos, de los derechos sociales, y que hoy, en estos momentos, hay una ofensiva de las élites para intentar acabar con la democracia.