Nadie discute la esencialidad de las leyes presupuestarias en la acción política de un gobierno. El debate nuclear que define la acción política del mismo suele ser, anualmente, el debate de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) así como los presupuestos de la Comunidad Autónoma Andaluza en lo que nos atañe. La razón obvia es que éstos afectan directamente a la capacidad de desarrollo real, a la potenciación y/o transformación del modelo productivo y al bienestar de la población.

No obstante, las decisiones de gasto no solo dependen de los presupuestos de la Comunidad. También es esencial analizar las líneas políticas plasmadas en una variopinta y laberíntica ensalada de herramientas de financiación que afectan a la Comunidad Autónoma y que no dependen directamente de ella: Las inversiones públicas estatales reales en las Comunidades Autónomas (CC.AA.), el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), las transferencias a las Comunidades Autónomas en concepto de Políticas Activas de Empleo, el Sistema de Financiación Autonómica (SFA)… Sin olvidar las políticas de desarrollo europeas y estatales, siendo las políticas europeas sobre las que menos capacidad de acción presentan los gobiernos autonómicos. Políticas –las europeas- muy sesgadas en cuanto a los intereses de los estados económicamente más fuertes.

Los diferentes estudios de economía financiera demuestran un aumento paulatino de la centralización de los gastos redistributivos, dejando cada vez menos margen a políticas presupuestarias de administraciones inferiores. Cada vez más, los Presupuestos Generales del Estado y los Presupuestos Generales de Andalucía se conforman como las principales herramientas de redistribución de los recursos, tanto entre territorios como entre colectivos sociales y no sólo por su faceta fiscal o de transferencias a colectivos desfavorecidos, sino por el imprescindible papel que en esta redistribución tiene la financiación de unos servicios públicos y unas infraestructuras de todo tipo imprescindibles para permitir el acceso en igualdad de condiciones a los mismos.

Teóricamente el principio de solidaridad enmarcado dentro de la obligada equidad debería marcar todas estas decisiones políticas. Según éste, el gasto público, y más específicamente las inversiones públicas, han de ser desiguales para permitir cumplir el objetivo de nivelación. Este principio moral y político con operatividad jurídica se desarrolla a través de la Ley.  El principio de solidaridad es necesario para la aplicación de la EQUIDAD que implica necesariamente igualdad de oportunidad, ecuanimidad, justicia, rectitud y equilibrio y, por ende, ofrecer un trato diferenciado que permita superar desigualdades existentes. Si se aplican políticas carentes del principio de equidad permitiéndose la perpetuación de los desequilibrios o el incremento de los mismos se está discriminando a unos territorios respecto de otros, o a unos colectivos sociales respecto de otros.

Tenemos más que suficiente trayectoria democrática como para analizar si realmente se van consiguiendo los obligados objetivos de nivelación (convergencia territorial, lucha contra el paro, exclusión social, pobrezas…). Para valorar los resultados obtenidos por las diferentes políticas e inversiones a lo largo de los años es necesario identificar una serie de índices significativos que revelen la efectividad de las mismas.

Uno de estos índices, cuya evolución es resultado directo de las políticas de inversión pública -y del fomento de la inversión privada que ésta conlleva- es la renta (bruta y disponible) de las familias y residentes en las diferentes Comunidades Autónomas, que pone de manifiesto si se cumple el mandato constitucional de Convergencia Territorial.

Si comparamos según estadísticas oficiales del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) la evolución de la renta bruta y disponible en las tres Comunidades Autónomas con mayor población del estado –Andalucía, Comunidad de Madrid y Cataluña- en el periodo 2013 a 2018 nos permite determinar si la salida de la crisis económica anterior y antes de la actual “crisis Covid-19” ha sido de convergencia o no.

Entre 2013 y 2018 la población andaluza aumentó en casi 12.000 personas, frente al incremento de más de 260.000 habitantes en Madrid o de más de 150.000 en Cataluña. La diferencia no es debida a un menor índice de natalidad, sino consecuencia por una parte del menor saldo migratorio de extranjeros y por otra del mayor índice de exilio laboral de nuestros y nuestras convecinas. Sin embargo, la política fiscal aplicada arroja un aumento de más de 220.000 declarantes del IRPF en Andalucía en este período que supera en 1,37 veces al que se ha producido en Madrid y Cataluña conjuntamente. De igual modo el porcentaje de declarantes respecto al número de habitantes –índice declarativo– disminuyó en Madrid y Cataluña (-0,12 y -0,75 puntos porcentuales respectivamente) mientras en Andalucía se incrementó en 2,57 puntos porcentuales lo que se podría interpretar de forma positiva en términos de convergencia. Desgraciadamente, aunque pudiera parecer consecuencia de un incremento de renta de las personas andaluzas, la realidad, como veremos, dista mucho de ser así. La diferencia en el incremento de declarantes es debida a la política fiscal de los diferentes gobiernos que ha aumentado la presión fiscal sobre la base social con menor renta bruta y disponible, es decir, sobre rentas más bajas lo que se evidencia en el análisis de los índices de renta.

