Derechos y libertades en la Segunda República: del olvido al reconocimiento. Tópicos y falacias perpetuados hasta hoy

César Pérez Navarro

Publicado en abril en el Número 4 de la edición impresa

El 14 de abril se cumplen 86 años de la proclamación de la Segunda República. Desde 1931 y hasta el golpe militar de 1936 supuso el proyecto democrático de reformas modernizadoras más vasto de la España Contemporánea. Craso error acercarse a esta etapa de conquista de derechos y libertades, de consecución de un principio de justicia social, desde una falsa equidistancia o desde el desenfoque posterior de la Guerra Civil. No es casual que en las aulas españolas siga estudiándose la República unida irremediablemente a la guerra en el currículo de la ESO y Bachillerato. Se pretende imbuir al alumnado con la idea de que la guerra civil fue una consecuencia casi necesaria e irremediable de la Segunda República. Se trata de enterrar el ejemplo. Se habla aún de bandos, de las dos Españas o del conflicto entre hermanos, situando al gobierno legítimo -democráticamente elegido por los ciudadanos- frente a un grupo de militares golpistas, pero al mismo nivel.
El historiador Francisco Moreno ya nos advirtió de que una República Constitucional nunca puede calificarse como bando: la banda fueron los insurrectos o los traidores a la nación republicana contra la que nunca se “alzaron”. Que se siga utilizando con normalidad el término de la propaganda franquista alzamiento para sustituir el golpe de estado es casi tan trágico como colocar el acento en la izquierda frente a la derecha cuando lo que realmente se enfrentó fue la democracia frente a fascismo. Similar dicotomía izquierda-derecha sigue rentabilizada hasta día de hoy, aunque ya hay voces que la sustituyen por los de abajo frente a una minoría económica y socialmente privilegiada. Es insultante que en los libros de texto y en los medios de comunicación aún se nombre a golpistas o rebeldes como los nacionales, calificativo que solo debería reservarse al ejército popular y republicano que defendió la democracia frente a los insurrectos. Al contrario, estos son calificados como los rojos, otro término peyorativo del panfletario fascista asumido por medios y libros de texto.
El rigor histórico no debe admitir neutralidad o falsa imparcialidad por parte del investigador o el periodista que explica esta etapa. ¿Cómo podríamos situarnos moralmente en tierra de nadie, equidistantes entre fascismo y democracia, entre golpismo y Estado de Derecho? Pues la mayor parte de los manuales de historia y medios de comunicación siguen haciéndolo.

Logros históricos frustrados por el golpe de estado y la Dictadura Franquista

Decía Julio Anguita que si la República no se traduce en una vuelta a los orígenes que movieron al inicio de la misma, no la querría. Que si la República significara tan sólo la ausencia de un Rey, él no la apoyaría. En efecto, este ciclo histórico no puede explicarse desligado de los enormes logros y adquisición de derechos fundamentales que significó, sobre todo durante los dos años y medio iniciales. La Segunda República sentó las bases de un estado Moderno y verdaderamente progresista. El nuevo sistema parlamentario reconoció la libertad ideológica y de pensamiento. La Constitución de 1931 dedicó casi un tercio de su articulado a recoger y proteger los derechos y libertades individuales y sociales, ampliando el derecho de sufragio activo y pasivo a los ciudadanos. El derecho a voto de la mujer fue aprobado el 1 de octubre de 1931… y el 19 de noviembre de 1933 las mujeres acudieron a votar por vez primera en España. La separación de poderes -legislativo, ejecutivo y judicial- también se la debemos a los republicanos, así como la escisión total entre Iglesia y un Estado: “el Estado español no tiene religión oficial”, decía el art. 3 de la Constitución de 1931.

En un contexto de reivindicación de libertades, derechos para los trabajadores y tasas de desempleo crecientes -nada demasiado diferente a estos días- la II República reconocía en su Constitución la “igualdad de los españoles ante a ley” (art. 2) y la “compatibilidad del estado con la autonomía de Municipios y regiones” (art. 1). Más avanzada en muchos aspectos que la vigente Carta Magna, en la Constitución de 1931 se “renunciaba a la guerra como instrumento de política nacional” (art. 6) y se “acataban las normas universales del Derecho internacional, incorporándolas a su derecho positivo”.
Tras el triunfo republicano, impulsado por las grandes ciudades y capitales de provincia, también se sentaron las bases de la Sanidad y Educación Públicas, o lo que ahora se formula como “estado de bienestar”. Esos nunca fueron logros del franquismo como pretenden hacernos creer, y se consolidaron en un breve período de tiempo a través de la construcción de miles de escuelas públicas y cientos de centros de salud. Para hacernos una idea, 741.771 trabajadoras se afiliaron al Seguro Obligatorio de Maternidad que introdujo un servicio estatal de atención sanitaria, de descanso maternal y de subsidios a las madres trabajadoras entre 1931 y 1935. En cuanto a la educación, el gobierno se atribuyó la obligación de facilitar el acceso a todos los grados de enseñanza a los españoles sin posibilidades económicas, es decir, por vez primera se establecía que la falta de recursos no podría ser un impedimento para estudiar. La enseñanza primaria era obligatoria, gratuita y laica, mientras que los maestros, profesores y catedráticos se convertían en funcionarios públicos. Asimismo, se establecían un 25% de matrículas gratuitas a nivel universitario. La escolarización de niños de entre 5 y 14 años alcanzó la cifra record del 69% según el INE (Anuario Estadístico de España) entre 1931-1936. Se elaboró un plan para la construcción de hasta 27 mil centros escolares, y aunque no se logró ese objetivo -como tantos proyectos a largo plazo truncados por el golpe- si se pusieron en marcha la “Institución Libre de Enseñanza” y las llamadas “Misiones Pedagógicas” para acercar la cultura al mundo rural.
Otros derechos adquiridos fueron el reconocimiento a la libertad de manifestación y reunión, la supresión de la censura en los medios de comunicación, el derecho al aborto, y la que se considera como causa decisiva que motivó el golpe de estado de 1936: la reforma agraria que ponía fin a los privilegios medievales de un puñado de terratenientes. Entre marzo y julio de 1936, el Gobierno de la II República consiguió asentar a unos 120.000 campesinos en terrenos expropiados, principalmente en Toledo (más de diez mil), Cáceres (más de treinta mil) y Badajoz (cerca de cincuenta mil). La provincia andaluza con mayor número de jornaleros asentados fue Córdoba, con 5.300. En Andalucía, el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) estima que la República expropió entre 800.000 y 1 millón de hectáreas a los terratenientes para que las trabajasen los campesinos organizados de manera colectiva. La dictadura franquista se encargó de vulnerar la legalidad vigente y entregar otra vez esas tierras a manos privadas. A día de hoy, la Junta de Andalucía sigue sin corregir ese robo del franquismo al Estado y perpetúa los latifundios existentes desde siglos atrás, muchos de ellos improductivos.

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