Publicado en octubre de 2017 en el Número 7 de la edición impresa

La palabra público viene del latín “publicus”, con su raíz “populicus”, lo perteneciente (ico) al populus (pueblo). Y política viene del griego “politikós”, “de los ciudadanos”: ¡Honremos nuestras raíces!

Los servicios públicos y las empresas públicas – como propiedad y potestad de la ciudadanía – tienen una irrenunciable orientación al “bien común” en su misión y gestión. A diferencia del sector privado, que con su actividad empresarial obedece a la razón de ser de la máxima obtención de beneficios, lo público está supeditado a cubrir las necesidades de la ciudadanía, como son la educación y la sanidad, o el acceso al agua, la electricidad, la recogida de basura o el transporte, y a la máxima obtención de plusvalía en su nombre y en su beneficio. La gestión pública tiene que mostrar su eficiencia y viabilidad, al igual que el sector privado, y contribuir a objetivos macroeconómicos (estabilidad, crecimiento, pleno empleo, redistribución de renta, etc.). Al deberse al “bien común”, es primordial su rentabilidad en un sentido más amplio, la eficiencia y rentabilidad social, económica, ambiental y cultural. Su irrenunciable compromiso con los derechos básicos de la ciudadanía hace que su eficiencia no puede ser medida en términos mercantiles, sino más bien con un difícil equilibrio de parámetros económicos, sociales, laborales, culturales y ambientales.

Veamos -a modo de ejemplo- el caso de la electricidad, indudable necesidad básica para una vida digna. Por coherencia, es inconcebible el suministro eléctrico privatizado, sujeto a la lógica de maximizar beneficios. Las grandes empresas del sector, a menudo multinacionales, imponen precios crecientes e insoportables que no permiten la mínima calidad de vida para muchas familias. Ya que el Gobierno de España no tiene en su agenda política la recuperación de la electricidad como “bien común”, Córdoba debe acompañar a la vanguardia de ciudades que han optado por la municipalización de la producción y el suministro eléctrico, a un precio asequible, bajo control público, y con garantía de producción limpia a través de energías renovables. Indudable fuente de riqueza social, ambiental y de empleo, que solo requiere valentía política. ¿Veremos esta valentía durante la presente legislatura?

La gestión de las empresas y de los servicios públicos requiere un compromiso, sin fisuras, con valores éticos del “bien común”. Por coherencia, la precariedad laboral, la discriminación de género y seguros médicos o planes de pensiones privados no pueden tener cabida en su gestión. Lamentablemente, tenemos casos de empresas públicas y servicios públicos en nuestra ciudad que no cumplen con algunas de estas premisas.

En caso de privatizar un servicio público, el “bien común” es difícilmente compatible con una contratación pública en manos de multinacionales o grandes empresas, no arraigadas en el municipio, y caracterizadas por empleo precario y por no generar riqueza local. En casos como CLECE, imperios empresariales como el de Florentino Pérez, o tantos otros, los beneficios económicos acaban concentrados en pocas manos, en lugares muy remotos, incluso en paraísos fiscales. Es una lógica muy alejada de la buscada economía de proximidad. Cuestión clave a tener en cuenta ahora que el Ayuntamiento de Córdoba ha sacado a concurso el servicio de la ayuda a domicilio (14,9 millones de euros). Por coherencia, en este y otros servicios, la contratación debería de hacerse a entidades sociales no lucrativas, del ámbito de Economía Social y Solidaria. Las licitaciones públicas podrán puntuar su inscripción en un registro municipal.

Volviendo a la raíz etimológica de “público”, la “pertenencia al pueblo” establece un indudable vínculo material y ético de rendición de cuentas a la ciudadanía. Según la OIT, “el diálogo social desempeña un papel importante en la elaboración de estrategias conjuntas por los interlocutores sociales a fin de mejorar los servicios públicos de suministro”, y su eficiencia y accesibilidad contribuye a establecer un marco de legitimidad y confianza a la administración pública-ciudadanía, y demanda la continua mejora de los servicios públicos en beneficio de las personas. El diálogo social tiene que definir qué servicios deben ser públicos, aparte de aquellos que cubren necesidades básicas (educación, sanidad, agua, electricidad, residuos, transporte, cultura, etc.), como consenso pactado con la ciudadanía. En el caso de Córdoba, para servicios tales como ayuda a domicilio, parques y jardines o infraestructura, la ciudadanía tiene que valorar -con información amplia y transparente- ventajas y desventajas de su posible municipalización. En la era digital, un auténtico compromiso de participación ciudadana, el diálogo social con decisiones estratégicas en manos de la ciudadanía, es un escenario imprescindible.

Recordemos que hablar de economía es hablar de la preciosa palabra griega “oikonomia” (οἰκονομία), que significa la administración o el “cuidado del hogar” (oikos), el hogar de nuestra casa o de nuestro planeta.