Se han cumplido este 2019, que está a punto de terminar, 35 años de la aprobación de la Ley de Reforma Agraria de Andalucía. Una ley polémica en su momento, esperanza para cientos de miles de jornaleros y jornaleras andaluzas, así como de pequeños agricultores. Temor para los terratenientes que habían visto durante el franquismo como sus propiedades se ampliaban sin cortapisas. El viejo sueño del reparto, el grito centenario de “La tierra pa’ quien la trabaja”, que en buena parte había servido para conducir y canalizar las reivindicaciones de autogobierno andaluz se veía culminado en dicha ley.
Pero la realidad es que la Ley de Reforma Agraria, igual que toda la fuerza de las movilizaciones del 4 de diciembre, el referéndum del 28 de febrero y toda la lucha y movilizaciones pro-autonomía habían acabado en el punto donde quería el Partido-régimen que gobernó Andalucía durante 37 años, el PSOE, en un ejemplo de libro de gatopardismo: cambiar todo para que nada cambie.
La ley de Reforma Agraria no fue más que el cambio de nombre de una ley franquista ya existente: la “Ley de fincas manifiestamente mejorables”. El único cambio sustancial fue la transmisión de competencias desde el gobierno central al recien nacido gobierno autonómico, que pronto demostró su poca voluntad de aplicar esta ley. El mecanismo era simple: se expropiaba (compraba con dinero público) a terratenientes aquellas partes de sus latifundios menos productivos y por ende infrautlizados. Parte de ese pago se realizaba en la mejora de accesos e infraestructuras (caminos, riegos, almacenes, etc) en dichas propiedades, tanto en las que quedaban en manos del terrateniente como en las que pasaban a ser propiedad pública. La realidad fue que en la mayor parte de los casos se arreglaron las propiedades de los terratenientes y no aquellas tierras que pasaban a ser públicas. De igual manera, muchas de estas tierras públicas, que llegaron a ser más de 50.000 hectáreas, nunca se entregaron a ninguna cooperativa ni ayuntamiento para que cumplieran su función social.
Solo allí donde hubo una fuerza popular organizada se llegó a aplicar la ley hasta sus últimas consecuencias. Y solo allí donde hubo una coherencia política esta aplicación se hizo desde valores comunitarios y colectivos como es el caso de Marinaleda, donde trabajo, producción y manufactura se llevaban y llevan a cabo de esta manera. En otros sitios donde la fuerza popular llevó a conseguir tierra, la Junta de Andalucía (PSOE) inculcó en el proceso y en el movimiento jornalero el virus del pequeño terrateniente, repartiendo pequeños lotes de tierra a gentes que solo sabían recolectar y no cultivar ni llevar una explotación, llevándoles al endeudamiento, la asfixia económica y la venta de tierras que le habían sido entregadas, recayendo de nuevo en manos de terratenientes. Este es el caso de Jódar y la lucha de sus jornaleras y jornaleros por la finca el Chantre en los años 90.
Ya en 2010 con el movimiento jornalero en horas bajas y la poca confianza en la Ley de Reforma Agraria, el PSOE comenzó su liquidación: desmantelamiento del IARA (Instituo Andaluz de Reforma Agraria) y privatización de las 50.000 hectáreas que se habían hecho públicas a través de la ley. En un intento de frenar dicha privatización y ponerla en el debate público, el SAT ocupa la finca de Somonte antes de salir a subasta y cierto es que se paralizó la venta de sus 420 hectáreas, pero no se consiguió el efecto contagio para evitar la venta del resto de tierras públicas.
Bancos, fondos buitres y acaparamiento
El final de este proceso de liquidación de la Ley de Reforma Agraria vino cuando más falta hacía esa Ley: cuando se empezó a concentrar más la tierra en menos y peores manos. El inició de la crisis capitalista en 2007 trajo consigo la caída de las grandes empresas constructoras. Dichas empresas o bien con vistas a posibles recalificaciones, o bien por el hecho de diversificar inversiones invirtieron en tierras cultivables. Al quebrar estas empresas las tierras pasaron a manos de los bancos. Estos, al querer deshacerse de sus llamados “activos tóxicos” (bienes embargados de difícil venta), han acabado malvendiendo estas tierras a fondos de inversión de capital extranjero, fundamentalmente estadounidense.
Este fue el caso de la Rueda y Casa baja (en el término municipal de Úbeda), fincas ambas que estuvieron en manos de la empresa Fincas Corral y que cayeron en manos del BBVA que posteriormente fue vendida a otra empresa en 2014. Entre ambas juntaban cerca de medio millón de olivos. Y también fue y es el caso del Cerro Libertad (término municipal de Jaén). Esta finca de 7000 olivos fue embargada a su propietario por el BBVA en 2012. Desde entonces hasta 2017 cuando fue ocupada por el SAT estuvo en completo abandono. La finca hoy está en manos del fondo buitre Cerberus, dirigido en España por José María Aznar hijo. Un fondo que posee alrededor de 800.000 inmuebles en el Estado que podrían estár garantizando el derecho a la vivienda a más de 2 millones de personas. De igual manera, las tierras que poseen podrían estar garantizando el derecho al trabajo a miles de personas. En 2015, agentes de la propiedad inmobiliaria contabilizaron que más del 30% de la grandes fincas andaluzas estaba en manos de bancos, habría que actualizar esas cifras y ver cuantas de esas tierras están manos de fondos buitre.
