Acerca del Informe de la Comisión de expertos sobre la titularidad de la Mezquita Catedral de Córdoba
Antonio Pintor Álvarez
En el juego del dominó una regla básica que los jugadores llevan a rajatabla consiste en repetir la misma ficha siempre que se pueda. Curiosamente el Cabildo y sus diocesanos, como buenos jugadores de dominó, utilizan la estrategia de repetir una y otra vez la misma cantinela en su empeño por apropiarse de la Mezquita-Catedral.
El sábado 15 de septiembre se hizo público el informe elaborado por la Comisión de expertos nombrada por el Ayuntamiento de Córdoba para argumentar histórica y judicialmente la titularidad pública del monumento.
En el citado informe un equipo de profesionales, de manera honesta, desinteresada y valiente, aporta un interesante relato sobre algunos acontecimientos relevantes para la cuestión que nos ocupa, y se exponen “dos características básicas en la historia del edificio que han persistido por encima de todos los cambios políticos o religiosos”:
- La ligazón del edificio al Estado, tanto durante la etapa de la dinastía Omeya como posteriormente a la Corona de Castilla.
- El fuerte vínculo afectivo de los cordobeses con respecto al monumento, tanto cuando siendo musulmanes era una Mezquita, como cuando siendo católicos se transformó en Catedral.
El informe concluye que la Mezquita-Catedral, aunque se mantiene en uso por la Iglesia Católica desde su consagración en 1236, no se dispone de documentación que acredite la propiedad de la misma, y por el contrario existen múltiples hechos que señalan al Estado como su propietario.
Se trata de unas conclusiones integradoras en las que no se excluye a nadie, se le sigue dando un protagonismo importante a la Iglesia en aquello que para ellos, según predican es lo más importante, su uso para el culto, y se enriquece el desarrollo de las posibilidades que el monumento presenta al incluir a otras instituciones académicas, culturales y a la ciudadanía mediante sus representantes políticos, en la gestión del mismo. Además del impacto económico, que supondría para la ciudad, el hecho de que los ingresos obtenidos como consecuencia de las visitas turísticas dejen de ser “dinero negro” del que nada se sabe para convertirse en una fuente de ingresos transparente, tanto en cantidad como en el destino. Se trata de dar una solución salomónica, similar al: “Dar al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios”, es decir, continuar con la parte del monumento correspondiente a la Catedral para uso del culto católico y dedicar el resto al enriquecimiento artístico y cultural para la ciudad y sus visitantes.
Ante el rigor y consistencia del informe, el Cabildo y sus aliados (feligreses, cofradías y Partido Popular) repiten de manera machacona a modo de letanía el mismo mantra: “la Mezquita-Catedral les pertenece desde 1236 por ser una donación del Rey Fernando III al obispado de la ciudad (Aunque sigan sin aportar documentación que lo justifique), que gracias a su cuidado el monumento se ha podido conservar en tan buen estado (A pesar de las abundantes referencias históricas de hechos, pasados y presentes, que demuestran el afán constante por borrar toda huella del legado Omeya y la abundante aportación económica por parte del Estado, en sus diferentes ámbitos, para la restauración del monumento) y que el proceso de inmatriculación se ha hecho de acuerdo a la ley (Afirmación que nadie discute, pues lo que se cuestiona es la legitimidad y el uso que se ha hecho de una ley injusta, antidemocrática y propia de una dictadura teocrática)”.
Este mantra ha calado hondo y se ha incrustado emocionalmente en una parte importante de la sociedad cordobesa, dificultando el dialogo con quienes de manera razonada, como hacen los autores del informe, exponen otro punto de vista.
Lo paradójico de esta cuestión es que quienes defienden que la propiedad del monumento siga perteneciendo a quien siempre fue su propietario, el Estado español y consecuentemente a TODOS los españoles, se les reprocha haber iniciado la polémica en torno a la Mezquita-Catedral, en vez de señalar al Obispado que en el año 2006, alteró el estatus del monumento al inmatricularlo a su nombre utilizando los privilegios que les otorgaba una ley franquista que permitía al Obispo, sin necesidad de aportar ninguna prueba, con solo su palabra registrar cualquier inmueble a su nombre y figurar como propietario del mismo. El escándalo dentro y fuera de nuestras fronteras, ha alcanzado tal envergadura que el “piadoso” ministro Gallardón se vio obligado a derogarla. Aunque, eso sí, considerando legales todos los actos realizados bajo su amparo y dando un año de plazo para que entrara en vigor. En definitiva, una “amnistía registral” que ha permitido que la iglesia se apropie de miles de edificios de todo tipo y condición.
Por el contrario, quienes defienden la propiedad para una organización privada y dependiente de un Estado extranjero con lo que el monumento, al menos nominalmente, dejaría de pertenecer a España, son considerados defensores de su patria y de su patrimonio. Algo explicable como secuela de cuarenta años de dictadura teocrática, no olvidemos que Franco fue “caudillo de España por la gracia de Dios”, en los que la fusión Iglesia-Estado era absoluta. Situación que los gobiernos de la democracia, desgraciadamente, han hecho poco por corregir. Así nos encontramos con municipios en los que hay dos autoridades en la alcaldía, una real de carne y hueso y otra virtual, perteneciente al mundo de los espíritus.
Sin embargo lo más desagradable e inaceptable de esta polémica es la falta de rigor documental en quienes defienden la propiedad de la iglesia y, lo que es peor, suplir esta carencia con el recurso a fantasmas para crear miedo y desazón entre la población. En ese sentido resulta lamentable las notas publicadas en la prensa local por parte de la Agrupación de Cofradías en las que para mostrar su apoyo al Obispo recurren al insulto y descalificación personal de los autores del informe, atribuyéndoles “abyectas conclusiones” para “intentar eliminar a los cristianos” entre otros disparates. O las del portavoz del cabildo que vuelve a la conspiración judeo-masónica y comunista para quitarles el monumento, no aclarando si se lo quedaría el PCE, sería para la internacional comunista, para Rusia, China, etc. O las insinuaciones de cierta prensa al relacionar la polémica con la amenaza del terrorismo yihadista.
En fin fantasmas, miedo e insultos en lugar de documentos y argumentos.
Médico y miembro de EQUO
La Asociación de Cofradías, vinculada indisolublemente a la Iglesia por mucho que sólo son complementarias, participa de su misma memoria histórica que es la misma del franquismo: la complicidad en un genocidio y en el secuestro de todo un estado por cuarenta años, pero sobre todo en el del reparto del botín de guerra, del derecho de conquista. Buena parte de los directivos de las Hermandades y Cofradías participaron entusiásticamente en la represión, algo que no está muy estudiado pero que los viejos del lugar saben y de lo que existe aún miedo en manifestar públicamente porque cuando sale a la luz la defensa se vuelve ferozmente agresiva como se demostró con el juicio y secuestro de la película «Rocío». Las cofradías participaron del botín de guerra en forma de enormes donaciones públicas para su engrandecimiento. Sólo hay que ponerse a contar la cantidad de cofradías que se fundaron y se refundaron en los años 40. En agradecimiento nombraron hermanos mayores honoríficos a los peores criminales, como a don Bruno y Cascajo, por poner sólo dos nombres y sólo en Córdoba. Llegaron a tal grado de fascismo que en 1941 una cofradía cordobesa nombró hermano mayor honorífico a Benito Mussolini. Lo sigue aún siendo. Aznar, Gallardón, la Iglesia, las cofradías, forman una comunión de memoria: la de los crímenes y los robos de sus inmediatos antepasados y antecesores. Es normal que formen piña y defiendan lo suyo.