En la anterior entrega del análisis que nos ocupa expusimos cómo un más que discutible sistema de cálculo de población ajustada, considera que Andalucía tiene un 5% menos de población que la real a la hora del reparto de fondos y transferencias procedentes del Estado. Analizábamos también el reparto de los dos primeros tramos de los fondos Covid, en el que se han utilizado variables de cálculo muy discutibles y nada equitativas, donde no se ponderaba, por ejemplo, el tiempo de hospitalización ni variables socioeconómicas que son también determinantes en salud, ni el impacto de la segunda y tercera olas Covid. Pese a eso e incluso sin modificar las variables de cálculo manejadas por el gobierno en dichos fondos, la ponderación realizada ha dado como resultado que Andalucía ha recibido 1,9 veces menos fondos que la media estatal, por cada afectado o afectada Covid, ya que el Decreto gubernamental contabiliza solo hasta 30 de abril y 31 de octubre de 2020 respectivamente.

La consecuencia de las variables asignadas para el reparto, así como de la forma de cálculo de las mismas y sus diferentes ponderaciones ha conllevado que, tras la tercera “ola” Andalucía principalmente y la Comunidad Valenciana, tengan un enorme déficit de financiación de los sobrecostes sanitarios derivados de esta pandemia. El reparto de los 9.000 millones de euros, que pagamos todos y todas (para pagar no se considera población ajustada sino la real), da como resultado que Andalucía ha dejado de recibir 363.16 millones de euros con los criterios aplicados por el Estado. Este déficit se incrementa hasta los 616.11 millones de euros si consideramos un reparto de los 9.000 millones sanitarios en función de la población real, y sería mucho mayor si se considerara un reparto con criterio de equidad que hubiera tenido en cuenta variables tales como la población en exclusión o riesgo de exclusión social u otras.

Sea como fuere, las Comunidades Autónomas “ricas” salen favorecidas con el reparto realizado, mientras que las “pobres” presentan déficits en el citado reparto. La Comunidad de Madrid y Cataluña son las más beneficiadas por los 9.000 millones del fondo sanitario.

Este déficit se debe en parte a considerar el reparto de fondos en función principalmente de los datos de la primera ola, dejando la segunda en menor consideración y obviando la tercera. Sin embargo la primera ola tuvo su máximo de contagios el 20/03/20, con 10.401 casos, mientras que la segunda presentó su máximo el 27/10/20 con 22.766 casos (más del doble de la primera) y la tercera el 15/01/21 con 34.232 casos (muy superior a las dos anteriores). Pero el déficit no solo se justifica con ello. También tiene su origen como venimos repitiendo insistentemente en las variables elegidas para realizar las transferencias a cada CCAA, su forma de cálculo, y las ponderaciones realizadas para cada una de ellas.

El déficit de financiación de unas CCAA se traduce inevitablemente en superávit en otras. Cabe por tanto preguntarse dónde van a parar los 616,11 millones de euros que Andalucía ha dejado de recibir en función de su población real, pero que las andaluzas vamos a pagar (más intereses), y donde no se tendrán en cuenta variables de equidad. Las principales beneficiadas son la C. de Madrid con 374.57 millones de los 616.11 de déficit andaluz, Cataluña 111.55 millones y ya a mayor distancia Castilla y León con 41.19 millones.

En la práctica cada Andaluza pagará -insistimos que sin contabilizar los intereses de la deuda- 72,79 euros a otras Comunidades Autónomas por el déficit resultante de la forma de reparto de los dos primeros tramos de los fondos Covid, los denominados “fondo sanitario”. Por Comunidades, cada persona andaluza va a pagar 44,25 euros a la Comunidad de Madrid, 13,18€ a Cataluña o 4,87 euros a Castilla y León.