Esto son solo dos casos, pero lo que se quiere mostrar es que, si hubiera habido voluntad política, estas dos fincas, con la Ley de Reforma Agraria en la mano, por tener más de 50H y llevar más de 2 años sin labrarse, hubieran podido pasar a ser públicas y cumplir una función social. El PSOE no solo no tenía voluntad de aplicarla, si no que caminaba en el sentido de la liquidación del marco legal que garantizaba la función social de la tierra que el pueblo andaluz se ganó a base de movilización y lucha en los 70 y 80.
“Uberización” del campo y olivar ultraintensivo, el principio del fin de nuestros pueblos
Si desde 2007 a 2017 vivimos el acaparamiento de la propiedad de la tierra por parte de fondos buitres y bancos, desde esa fecha en adelante estamos asistiendo al proceso de “uberización del campo”, término acuñado por un reciente e interesante estudio publicado por la COAG.
¿En que se resume este proceso? «Observamos un cambio de paradigma en el modelo productivo en el que los grandes inversores, en muchas ocasiones con capital ajeno al agrario que busca sólo rendimientos económicos(…) ganan terreno en detrimento de los agricultores y agricultoras tradicionales», tal y como describe el informe.
Eduardo Bayona, en un artículo para Público, pone como ejemplo de este proceso la uva de mesa en Murcia: “Tres empresas, Moyca Grapes, El Ciruelo y Frutas Esther, «acaparan alrededor del 85% de la uva de esta zona» con un sistema de producción que «se basa en que los agricultores asumen el riesgo productivo, mientras mantienen la propiedad de la tierra», a base de «contratos de compraventa de producto a largo plazo con las empresas integradoras», que les facilitan «asesoramiento técnico, insumos productivos y permisos para plantar y producir (previo pago del royalty correspondiente) las variedades de uva» de su propiedad. «Los precios que se pagan al agricultor cubren dichos altos costes de producción, pero con una rentabilidad supervisada y muy limitada», anota el estudio, que apunta cómo, salvo casos excepcionales, el agricultor solo puede vender la producción de las vides a la misma empresa que le vende las plantas. Si cambia de comprador, debe arrancarlas”.
Podrán llamarnos malpensados, pero un sector como el del olivar, donde avanza a pasos agigantados el modelo ultraintensivo de olivar en seto, está llamado a sufrir el mismo proceso que la uva de mesa murciana. Mientras un olivo tradicional puede llegar a ser un árbol milenario, un variedad de olivo transgénico en seto no vive más de 20 años y para vivirlos necesita la aplicación intensiva de agua y de una gama de productos en cada época del año (Syngenta es lider en estos productos). ¿Qué nos impide pensar que multinacionales forzarán (elegante, sutil y seductoramente) a los olivareros a arrancar sus olivos e imponerles el olivar en seto, con todos sus potingues a cambio de que le vendan toda la producción de aceituna al precio que ellos quieran? La catástrofe mediomabiental y humana que esto supondria para el medio rural andaluz sería irreversible si no se le pone remedio.
La pequeña victoria del Cerro Libertad y una Ley de Reforma Agraria 2.0.
La semana pasada se firmaba con el fondo buitre Cerberus un acuerdo para la recogida de la aceituna del Cerro Libertad. El año pasado ya se firmó con el BBVA un contrato idéntico, tras un año y medio de ocupación de la finca, un desalojo y una intensa lucha, permitiendo al SAT coger los 100.000 kilos de aceituna de sus 7000 olivos, dando más de 500 jornales a un total de 30 personas sin tener que darle nada al banco, todo para quien lo trabajó. Este año las cifras serán mucho menores, el no haber permitido cuidar los olivos durante un año tan seco como este van a hacer que la cosecha esté en torno a un 15-20% de la del año anterior.
Pero el ejemplo queda patente: luchando se consiguen cosas. Si un grupo de trabajadores y trabajadoras en paro, de una ciudad pequeña como Jaén hemos conseguido volcarle el pulso a un todo poderoso banco y a un más poderoso fondo buitre como Cerberus, ¿Qué no sería capaz de hacer un pueblo entero, vivo, despierto, unido y levantado?
En el contexto que hoy nos encotramos es más que necesario que las organizaciones agrarias, sindicales y políticas, pongan todos estos elementos en el centro de sus debates internos y públicos y sobre todo que lo transformen en acción política. Hace falta una nueva Ley de Reforma Agraria y esta solo nacerá de las entrañas del pueblo y se aplicará si el pueblo se lo propone. Hoy, 4 de diciembre es buen día para reflexionar sobre ello para tener claro que decir en 2019 “La tierra pa’ quien la trabaja”, es lo mismo que decir “¡Viva Andalucía Libre!”.
Autoría: Curro Moreno. Coportavoz SAT-Jaén. Historiador, trabajador en paro.
Fuente: Portal de Andalucía.
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