Estamos asistiendo a un escenario mundial en el que los derechos humanos, que nunca fueron universales, y toda la arquitectura que en esa materia se ha ido forjando a partir de los mismos, están sufriendo un recorte y, lo que es peor, una reinterpretación que pone en riesgos, más aún, la seguridad humana. En estos tiempos extraños en los que tanto se habla de seguridad, nos olvidamos que la seguridad de las personas no nos la va a dar ni el endurecimiento de las fronteras, ni el aumento del gasto policial-militar, muy al contrario, lo que nos aportará seguridad es la certeza absoluta de que los derechos de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas van a ser respetados en su integridad.
Las épocas de crisis son escenarios propicios para justificar la renegociación de los derechos, da igual que las crisis estén provocadas por un desastre natural, una caída de los mercados, un conflicto armado o una pandemia. Da igual. Quienes detentan el Poder con mayúscula no perderán la ocasión de menoscabar las opciones que tienen los Pueblos para el ejercicio de sus derechos. El Poder sigue siendo patrimonio de los hombres, a pesar de los muchos avances que ha conseguido la lucha de las mujeres por la igualdad. De manera que en ese proceso que limita el ejercicio de los derechos, el impacto sobre las mujeres y las niñas es sustancialmente más severo. No es victimizar, es constatar un hecho: Las mujeres seguimos siendo a fecha de hoy botín de guerra, seguimos siendo violadas, seguimos soportando embarazos y matrimonios precoces y forzosos, se nos sigue deslegitimando del poder, marginando de la educación y de la ciencia, del arte y la cultura. Somos dos tercios de la población pobre del mundo y el 80% de las supervivientes de trata de personas por explotación sexual.
En Julio de 2021 Turquía oficializó que abandonaba el tratado internacional de derechos humanos, conocido como el Tratado de Estambul, convirtiéndose de este modo en el primer miembro del Consejo de Europa que abandona el tratado que ofrece un marco jurídico para proteger a las mujeres de la violencia y promover la igualdad de género, mediante la legislación, la educación y la concienciación. ¿Quién nos asegura que a esta funesta retirada no se sumarán otros estados? A fin de cuentas, la ley de la contingencia está ahí: lo que hoy es, mañana puede dejar de serlo.
Aquí, en el estado español, avanza la derecha endurecida, extremista, rancia y neofascista que personifica VOX. Una formación política legal, que fundamente su narrativa en la “reconquista” frente al invasor migrante, la unidad de España, la defensa de un único modelo de familia, la salvaguarda de la bandera, la ilegalización de las organizaciones feministas y la destrucción de eso que han dado en llamar la ideología de género. Toda una serie de despropósitos que atentan flagrantemente contra las libertades públicas y privadas y pasan por promover la aniquilación de los instrumentos del estado de derecho, que tantos esfuerzos, tanta voluntad de consenso y tantas luchas ha costado alcanzar: como la ley contra la violencia de género, que se quieren cargar de un plumazo, y se la quieren cargar por considerar que la violencia basada en el género no existe (…). Tanto es así que ha sido el único partido del arco parlamentario que no ha suscrito la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, firmado el 25 de noviembre del 2021.
Las feministas sabemos que es imprescindible seguir luchando por el reconocimiento de los derechos ciudadanos de las mujeres y por los derechos políticos, pues aún andamos muy lejos de la meta fijada por la ONU en la cuarta conferencia internacional sobre la mujer, celebrada hace veintisiete años en Pekín, y los datos hablan por si mismos, el informe de Marzo del 2021 de la Unión Interparlamentaria, revela que únicamente el 6% de países tienen una mujer como jefa del Estado y un 7% presidiendo un Gobierno. De un total de 193 países, solo 22 mujeres ocupan una de esas dos funciones.
La paridad es una cuestión de derechos y debe serlo a nivel mundial, enfatizando los esfuerzos en los países en vías de desarrollo, en los cuales el movimiento de mujeres está suponiendo un impulso de primer orden para avanzar en políticas de igualdad, en unos territorios que a menudo les son hostiles, en muchos de los cuales, el activismo feminista de las defensoras de los derechos humanos, pone en riesgo la seguridad de muchas mujeres e incluso su propia vida.
Lo que está en juego es el propio estado de derecho. Mientras las mujeres no accedan a las mismas oportunidades que los hombres, hablar de justicia, de paz y de democracia no pasará de ser un discurso vacío. Empieza un nuevo año, deberíamos avanzar.
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