La renta bruta y la renta disponible de las andaluzas es considerablemente menor que la de las personas residentes en la Comunidad de Madrid o en Cataluña, ya sea por declarante o por residente. Y lo que es peor, la brecha ha aumentado considerablemente en el período 2013-2018. La renta bruta por declarante aumentó algo más de 2.500 euros anuales en estos años entre las andaluzas, siendo en la C. Madrid y Cataluña de más de 3.200 y de 2.900 € respectivamente. Esto implica que necesitaríamos más de 23 años para alcanzar la renta de las madrileñas -la renta de las andaluzas en 2041 sería casi la de las madrileñas en 2018- y en 2034 nuestra renta sería la de las catalanas en 2018 (casi 16 años). O lo que es lo mismo: en 2018, la renta bruta por persona declarante andaluza tenía 23,1 años de retraso respecto a madrileñas y 15,3 años respecto a catalanas cuando en 2013 era de 21,7 y 14,5 años respectivamente. Pero para entonces (2041 y 2034 respectivamente) el retraso de Andalucía de seguir así se habrá incrementado hasta casi los 29 años respecto a Madrid y los 17 años con Cataluña. Y todo ello sin tener en cuenta que, basándonos en comportamientos anteriores, la actual crisis del Covid-19 provocará que la brecha aumente a mayor ritmo debido a que las políticas aplicadas durante años han creado una estructura productiva de menor resiliencia en Andalucía respecto al resto. Bajemos a nivel provincial para estudiar diferencias internas: Si comparamos las provincias andaluzas con menores rentas, comprobamos como Jaén y Córdoba presentan un “retraso” de 43 y 30 años respecto a Madrid, y de 32 y más de 28 años respecto a Cataluña. Y si la comparativa se realiza respecto a las provincias andaluzas de mayor renta, el desequilibrio interior andaluz se pone de manifiesto con un retraso de entre 11 y 12 años de Jaén con Málaga y Sevilla, y casi una década de Córdoba respecto a las mismas.

Los datos no dejan lugar a dudas: las políticas económicas, fiscales, de inversión real y gasto público no han sido equitativas; no han conseguido la obligada convergencia territorial, sino que, al contrario, han permitido acelerar el ritmo de divergencia pese a que el exilio laboral que sufren las andaluzas tiende a enmascarar y amortiguar estadísticamente estas diferencias que habrían sido mucho mayores de no haber padecido el éxodo poblacional que lamentablemente sufrimos. Son y han sido, pues, políticas y decisiones discriminatorias.

Nuestra trayectoria democrática y autonómica es la historia del despropósito que nos ha traído como consecuencia no solo una discriminación en términos de inversión pública, sino la creación de un modelo productivo inadecuado con una pérdida del valor añadido de los bienes y servicios producidos en Andalucía en favor de otros territorios y un déficit de infraestructuras. El pueblo andaluz ha sido estafado a lo largo de la historia reciente y nada o poco se ha hecho para revertirlo. Ya en1982 la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía pone de manifiesto la necesidad de financiar Andalucía para adquirir el “nivel medio” de prestaciones y servicios públicos del resto del Estado. Tras multitud de negociaciones y demoras, 26 años después, la Comisión Mixta Estado-Junta de Andalucía traslada un informe cuantificando la deuda en términos de déficit de 5.822 viviendas de protección oficial, de 115.702 viviendas en infraurbanización -alcantarillado, abastecimiento de agua, pavimentación, alumbrado público, etc.-, de 3.464 camas hospitalarias y de 1.803 aulas en centros educativos. Nunca se tuvieron en cuenta, y al día de hoy siguen pendientes, otras muchas carencias arrastradas a lo largo de los años tales como otras infraestructuras sanitarias -no solo camas hospitalarias-, otras educaciones regladas (conservatorios, escuelas de arte, formación profesional,…), déficits en infraestructuras de comunicación de todo tipo además de la falta de inversión pública industrial, mayor tasa de paro, impacto del exilio laboral sufrido por millones de andaluzas, menor renta bruta y renta disponible, etc.