Una y otra vez en estos análisis se demuestra que la obligada equidad no ha sido aplicada a la hora de decidir las políticas del Estado. Nada que no ocurra de forma reiterada en nuestra historia democrática con la connivencia de aquellos y aquellas que se sientan en el Congreso de los Diputados. Representantes de partidos estatales designados/as por las andaluzas que con proclamas demagógicas se presentan a las elecciones envolviéndose en la bandera blanquiverde para poder seguir engañando a sus representados y representadas: al Pueblo Andaluz.

El Tramo IV de los Fondos Covid transferidos a las CCAA y dotado con 5.000 millones de euros, se destina a compensar la reducción de ingresos vía impuestos de las diferentes CCAA. Los impuestos que se toman como índices para valorar dicha reducción son:

• Impuestos sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD).
• Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP).
• Impuestos sobre determinados medios de transporte.
• Impuestos especiales sobre el juego para los que se toma la media de lo ingresado por cada CCAA en 2017,2018 y 2019.

Al usar éstos y no otros impuestos como medida de reparto, se acaba beneficiando especialmente a las CCAA “ricas”, con mayor actividad económica, y se perjudica a las “pobres” en un nuevo alarde de caminar en el sentido opuesto al principio de equidad. Todos los análisis económicos apuntan a que una crisis económica, como la asociada a esta pandemia, afecta más fuertemente a quien parte de peor situación previa, pese a lo cual se elige un sistema de compensación de ingresos que mantiene el estatus territorial. De nuevo se eligen criterios o variables que nada tienen que ver con el objetivo citado en el diseño del fondo. De nuevo se obvian variables como el incremento del paro (que repercute directamente sobre el IVA por disminución de consumo, y que constituye uno de los impuestos que generan mayor ingreso en las CCAA). De nuevo las decisiones ligadas a necesidades partidistas se imponen a la justicia social, a la equidad, y agrandan aún más la brecha territorial existente. De nuevo Andalucía es el “pobre Sur”.

El reparto de estos 5.000 millones de euros se distribuye en dos partidas: una de 4.200 millones que se reparte en función de la media de ingresos por los impuestos antes expuestos en cada Comunidades Autónomas y el 40% en función de la población ajustada de las mismas, y 800 millones para medios de transporte públicos. De estos últimos, 392 millones (el 49%) son exclusivamente para el transporte en Madrid y Barcelona. Sería interesante saber por qué se considera que el 49% del ingreso del transporte en las ciudades y áreas metropolitanas en este país corresponde a Madrid y Barcelona. Los 408 millones restantes se reparten en función de los sistemas de transporte preexistentes en cada Comunidad (por carretera, ferrocarril, …). Esto implica que aquellas Comunidades Autónomas donde las inversiones en ferrocarril para la media distancia o corta distancia brilla por su ausencia (léase Andalucía) son castigadas en el reparto a tenor de la falta de inversión estatal de décadas anteriores y el sangrante abandono de las infraestructuras preexistentes. Más de lo mismo.

El resultado del reparto del tramo IV de los fondos Covid en función de la población real arroja los resultados esperados. Las beneficiadas, Cataluña y Comunidad de Madrid (en este tramo no se incluyen País Vasco y Navarra porque poseen un régimen foral). Las grandes perjudicadas, Andalucía (-127.65 millones de euros) y Galicia. ¿Acaso debe sorprendernos?

En resumen: De los 16.000 millones del Fondo Covid 14.000 millones corresponden a los tramos I y II -tramos sanitarios- y al tramo IV –pérdida de ingresos-. Teniendo en cuenta la población real y sumando el déficit de ingresos que el sistema de reparto genera a Andalucía en esos tramos, el resultado es que nuestra Comunidad pierde casi 750 millones de euros; o lo que es lo mismo, que las andaluzas pagaremos, además de los 825,6 millones que nos ha transferido el Estado, 750 millones más transferidos a otras Comunidades Autónomas a lo que habrá que sumar los correspondientes intereses.

