USTEA ha denunciado la situación de extrema vulnerabilidad en la que han quedado numerosos centros educativos de difícil desempeño en la provincia de Córdoba tras la finalización del periodo de escolarización de admisión.

Los centros de difícil desempeño son aquellos que enfrentan condiciones especialmente complejas que dificultan su funcionamiento y el logro de objetivos educativos. Estos centros están ubicados en zonas con necesidades de transformación social (ZTS), caracterizadas por altos niveles de pobreza, exclusión social, desempleo y otros factores que afectan negativamente al entorno educativo.

Las familias han comenzado esta semana a matricular a sus hijos e hijas, pero no todas han tenido la suerte de hacerlo en el centro que habían escogido como primera opción. La Administración Educativa ha vendido por activa y por pasiva la libertad de elección de centro para las familias. Con estas prácticas, se demuestra que faltan a sus propios compromisos.

Este problema se ha manifestado especialmente en centros de difícil desempeño, donde la supresión anticipada de aulas ha tenido consecuencias graves. Sonia León, responsable de organización, ha apuntado que “se ha comprobado que la planificación a la baja llevada a cabo por la Administración antes del mes de marzo, eliminando unidades educativas que hasta este curso formaban parte de la oferta, ha condicionado la admisión”.

Desde USTEA critican con firmeza el modus operandi de la Administración Educativa en los centros de difícil desempeño: la decisión de quitar una unidad y dejar un aula mixta a la ratio máxima permitida —15 alumnos y/o alumnas—, siendo plenamente conscientes de los recursos que precisa este alumnado y de la cantidad de nuevas peticiones de admisión que presentan estos colegios a lo largo del curso, lo que provoca una sobrerratio asegurada para el siguiente curso.

Lo más grave es que esta situación jamás se da en un centro concertado, donde no se crea aula mixta ni siquiera en una fase posterior, habiendo casos como el del CDP Zaida, que ha recibido tan solo tres solicitudes para tres años, o el CDP San Rafael, con cuatro solicitudes, sin que ello haya supuesto la agrupación de niveles ni recortes similares. Esta doble vara de medir supone una clara discriminación hacia la red pública de centros.

En el CEIP Obispo Osio, en la capital cordobesa, se ha eliminado una unidad de Infantil antes del 1 de marzo, lo que ha dejado una única aula que mezcla los tres niveles del ciclo a ratio máxima, impidiendo así la matriculación de una nueva alumna que pedía el centro como primera opción. Situación similar se ha vivido en el CEIP Albolafia, donde también se suprimió una unidad a priori, lo que ha dejado al centro con tres aulas mixtas ya, una de ellas superando incluso la ratio permitida, con 16 alumnos y alumnas.

En el caso del CEIP Maestro Enrique Asensi, de Puente Genil, se han suprimido dos unidades de Educación Primaria antes de conocer la demanda real de las familias. Esto ha impedido que varias familias hayan podido matricular a sus hijos e hijas en el centro que habían escogido como primera opción, una situación que no se habría producido de haberse mantenido la oferta existente. Actualmente, el centro se encuentra en una situación crítica: dos nuevas aulas con la ratio máxima permitida y agrupando niveles distintos, afectando a un alumnado especialmente vulnerable, con un alto porcentaje de necesidades educativas especiales y en riesgo claro de exclusión social y comprometiendo seriamente su derecho a una atención educativa adecuada.

Resulta preocupante que estos recortes afecten, en su mayoría, a centros que no cuentan con asociaciones de familias constituidas que puedan ejercer presión sobre la Administración, lo cual evidencia una falta de equidad en el tratamiento de la comunidad educativa más desfavorecida.

El sindicato recuerda que ya el curso pasado tuvo lugar el cierre de dos centros educativos públicos con características similares en la capital —el CEIP Alfonso Churruca y el CEIP Duque de Rivas—, y que el CEIP Pedagogo García Navarro, único centro superviviente en ese contexto, también ha visto mermadas sus aulas para el próximo curso.

El pasado lunes, USTEA estuvo presente, como única fuerza sindical, en la Comisión de Garantías de Escolarización Provincial, un espacio en el que trasladó al delegado esta gravísima situación, que evidencia una estrategia de desmantelamiento progresivo de la red pública en los centros que más apoyo requieren.

Por todo ello, desde USTEA han solicitado con urgencia la rectificación de la planificación realizada y la devolución inmediata de las unidades eliminadas a estos centros de difícil desempeño. No podemos permitir que decisiones administrativas anticipadas y alejadas de la realidad social de cada centro priven al alumnado más vulnerable de su derecho a una educación digna y adecuada a sus necesidades.

El sindicato asegura que seguirá vigilante y comprometido con la defensa de una educación pública inclusiva, justa y de calidad para todos y todas.

USTEA Córdoba reafirma su apuesta por la educación pública mostrando su apoyo incondicional a la movilización de las AMPAS USTEA exige que se pare la sangrante supresión de aulas en centros públicos USTEA alerta de la carencia de medios de atención al alumnado con necesidades específicas USTEA se moviliza en defensa de una educación publica gratuita y de calidad