Tratar de abarcar en toda su amplitud el enorme déficit al que hacemos referencia y que marca la desventajosa situación de partida de Andalucía en 1981 sería motivo para un extenso estudio imposible de abarcar en pocas líneas. Pero algún ejemplo ilustrativo sí cabe resaltar. Así, entre 1942 y 1977, el Instituto nacional de Industria (INI) realizó enormes inversiones públicas en tejido industrial que llevaron aparejada una fuerte inversión privada, de las que el 40% se realizaron en Asturias y Cataluña, mientras que solo el 4% se realizaron en Andalucía. Las inversiones industriales en Andalucía fueron además en muchos casos a modelos productivos muy contaminantes y generadores de menor valor añadido pero abastecedoras para los sistemas productivos instalados en otros territorios del estado. Nuestra democracia nunca entró a cuantificar y valorar este y otros déficits, pasando de perfil ante la enorme e histórica discriminación sufrida, permitiendo que las desigualdades impuestas, no solo se hayan casi perpetuado, sino que, además, sigan creciendo en función de las necesidades de los diferentes partidos estatales en el gobierno. Los gobiernos de la Junta han callado, o como mucho, han impostado una reivindicación suave para aparentar la defensa de los intereses y necesidades de las andaluzas a quien dicen representar. Negar la evidente la correlación existente entre la discriminación de Andalucía por parte del Estado y la menor renta de las andaluzas, su mayor precariedad laboral, nivel de paro y exilio laboral solo puede responder a necedad o intencionada manipulación.

En cuanto a la final cuantificación de la deuda histórica no solo se consintió un retraso de más de un cuarto de siglo en valorarla obviando aspectos de suma importancia referidos, sino que, además se realizó una valoración de los aspectos cuantificados en un 60% del valor real valorando finalmente la deuda en 1.200 millones de euros frente a los 2.000 millones de euros cuantificados por la Comisión. La necesidad política del PSOE de acabar con una deuda reivindicada desde hacía más de 30 años, pero al mismo tiempo la connivencia de ambos gobiernos socialistas -el del Estado y de la Junta- hacían necesario “vender” a las andaluzas la ilusión de que se había procedido a regularizar nuestro atraso. Para acabar de arreglar el descosido, la Junta aceptó la propuesta de recibir 800 millones de euros en propiedades y activos inmobiliarios -edificios y solares- cedidos por el Estado y que fueron valorados por encima del precio de mercado a la hora del traspaso, reduciendo aún más lo que en realidad Andalucía recibió como compensación. Finalmente, la deuda no solo se saldó en un 40% aproximadamente de su valor según algunos autores, sino que muchos de estos edificios y solares siguen sin ser vendidos o puestos en utilidad al día de hoy. Como consecuencia de esta merma que constituye en sí misma una discriminación para con las andaluzas, a día de hoy se siguen sufriendo las carencias en servicios públicos esenciales, especialmente en zonas rurales.

Ni siquiera se ha permitido que el obligado Fondo de Compensación Interterritorial haya servido para lo que era y es su función: la nivelación territorial eliminando desequilibrios. Y lo han impedido cambiando, al albur de los intereses del partido gobernante del momento, la cuantía de los fondos reducidos al su cuarta parte en 30 años, regulando el cálculo de la misma dejando fuera las inversiones reales de reposición de infraestructuras y modificando los parámetros de reparto y su correspondiente peso relativo.

No se ha hecho nada por parte del PP y PSOE cuando en Madrid han contado con mayorías suficientes como para arrollar con sus políticas, porque tenían en Andalucía su correspondiente granero de votos garantizado. Pero menos cuando en situaciones como la actual los mecanismos y juegos parlamentarios han implicado la negociación con múltiples actores. Lo que a priori parece recomendable en un sistema como el actual, no se utiliza para afrontar las inversiones más necesarias para el desarrollo equilibrado de los territorios y de los diferentes grupos sociales, ni la búsqueda de la equidad, justicia social ni eliminación de desigualdades. Se ha convertido en un triste e irresponsable juego de cartas, en un maquiavélico teatro que permita aparentar, sin molestar mucho a los poderes fácticos, concediendo prebendas a los coyunturales socios del momento. En un juego que permita vender a la ciudadanía eslóganes demagógicos que permitan poder seguir ocupando el poder que resulta ser el fin principal. La consecuencia es nefasta para aquellas que no quedan representadas y defendidas en los ámbitos de decisión. Las supuestas representantes andaluzas de partidos de ámbito estatal han de velar más por su interés de mantener su privilegiada posición ostentando obediencia ciega a las decisiones de sus respectivos partidos políticos, cuyas cúpulas entienden nuestros derechos y necesidades como un estorbo para sus fines. Si las andaluzas queremos salir de este círculo vicioso que nos condena a la discriminación, a la desigualdad -especialmente de las mujeres-, colectivos en situación de vulnerabilidad, exclusión o riesgo de exclusión social, no tenemos otro camino que apostar por representantes políticas con obediencia sólo a nuestros intereses, y no a sus respectivos partidos políticos en Madrid.

