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Hablamos de Carlos Arce
20 años de foto fija de exclusión social en Córdoba

3 enero, 2022

Carlos Arce en la presentación del informe
Carlos Arce Jiménez. Delegado en Córdoba de la APDHA y Profesor de Derecho Constitucional de la UCO

El pasado 10 de diciembre, con motivo del Día internacional de los Derechos Humanos, desde la Delegación en Córdoba de la APDHA presentamos el informe “20 años de asesoría jurídica en contextos de exclusión” . El documento recoge la experiencia de un servicio que la APDHA, con el apoyo del Ayto. de Córdoba, lleva prestando en las barriadas necesitadas de transformación social de la ciudad y en la prisión desde hace dos décadas. El objetivo de la asesoría es ofrecer a las personas más vulnerables herramientas sociojurídicas para ejercer sus derechos en pie de igualdad con el resto de la ciudadanía cordobesa.

En el estudio hemos podido concluir que el “perfil medio” de los vecinos cordobeses en riesgo de exclusión sería el de una mujer, española, soltera, desempleada y de entre 26 y 52 años; los problemas más frecuentes que les trae a nuestra asesoría están vinculados al acceso a la vivienda y a las prestaciones sociales.

Durante la presentación a los medios de comunicación del informe, una pregunta recurrente fue: ¿qué evolución de la pobreza y la exclusión en Córdoba habéis podido observar mediante vuestro trabajo en la asesoría durante estos 20 años? Aunque la respuesta a esa interrogante ya se desprende de las cifras recogidas en el documento, el tener que verbalizarlo de forma reiterada parece que te hace más consciente de su gravedad: NINGUNA. Desde comienzos del siglo XXI hasta la actualidad los mismos barrios y grupos sociales se ven golpeados por la exclusión y los mismos derechos se ven vulnerados. Y lo peor es que las raíces temporales de estas realidades se hunden mucho más allá de esas dos décadas. Administraciones competentes, sociedad civil y ciudadanía cordobesa en general deberíamos asumir esta situación como un sonoro fracaso colectivo. Podemos analizar ese enquistamiento de la injusticia social en Córdoba en cada uno de los rasgos que configuran el “retrato robot” de la exclusión local obtenido del informe.

Que casi el 60% de las personas que vienen a la asesoría sean mujeres muestra dos cosas: desde una perspectiva negativa, la pertinaz feminización de la pobreza, pero igualmente pone de relieve que son ellas las que lideran la transformación de nuestros barrios más abandonados y la lucha por sacar a sus familias adelante. Ambas circunstancias no representan ninguna novedad. Vinculado a esta perspectiva género también está el dato de que el 63% de los usuarios no tengan una situación estable de pareja (son solteros, viudos, divorciados o separados), ya que determina una fuerte prevalencia entre ellos de hogares monoparentales con menores y/o dependientes a cargo encabezados por una mujer. Este modelo de familia siempre copa los primeros puestos en todas las estadísticas oficiales sobre exclusión social.

Otra de las inequidades sociales que han arraigado con fuerza durante lo que llevamos de siglo XXI es el bulo xenófobo que acusa a las personas de origen migrante de colapsar los recursos sociales. El hecho de que un servicio como nuestra asesoría, dirigido especialmente a los sectores más vulnerables, sea abrumadoramente utilizado por nacionales (86%) desmiente una vez más esa falsa percepción. Y ello a pesar de que las personas migrantes están sobrerrepresentadas en los sectores empobrecidos.

Si el empleo es una de las palancas para la inclusión, la imagen que proyecta el estudio en este aspecto es desoladora: el 63% de los usuarios están en desempleo. Y los pocos que en el momento de acudir al servicio se encontraban trabajando, se desempeñaban en ámbitos laborales donde la inestabilidad y precariedad son la norma: trabajo doméstico, venta ambulante, agricultura y hostelería. Es decir, la trayectoria laboral mayoritaria es la alternancia entre estar desempleado y el ser “trabajador pobre”, por lo que esta herramienta de inclusión está ciertamente oxidada desde hace décadas.

Otro de los factores clave en la lucha contra la exclusión es el acceso a una vivienda digna y adecuada. Tampoco en esta materia hemos encontrado mejores noticias. El 37% de las personas atendidas afirmaban tener problemas de vivienda y éstos son el asunto más repetido en los expedientes tramitados (23%). Y es prácticamente imposible que estas cifras sean diferentes, ya que la precariedad laboral descrita veta el acceso al mercado privado y no existe una política pública de vivienda digna de ese nombre (las últimas promociones de vivienda social datan de lo años 90, y la actividad de la empresa municipal de vivienda ha obviado sistemáticamente las necesidades de la población en riesgo de exclusión).

No debe extrañar que el segundo tema más tratado en la asesoría sean las prestaciones sociales. En primer lugar, porque tampoco ese lugar común tan repetido desde las posiciones más conservadoras respecto a que las clases populares viven “subvencionadas” a base de ayudas públicas tiene ninguna base: tan solo un 23% de los usuarios reciben una prestación económica estatal. Y eso que la altísima incidencia del desempleo (63%) y de discapacidad/enfermedad crónica grave (el 29% de las unidades familiares atendidas contaban con al menos un miembro en estas circunstancias) determinan que esta vía de ingresos sea esencial para la supervivencia de las familias más empobrecidas de la ciudad. Desafortunadamente, la desastrosa gestión del Ingreso Mínimo Vital ha impedido que su puesta en marcha haya cambiado significativamente la endémica falta de unos ingresos mínimos garantizados para los cordobeses más vulnerables.

Por lo tanto, ¿qué debería ocurrir para dotar de movimiento a esa foto fija de la exclusión social en nuestra ciudad? Al menos dos cambios íntimamente relacionados. El primero que el conjunto de la sociedad cordobesa asumamos como inaceptable el enquistamiento de la exclusión en la ciudad, implicándonos a través de la sociedad civil en el trabajo directo en su erradicación, convirtiéndose igualmente en una cuestión decisiva a la hora de elegir a nuestros representantes públicos. Y estos últimos, ya sea por convencimiento o por la citada presión ciudadana, pongan de una vez por todas en marcha las políticas necesarias para la lucha contra la exclusión, que tanto han brillado por su ausencia en las últimas décadas y que son posibles e imprescindibles.

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