Dado el peso poblacional de nuestra Comunidad y el número de diputados y diputadas que aportamos al Congreso, no cabe duda que seríamos determinantes a la hora de garantizar la estabilidad de los distintos gobiernos en Madrid, así como para la tramitación de los Presupuestos Generales y otras muchas leyes estatales de calado e importancia si nuestra representación no se doblegara sistemáticamente a las órdenes y necesidades de sus partidos centralistas. De ser así los parámetros de reparto habrían sido otros o, en su defecto, en este momento se estaría estudiando la forma de ampliar el citado fondo que permitiera, no ya la equidad sino, al menos, la igualación de forma que las Comunidades Autónomas menos desarrolladas, especialmente Andalucía, no subvencionen vía transferencias del Estado a otras Comunidades más favorecidas.

Pero Andalucía desgraciadamente no está ni se la espera en el Congreso. Para el cogobierno y los diferentes partidos políticos estatales no es una prioridad modificar esta enorme discriminación para con las andaluzas. Andalucía supone un problema cuando hay intentos de reclamar una voz propia porque se analiza nuevamente en clave nacional. Es decir, no se puede consentir que Andalucía plantee sus más que justos derechos de autonomía real, de equidad, de justicia y de cumplimiento de su Estatuto, en tanto en cuanto supone una gran dificultad en su estrategia de control de las Comunidades que plantean su segregación. En lugar de admitir la más que evidente crisis del modelo territorial que sufrimos y abordar la posibilidad de alcanzar consensos en torno a un nuevo diseño del mismo, utilizan a Andalucía como moneda de cambio porque es una salida fácil y cortoplacista proveer de recursos la que más protesta a costa de aquella a la que se pueda controlar. Nadie duda que si el sistema de reparto de fondos hubiera resultado perjudicial para la Comunidad de Madrid, Cataluña o País Vasco se habrían tomado rápidamente las medidas necesarias para solucionarlo.

Jamás los problemas de Andalucía podrán ser abordados desde la derecha de este país. Su visión neoliberal de la sociedad que concibe al Estado y a las distintas administraciones como una gran empresa necesita un modelo centralista que mejore los índices macroeconómicos. Jamás a lo largo de la historia un modelo neoliberal se ha propuesto como objetivo reducir la desigualdad. Solo han adoptado medidas a favor de las personas más desfavorecidas cuando, en términos globales, esto pueda suponer un beneficio tangible en la cuenta de resultados de las empresas. Toda persona tiene un precio y hay que pagar lo menos posible. Sin embargo la obtusa visión que proporciona el análisis centralista no es exclusivo de la derecha.

Mientras los y las andaluzas no seamos capaces de entender que los partidos políticos centralistas de toda índole no están por defender nuestros derechos, acabar con la brecha existente que se agranda año a año, ni anteponer el obligado principio de equidad territorial a sus necesidades nos veremos abocados a servir de estercolero de la actividad industrial del resto, a ser el patio de recreo de las Comunidades Autónomas ricas a cambio de trabajo precario, a observar como el valor añadido de nuestra actividad es acaparado por otros intereses ajenos y al exilio laboral. Jamás saldremos de esta situación mientras no impongamos que nuestros representantes en los centros de poder tengan solo obligación para con nosotras y nuestros intereses.

Para Madrid no es una obligación “arreglar el Sur” y sus problemas: aplicar políticas bajo el prisma de la equidad, reducir la brecha existente y acabar con la vergonzante discriminación que sufrimos. Sin embargo sí ha sido una prioridad “arreglar lo del Sur”: imponer estrategias (incluso posiblemente inconstitucionales, ya se verá) para eliminar voces discordantes con sus intereses políticos; eliminar escollos que les permitan seguir engañando y obteniendo su necesaria cuota de poder y dinero. La evidencia está ahí. La solución solo en nuestras manos.

El Análisis de Paradigma: “28F: Otros cuarenta años de falta de equidad” El análisis de Paradigma: “Arreglar el Sur y no arreglar lo del Sur (I)” El próximo domingo, segunda entrega de “Arreglar el Sur y no arreglar lo del Sur” The Paradigm Analysis: “The pandemic shows the territorial inequality in Andalusia”