Tenemos estos días un ejemplo de cómo las inversiones públicas decididas por el gobierno central imponen un modelo muy diferente a Andalucía respecto a otras CCAA. Mientras que los PGE disponen invertir 124 millones de euros en la ampliación de El Cabril (basurero radiactivo que recibe residuos de casi mil centros generadores del Estado, la mitad de los cuales se sitúan en Madrid, Cataluña y País Vasco) en Baix Camp, Tarragona, hace 20 años se realizó una inversión pública de algo más de 100 millones de euros (con repercusión de casi 450 millones en su provincia) para desmontar instalaciones peligrosas, y con creación de más de 5.000 puestos de trabajo. En la citada comarca, con posterioridad, se planificó una inversión pública para crear un parque empresarial que ha generado la implantación de decenas de empresas, creación de muchos puestos de trabajo directos e indirectos, y la dinamización de la actividad económica. Entre tanto, en Córdoba se proponen ahora unas instalaciones militares que crearán, supuestamente, 1600 empleos (no todos civiles), y que no representa un modelo de actividad económica independiente, moderno, diverso ni dinámico. La localización de este centro logístico militar se convierte en una pelea de gallinero por las migajas que deja muy clara cuál es la realidad de nuestra representación en las Instituciones del Estado, y cómo intentan de este modo desviar la atención del verdadero crimen que se comete con las andaluzas, consecuencia directa de no tener voz propia sino solo voz de obediencia debida. Mientras tanto, no se procede a la descontaminación del suelo radiactivo de Almería, o de Andújar, o de Nerva y la posterior inversión en creación de dinamismo y tejido productivo adecuado. No solo es cuestión de cantidad de inversión pública, que también, sino de “calidad y cualidad” de la misma.

Si no somos capaces de cambiar esta realidad, la brecha Andaluza con las Comunidades Autónomas “ricas” seguirá incrementándose año a año, hasta un punto de no retorno, de imposible superación, del que no estamos lejos precisamente.

El modelo desigual y centralista del Estado ha sido replicado a lo largo de 40 años por parte de los gobiernos de la Junta entre las provincias y comarcas andaluzas. Los territorios de interior y alejados de la capitalidad de Sevilla son los que cuentan con mayores déficits de inversión pública en servicios e infraestructuras. La renta disponible en las capitales y grandes ciudades andaluzas es entre 1,4 y 1,7 veces superior a la de los municipios de menos de 5.000 habitantes, y entre un 10 y un 40 % superior a los municipios con menos de 100.000 habitantes. Esta acusada desigualdad entre comarcas y municipios andaluces, es especialmente acusada al comparar con Sevilla capital y algunos municipios de su área metropolitana, que en virtud del efecto de la enorme centralización de la administración de la Junta (incluida la denominada “paralela”) disfruta de una situación privilegiada respecto del resto de la Comunidad Autónoma.

La consecuencia es clara: una tierra rica en recursos naturales con una cultura e historia de las más antiguas y pioneras del mundo se resigna a la condena del exilio laboral, a la imposibilidad de conservar el valor añadido de su actividad y riqueza natural. Y no se puede justificar más que por el engaño consciente y reiterado de los mismos partidos que en nuestra historia democrática han ostentado el poder del Estado.  No cabe duda de que el modelo centralista, tanto de las políticas estatales como las de la Junta, es causa directa de la discriminación que sufrimos respecto del Estado, y de la que sufrimos las comarcas rurales (incluidas las llamadas agriciudades) respecto de los grandes núcleos de población. De ahí que 85 años después de su composición, el himno andaluz siga resonando como un grito necesario, como la expresión más pura de que está en nuestras manos esta poner fin a este devenir, y dar un giro radical -de raíz-: “¡Andaluces Levantaos!”.

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