En concreto, desde la organización ecologista, se alude a reiteradas sentencias de las Salas de lo Contencioso Administrativo de Sevilla y Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que establecen que el procedimiento ambiental aplicado por la Junta de Andalucía a los planes urbanísticos no se ajusta a la Directiva Europea 2001/42/CE que regula la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de planes y programas, ni a la ley estatal que la traspone.

Las sentencias más recientes ganadas por Ecologistas en Acción por aplicación incorrecta de la EAE son:

Sin embargo, en plena burbuja inmobiliaria, el gobierno de la Junta optó por anteponer los intereses especulativos, y la corrupción que generó, a la aplicación de normas estatales y europeas. La anulación del PGOU de Marbella por el Tribunal Supremo en octubre de 2015 fue el primer aviso a este urbanismo tramposo. La Junta se vio obligada a realizar un cambio legislativo, incluyendo en la Ley 3/2015 la obligación de someter los nuevos planes urbanísticos a la EAE. Pero de nuevo quiso hacer trampa, incluyendo una disposición que pretendía salvar los 450 planes que estaban en tramitación, dando por válido el anterior procedimiento ambiental defectuoso establecido en la LGICA, a pesar de que era manifiestamente contrario a la normativa europea y estatal, ya que no incluía la obligada EAE.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del PSOE, y más recientemente la de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible del PP, han seguido con la política de «sostenella y no enmendalla«. Las consecuencias son evidentes para Ecologistas en Acción, con continuos varapalos judiciales que ponen en cuestión toda la política urbanística de la Junta de Andalucía en estos últimos 13 años, y evidencia su desastrosa gestión de la prevención ambiental.

En septiembre de 2015 Ecologistas en Acción advirtió al entonces Consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, y a la Comisión Parlamentaria que tramitaba la Ley 3/2015, del desastre ambiental que se avecinaba, advertencia reiterada en otras muchas ocasiones en los siguientes meses y años, en todas y cada una de las alegaciones presentadas a las tramitaciones ambientales de planes urbanísticos. En todos los casos desoídas. El anterior Gobierno de la Junta del PSOE optó por una huida hacia adelante, primando la tramitación y aprobación de planes urbanísticos especulativos por encima de la legalidad y de la garantía de evaluación ambiental de los mismos. El resultado ha sido la anulación en cascada de todos esos planes aprobados sin haber sido sometidos a una auténtica Evaluación Ambiental Estratégica.

Por eso, la Junta de Andalucía ha optado por la mayor, derogar una parte de la Ley 3/2015. Una decisión acertada que viene a tumbar los artificios legales del PSOE para promover un urbanismo que eludiera someterse a una verdadera Evaluación Ambiental Estratégica, con todas sus consecuencias.

El nuevo Decreto-ley 31/2020 anula la Disposición Adicional Tercera de la Ley 3/2015 que permitió a los planes urbanísticos seguir incumpliendo la Ley estatal 21/2013 de Evaluación Ambiental y la Directiva 2001/42/CE en materia de EAE. Y también establece el nuevo Decreto-Ley que todos esos planes que actualmente sigan en tramitación, deberán reiniciarse desde el principio, y los que hayan obtenido la Declaración Ambiental Estratégica (DAE), se les denegará la aprobación definitiva, anulándose todas las DAEs aprobadas fraudulentamente.

Ecologistas en Acción considera que la medida, aunque tardía e insuficiente, es muy satisfactoria y, en todo caso, tienen aún otros recursos pendientes de sentencia, otros planes aprobados definitivamente susceptibles de ser recurridos y otros aspectos de la LGICA andaluza, no contemplados en el nuevo Decreto-Ley, que pueden ser lesivos para el medio ambiente -como la exclusión de ciertos planes de someterse a la EAE, el contenido insuficiente del estudio ambiental, etc-, por lo que el número de planes anulados podría incrementarse en el futuro.

Consideran que esta acertada medida de derogación de la legislación tramposa del PSOE debe suponer un compromiso de una Evaluación Ambiental Estratégica rigurosa de los planes urbanísticos, primando la rehabilitación y mejora de las ciudades existentes sobre la expansión urbanística injustificada; la promoción de una movilidad sostenible; la reducción del consumo de recursos naturales; la protección del paisaje, la economía circular; medidas contra el cambio climático; y el cierre de cualquier opción a la especulación urbanística, garantizando el derecho constitucional a una vivienda digna. Para conseguir estos objetivos, la Junta tiene que hacer una modificación sustancial del proyecto de Ley de Impulso a la Sostenibilidad Territorial de Andalucía (LISTA), que, de nuevo, prioriza el urbanismo especulativo sobre la sostenibilidad territorial y ambiental.