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Las organizaciones del Estado español abajo firmantes, habiendo tenido conocimiento de los hechos acaecidos en la tarde del 29 de octubre de 2019 en el resguardo indígena de Tacueyó (municipio de Toribío, departamento del Cauca, Colombia), en el que fueron asesinadas cinco personas y heridas, al menos, otras seis, queremos dejar constancia de nuestro repudio a tal acto, máxime por cuanto forma parte de una estrategia de eliminación sistemática de las autoridades indígenas del Norte del Cauca y una violación de los derechos individuales y colectivos de las comunidades indígenas que lo habitan. Además, junto con las organizaciones indígenas, enmarcamos esta masacre no solo como contra un resguardo, sino como un ataque directo contra los Planes de Vida de los pueblos del Cauca en defensa de sus territorios y modelos de vida alternativos al sistema dominante.
En 2018, siete personas pertenecientes al movimiento indígena fueron asesinadas en el Norte del Cauca por grupos armados ilegales. En lo que va transcurrido del presente año, el número asciende a catorce personas: nueve guardias indígenas, un presidente de Junta de Acción Comunal, una ex coordinadora local del Programa Mujer, un integrante del movimiento juvenil y dos autoridades en ejercicio del Resguardo de Tacueyó. En 2019 se han realizado 10 atentados contra comuneros de Tacueyó, en los que se han empleado armas de largo alcance (fusiles y granadas).
Las personas asesinadas y las heridas en el día de ayer son Neehwesx (autoridades indígenas), kiwe thegnas (guardias indígenas, cuidadoras y cuidadores del territorio) y comuneros que se encontraban ejerciendo control de su territorio, ante la amenaza de gente armada. Estos ejercicios, pacíficos y desarmados, se realizan para proteger los derechos humanos de los habitantes del territorio y para preservar la paz. El ataque representa uno más de los que se vienen realizando contra las y los defensores de derechos humanos en Colombia desde la firma de los Acuerdos de Paz, contra líderes y lideresas indígenas, afrocolombianas, campesinas, representantes de movimientos de mujeres y de jóvenes y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en favor de la paz en el Cauca y en todo el país.
Las organizaciones firmantes trabajamos en solidaridad con las y los defensores de derechos humanos en Colombia y vemos con creciente preocupación el incremento de la violencia física y política contra ellos, así como la impunidad en que se desenvuelve. Las cifras de personas asesinadas y las amenazas sistemáticas comienzan a adquirir tintes de genocidio, pues se dirige al exterminio físico de un grupo determinado de personas, las y los defensores de derechos, que están siendo asesinados por el solo hecho de oponerse a las dinámicas violentas que se producen en los distintos territorios. Sin olvidar su carácter de oposición a los intereses económicos de quienes están detrás de esas dinámicas (oligarquías, disidencias, pero también trasnacionales).
En el caso de la masacre realizada ayer, las personas atacadas lo fueron por defender los derechos de autonomía y territoriales reconocidos a los pueblos indígenas por la Constitución colombiana y los tratados internacionales. En este sentido, los y las kiwe thegnas, junto con las autoridades indígenas (que son autoridades nacionales como los alcaldes, los gobernadores o los ministros) y las comunidades, realizan una labor preventiva, pacífica y de protección, lo hacen desarmados y con solo la palabra y la presencia colectiva, por lo que el crimen perpetrado resulta especialmente cruel y cobarde.
Queremos también exigir al Gobierno colombiano que acabe con la impunidad de las distintas facciones que actúan en los territorios de modo violento, que lo haga desde el respeto a los derechos humanos y sin generar un nuevo conflicto armado en estos territorios, que proteja a la población civil y a las autoridades indígenas como autoridades nacionales. Las organizaciones indígenas han trasladado al Gobierno Nacional las amenazas continuas y este tiene conocimiento del cumplimiento de dichas amenazas. Su inactividad o su falta de operatividad resultan alarmantes. Pero es necesario, y así lo solicitamos, que cumpla sus obligaciones en coordinación y diálogo permanente con las autoridades indígenas. Y que lo haga en el marco del cumplimiento de los Acuerdos de Paz, no únicamente con acciones puntuales, sino con una estrategia de implementación de los mismos decidida y comprometida. No hacerlo está generando una situación de crisis humanitaria de una gravedad alarmante.

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