César Pérez Navarro.

Después de entrevistar a Mari Carmen, la Plataforma Stop Desahucios ha llamado a parar la nueva intentona de desalojo de su familia, que ocupa una vivienda vacía propiedad del Banco Santander (antes del Popular) y gestionada por el grupo inmobiliario Adisela. Mari Carmen y su familia ya ha sufrido varios intentos de desahucio en los últimos años, el más reciente, en noviembre de 2018, cuando la plataforma la entrevistó por vez primera. Esta familia sigue sin recibir apoyo por parte de ninguna administración a pesar de que en noviembre ya describía que el piso se encontraba muy deteriorado, y que el Banco Popular se había comprometido a arreglarlo, aunque nunca llegó a hacerlo, como tampoco lo hizo posteriormente Adisela.

«Mientras haya pisos de bancos vacíos, allí estaremos» 

En noviembre, ya explicaba que «no se sentía sola», pues contaba con «los compañeros de la plataforma, que son una gran familia que siempre está ahí para ayudarte todo lo que pueden». Ahora, Stop Desahucios ha difundido una nueva entrevista llamando a parar la nueva intentona de desahucio de la vivienda que ocupa en la calle Motril nº62 programada para el próximo martes 5 de febrero a las 9:00 horas de la mañana, sin que hasta el momento cuente con una alternativa para poder vivir bajo un techo.

La plataforma ha trasladado el caso a las distintas administraciones para que ofrezcan una vivienda de alquiler social asequible a la familia afectada. Asimismo, ha anunciado que pondrá en conocimiento del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU esta situación con el objetivo de que este organismo haga un llamamiento al Estado español para que paralice este desahucio por no contar los inquilinos con una alternativa habitacional.

España recuperó en 2018 el número de desahucios del inicio de la crisis

En 2018, España ha vuelto a los niveles de desahucios de diez años atrás, en 2008, al comienzo de la crisis financiera y sistémica. El año pasado acabó con cerca de 45.000 desahucios, es decir, unos 166 diarios en todo el país, según los datos que manejan colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Una situación que vulnera gravemente el derecho constitucional y derecho humano a una vivienda digna, y que recientemente llevó al Comité DESC (Comité de Derechos Económicos, sociales y culturales) de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, a tomar cartas en el asunto. El Comité se ocupa del cumplimiento por parte de los Estados del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1976 (PI-DESC), “incluso anterior a la Constitución”, y Stop Desahucios ya ha llevado la situación de Mari Carmen y su familia a este organismo. Gracias al Protocolo PF-PIDESC pueden resolverse procedimientos internacionales por vulneración de derechos. Fue suscrito por España en 2008 y está en vigor desde mayo de 2013. Según el artículo 5 de ese Protocolo, el Comité DESC puede adoptar la suspensión o “medida provisional” de una decisión estatal si con ello evita un daño grave e irreparable en alguno de los derechos denunciados. Dado que el derecho a la vivienda está recogido en el artículo 11 del PI-DESC como Derecho Humano, las víctimas de vulneraciones pueden solicitar la adopción de medidas cautelares, por las que el Comité remite a España una orden de suspensión del desalojo mientras no se provea al afectado de una alternativa habitacional digna. A pesar de esto, y hasta la fecha, un número pequeño de jueces ha acatado las notificaciones del Comité DESC.

«Doy las gracias, y todo aquel que pueda, el martes 5 de febrero, a las 9 de la mañana, que se acerque, que entre todos conseguiremos que haya menos desahucios y más viviendas para las personas, que es lo que hace falta», concluye Mari Carmen.

Foto: Calle Motril número 62. Google Maps.