Ecologistas en Acción Andalucía ha presentado un amplio informe relativo al saneamiento y depuración en Andalucía basado en el control que ejerce la Administración hidráulica andaluza de las EDAR (Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales) de más de 2.000 habitantes-equivalentes del año 2022, así como la evolución en la última década, con el objeto de evaluar el cumplimiento de la normativa estatal sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. Estas depuradoras apenas suponen el 50% del total construidas.

Las conclusiones finales revelan, después de analizar 304 aglomeraciones urbanas en las ocho provincias andaluzas, que en 2022 ha vuelto a subir el porcentaje de las que cumplen la normativa, situándose en algo más de 67%, dos puntos porcentuales mejor que el año anterior. Aún así, se sigue manteniendo la tendencia de la última década, que al menos un tercio de las depuradoras siguen sin cumplir la normativa de aguas residuales. Y este dato es el reflejo de analizar menos del 50% del total de depuradoras construidas en Andalucía, que según el último Informe de Medio Ambiente está en 683.

A nivel provincial es donde se reflejan mejor las diferencias con respecto al año anterior, mientras que Córdoba y Huelva se mantienen prácticamente en los mismos porcentajes que en 2021, las provincias de Granada, Almería y Jaén son las únicas que han mejorado mucho. Granada ha mejorado en 15 puntos porcentuales, Almería en 14 y Jaén en 9. Por su parte, Córdoba sigue siendo la provincia con mejores porcentajes de conformidad, con algo más del 87%. Le sigue Huelva casi con algo más del 84% (en 2018 tenía poco más del 58%) y Sevilla, que ha pasado del 59% en 2018 al 73% en 2022. Por último, Málaga es la peor provincia, con solo el 50% de depuradoras conformes, veintidós puntos porcentuales menos que en 2013. Le sigue Cádiz con poco más del 54,5%, siete puntos porcentuales peor que el año anterior.

Con respecto a la evaluación de los últimos 10 años, con una media de 308 depuradoras analizadas, se ve claramente que solo Córdoba se ha mantenido en porcentajes que rondan el 84,5% de media. Huelva mantiene por tercer año consecutivo sus buenos porcentajes en torno al 84%. Por el contrario, la provincia de Jaén ha logrado frenar el descenso paulatino desde el año 2018, lo que llevó a sus peores porcentajes en 2021. En el último año ha revertido esta tendencia, aunque aún lejos de la media de los últimos diez años que se sitúa en torno al 70%.  

En este Informe también se resume el balance de ingresos y gastos (a 31/12/2022) del canon de mejora autonómico, donde los ingresos totales del mismo ascienden a más de mil trescientos millones de euros (142 millones solo en 2020), de los que solo se han ejecutado y financiado con cargo a los ingresos del canon de mejora autonómico poco más de 428 millones de euros. La desviación de los ingresos frente a la inversión ejecutada asciende a casi 862 millones de euros. En 2023 no se ha recaudado este impuesto finalista que se venía cobrando desde 2011, con la excusa de “ayudar a familias y empresas a paliar los efectos de la subida de precios”.

En los 4 últimos años se ha acelerado de forma notable las infraestructuras pendientes que se declararon de interés autonómico en 2010, lo que debe afectar -cuando funcionen a pleno rendimiento- al cumplimiento de los objetivos ambientales de las masas receptoras del efluente depurado. Si en 2018 había más de un 42% de actuaciones sin iniciar, a finales de 2022 todas las obras están en marcha, bien finalizadas, en ejecución, licitadas, en tramitación, anuladas o simplemente se han estimado como no necesarias.

Ecologistas en Acción anuncia que seguirá exigiendo a las administraciones responsables (local, autonómica y estatal) la ejecución de las actuaciones pendientes y «que aceleren los procedimientos administrativos necesarios y no escatimen los ingresos del canon para su ejecución. Andalucía y España tienen un serio problema en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales, motivo por el que nuestro país tiene abiertos cinco procedimientos de infracción, de los que dos acabaron en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)«.

Actualmente la mayor multa que España ha pagado a Europa corresponde al incumplimiento de la Directiva 91/271/CEE, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. Se prevé que llegue hasta los 80 millones de euros, 15 de los cuáles los pagará Andalucía. Y, a juicio de Ecologistas en Acción Andalucía, «el panorama no parece que vaya a resolverse de forma inmediata, ya que, en el mejor de los escenarios, España asume que seguirá pagando la multa millonaria hasta 2025, siempre que no ocurran retrasos que ni mucho menos se pueden descartar«.

El colectivo medioambientalista recuerda que viene advirtiendo desde hace varios años del problema existente en Andalucía, no solo de localidades que siguen sin tratar adecuadamente sus aguas residuales y cuyo incumplimiento seguirá costando centenares de miles de euros en multas, sino que la situación de las que están funcionando es también muy preocupante como muestra el informe. Por ello, reclaman «a los Entes Locales -en función de los recogido en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local-, que asuman las competencias en materia de tratamiento de aguas residuales. Que faciliten los terrenos para ubicar la depuradora, expropiando si es menester, agilizando permisos y, sobre todo, asumiendo con posterioridad las operaciones de mantenimiento de las mismas, el verdadero problema para garantizar el correcto cumplimiento de la normativa de aguas residuales urbanas«.

Finalmente, inciden en la necesidad de que las Administraciones competentes se marquen el «Vertido 0«como primer y único objetivo a corto y medio plazo, ya que, avisan, «la salud de las personas y el medio ambiente no admiten más retrasos«.

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